Texto: Gerardo Pineda Arciniega.
En un recinto llenado de personas, Alejandro Murat aseguró que Oaxaca permanecía entre los 10 estados más seguros de la República, un dato equivocado, según la misma Fiscalía de Estado. Mientras esto sucedía, afuera del muro que levantaron para resguardar el Tercer Informe de Gobierno, un grupo de familiares de desaparecidos exigía palabra con el Gobernador, por si con ello se pudiera reforzar la seguridad en el pueblo de Tlahuiltoltepec y encontrar vivos a César y a Heriberto.
«Señor Gobernador, le pido nos ayude a localizar a mi hijo César Altamirano G. desaparecido en Tlahuiltoltepec«, «En pueblos como Tlahuiltoltepec solicitamos módulos de policía municipal y estatal«, «Vivos los queremos, César Altamirano García, Heriberto Antonio Cruz Díaz», «Sr. Gobernador, solicitamos diálogo«, es lo que escriben cuatro oaxaqueños mientras son rechazados por el filtro de policías que resguarda el Tercer Informe del Gobernador.
A las víctimas, César Altamirano y Heriberto Antonio, se les vio por última vez el jueves 7 de noviembre al trasladarse a Santa María Tlahuiltoltepec Mixe, en donde se presume que acudieron a cobrar un dinero, informaron familiares.
La persona a quien cobrarían el dinero solicitó apoyo y los pobladores de su comunidad llegaron a ayudarlo, fue cuando no se supo nada más de Heriberto, de 37 años y César, de 42.
A pesar de que se ha iniciado la carpeta de investigación con número de expediente 355/DNOL/2019 con el ministerio público Adán Jairo García Bautista, no se ha sabido mucho del caso, ya que las autoridades no han dado respuesta alguna.
Los familiares que residen en la capital de Oaxaca explican que presuntamente las dos personas están detenidas o secuestradas en Tlahuiltoltepec Mixe. Incluso se ha dicho que fueron masacrados o linchados por personas de allí.
Por estos riesgos es que piden al Fiscal Rubén Vasconcelos Méndez, a José Bernardo Rodríguez (DDHPO) y a Adelfo Regino (INPI) alguna respuesta prudente.
Excusan las familias que tienen el derecho humano de ser juzgados por una autoridad competente y en el caso de que hayan sido asesinados su familiares que puedan recuperar los cadáveres para dar «cristiana sepultura«.
