Jaime GUERRERO
OAXACA (#página3.mx).- El diputado local del Partido Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), César Mateos Benítez, denunció que en la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca (DDHPO) que, preside Elizabeth Lara Rodríguez, se ha establecido una “simulación jurídica”, con el que se violentan los derechos laborales de mujeres y hombres que trabajan en la institución.
En tanto, demandó a Lara Rodríguez, aclarar si el coordinador Jurídico del, René Hernández Reyes, funge como abogado de tres ex mandos policiacos detenidos y acusados de haber incurrido en diversos delitos, entre ellos homicidio, durante el desalojo del 19 de Junio de 2016 en Asunción Nochixtlán.
A traves de un punto de acuerdo, presentado durante la sesión de la diputación permanenete, recordó que hace unos días el Comité de Víctimas de Nochixtlán (Covic) acusó que Hernández Reyes es defensor particular de los ex mandos policiacos Carlos Guerrero Romero, Juan Peralta Alavés y Froylán Carlos Ruiz, quienes actualmente afrontan procesos judiciales por su partición en aquellos hechos.
Por ello, pidió exhortar a la titular de la DDHPO, explicar si su administración mantiene vínculos con Hernández Reyes, quien es el abogado de mandos policiacos que incurrieron en violaciones a los derechos humanos.
“Que explique si efectivamente el abogado de los agentes acusados está contratado por el organismo o tiene alguna función, además de que explique qué criterios se utilizaron para su inclusión en el equipo Institucional, su relación con los agentes y, en su caso, qué mecanismos se establecieron para no vulnerar los derechos de las víctimas de Nochixtlán”, pidió Mateos Benítez.
Por ello, solicitó a la titular de la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca, Elizabeth Lara Rodríguez, liquidar conforme a derecho a las y los trabajadores que denunciaron despido injustificado de la institución.
“Se trata de trabajadores de planta bajo la simulación jurídica de ser prestadores de servicios, con el fin de incumplir diversas obligaciones patronales por parte de la DDHPO. Inaceptable que en la defensoría de los derechos humanos violen los derechos de las y los trabajadores”, señaló.
Advirtió que despedir a los empleados sin acceso a la justicia es legitimar la “exclavitud” laboral.
Además, en el documento se informó que los obreros tenían entre 10 y siete años de antigüedad.
