Jaime GUERRERO
OAXACA (#pagina3.mx).- Los diputados federales del Partido de la Revolución Democrática Felipe Reyes Álvarez, Juan Fernando Rubio Quiroz y Natalia Karina Barón Ortiz, demandaron ampliar los derechos y fortalecer la participación de los pequeños y medianos productores, de la agricultura campesina, indígena y familiar, mediante la aplicación y toma de decisiones de las políticas públicas, programas y acciones para el desarrollo sustentable en el campo mexicano.
A través de una iniciativa de reforma a la Ley de Desarrollo Rural Sustentable, buscan dar centralidad y prioridad estratégica a ese sector de la sociedad rural, así como a las regiones del país que presentan un menor desarrollo.
De acuerdo a los legisladores oaxaqueños, es urgente descentralizar el ejercicio de los recursos de los programas presupuestarios y el fortalecimiento de los Consejos Municipales de Desarrollo Rural Sustentable, para que se conviertan, junto con los Distritos de Desarrollo, en la base territorial en donde inicie la planeación, gestión, información, seguimiento y aplicación de los incentivos del sector agropecuario, forestal y pesquero.
Barón Ortiz y Reyes Álvarez, proponen una distribución de los recursos públicos, que los ayuntamientos del país, a través de convenios necesarios, tengan posibilidades de ejercer recursos federales y estatales en el marco de la Ley y de los programas presupuestarios.
También que de los programas de aplicación federalizada para el campo, al menos el 70% se ejerzan en co-ejercicio con los gobiernos de las entidades federativas.
Con esta iniciativa buscan que se proteja y reduzcan los efectos del cambio climático, a través de valorar la importancia fundamental del papel de la pequeña producción agropecuaria, forestal y pesquera, para incrementar la producción y resolver el problema de los alimentos, sobre todo a nivel local.
Esa producción agropecuaria en México se compone por un sistema productivo, social y cultural que incluye a más de 3.5 millones de familias y productores organizados en ejidos, comunidades indígenas y de pequeños productores minifundistas, tienen en posesión más de 100 millones de hectáreas de vocación diversa, producen alrededor del 40% de la producción agropecuaria.
Y es que acuerdo con los estudios de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, genera el 57% de los empleos en el campo y el 80% de los bosques se encuentra justamente en ejidos y comunidades.
Sin embargo esa agricultura ha estado invisibilizada en las políticas e instrumentos de fomento del gobierno federal, en la idea de que es irrelevante cuando no un peso muerto de la economía nacional.
Barón Ortiz y Reyes Álvarez, indicaron que el objetivo es enfrentar y erradicar los problemas que padece el campo mexicano, ya que la necesidad de cambiar el rumbo en la política para el sector agropecuario es urgente.
