Jaime GUERRERO
OAXACA, (#página3.mx).- En las elecciones presidenciales del 2018, el Estado Mexicano tiene un reto en el ámbito electoral y en varios aspectos de la vida social, de darle vigencia al estado de Derecho; mientras que los partidos, candidatos y candidatos independientes, así como las instituciones electorales, privilegiar el debate político informado y más profundo.
Mientras que en los procesos electorales tiene que darse la catarsis desde la sociedad y se exija a partidos y candidatos fijar posiciones concretas de frente a los grandes temas que aquejan a las y los mexicanos.
Al advertir lo anterior, el Magistrado Presidente de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), Constancio Carrasco Daza, concedió que ha existido una lógica política en México, que después de cada proceso electoral federal, como en los últimos de cuatro procesos electorales del 2006 al 2016, se discute el perfeccionamiento del orden legal electoral.
“Se ha convertido en una práctica de las reglas electorales, después de cada proceso electoral. En cada proceso electoral, al final hay partidos políticos y candidatos que son electos en las urnas y hay a quienes no favorecen la expresión popular y ahí se da la discusión del perfeccionamiento”, apuntó.
Carrasco Daza destacó que posterior a las elecciones se cuestiona mucho, no solo la organización electoral, no solo el rompimiento por principio de partidos y candidatos, sino el funcionamiento del sistema.
No obstante, dijo que hoy se tiene resguardado en la Constitución, los principios constitucionales para los procesos y así llevar a buen puerto todos los comicios. En el artículo 41 y 134 constitucional establecen una exigencia de neutralidad política, que es uno de los grandes pendientes.
“Neutralidad política por parte de quienes ostentan el gobierno, el poder político para no involucrarse en las elecciones, como de poderes facticos. Esos mecanismos son fuertes y sólidos que trazan la neutralidad política. Desde la constitución existe la exigencia de garantizar la neutralidad, pese a las críticas”, recalcó el magistrado presidente de la Sala Superior del TEPJF.
Sin embargo, aclaró que los procesos electorales no son un problema del perfeccionamiento legal.
Para Carrasco Daza, el problema de los procesos electorales en México es en doble vía: el cumplimiento de todos los actores políticos en el proceso electoral, de las leyes que emanan para darle viabilidad a los principios; así como un problema de cultura de la legalidad.
Pese a ello, admitió que siempre son perfectibles las normas jurídicas.
Por lo pronto, advirtió que el Estado Mexicano tiene un reto en el ámbito electoral y en varios aspectos de la vida social, de darle vigencia al Estado de Derecho.
Por otro lado, se tiene que exigir a partidos, candidatos y candidatos independientes, así como a instituciones electorales, privilegiar el debate político informado.
“Que en los procesos electorales, se dé la catarsis, donde se exija desde la sociedad a partidos y candidatos fijar posiciones concretas de frente a los grandes temas que aquejan a mexicanos, seguridad pública, vivienda, libre desarrollo de la personalidad, diversidad sexual, economía, presupuesto, educación”, planteó.
Carrasco Daza recalcó que esos temas se tienen que discutir en las campañas políticas. Mientras que los debates tienen que ser más vehementes, más profundos.
Citó el caso de Estados Unidos, el cual dijo tiene un solidez en su modelo democrático. Destacó la media docena de debates que se organizan entre los precandidatos y posteriormente los debates entre candidatos de los partidos republicano y demócrata, con una larga y dinámica duración.
En el caso de México, dijo que si no debaten en las campañas, qué esperamos cuando los candidatos se convierten en gobierno.
