El percance por el que murió ocurrió hace dos semanas, cuando Martha Estela Ramos se dirigía a una diligencia a la ciudad de Tampico, Tamaulipas.
La agente del Ministerio Público de la Federación, Martha Estela Ramos Castillo, quien encabezó la indagatoria que hoy mantiene en prisión al exgobernador de Veracruz Javier Duarte de Ochoa, pero quien luego fue denunciada por supuestos hechos irregulares en el mismo proceso, perdió la vida tras un accidente vehicular.
Fuentes con conocimiento del caso indicaron a Animal Político que el percance ocurrió hace dos semanas, cuando Ramos se dirigía a un asunto familiar a la ciudad de Tampico, Tamaulipas. La funcionaria sobrevivió, pero fue reportada en estado delicado, por lo que se decidió trasladarla a un centro hospitalario en Toluca, Estado de México.
Durante varios días estuvo convaleciente hasta que murió esta semana. Sus restos fueron cremados el miércoles. Personas cercanas a ella indicaron que además padecía problemas de hipertensión y había presentado síntomas de posible COVID, sin que llegara a confirmarse.
Animal Político solicitó a la Fiscalía General de la República (FGR) información oficial sobre las circunstancias del fallecimiento de la funcionaria, pero hasta el momento de esta publicación no se ha proporcionado información. De hecho, la FGR no ha hecho ninguna manifestación pública o de condolencia sobre la muerte de su fiscal.
Ramos Castillo, quien llevaba mas de una década de servicio en la institución, encabezó la integración de la carpeta de investigación por los delitos de delincuencia organizada y lavado de dinero en contra del exgobernador de Veracruz, Javier Duarte. Ello por el presunto desvío de recursos públicos a través de redes de prestanombres y empresas fantasma.
Dicha indagatoria es la que permitió detener, extraditar y procesar a Duarte. Aunque en la audiencia inicial del caso Ramos y el resto de los fiscales tuvieron complicaciones al presentar la imputación, finalmente lograron obtener la vinculación a proceso en contra del conocido político priista.
Luego de casi un año de proceso Ramos Castillo presentó la acusación formal ante un juez federal en la que pidió un condena de 25 año de prisión en contra de Duarte, de los cuales 15 eran por lavado de dinero y 10 por delincuencia organizada.
Sin embargo, de forma posterior a dicha acusación, la fiscal con aval de sus superiores entabló una negociación con Duarte y su equipo de defensa en la que se acordó que el exgobernador se declarara culpable y rechazara defenderse en juicio. A cambio, Duarte logro que se le retirara el delito de delincuencia organizada. Finalmente fue condenado a nueve años de prisión.
Esta es la única condena que hoy mantiene al exgobernador privado de su libertad en el Reclusorio Norte.
Unas semanas después de que se dictara dicha sentencia la organización civil TOJIL: Estrategia contra la Impunidad presentó una denuncia penal bajo el argumento de que la negociación que permitió a Duarte la sentencia reducida era improcedente y resultado de posible corrupción. Incluso, el propio exgobernador señalaría después que supuestamente fue extorsionado para aceptar este trato.
Tras la denuncia de TOJIL, la entonces PGR inició una carpeta de investigación a través de su Fiscalía de Asuntos internos identificando como probable responsable solo a la fiscal Ramos Castillo, situación que en su momento fue señalada como insuficiente por las abogadas denunciantes.
Hasta la fecha se desconoce el estado en que se encuentra dicha investigación. TOJIL intentó a través de una demanda de amparo que la FGR le reconociera la calidad de “víctima” y participar en la indagatoria, pero un juez desestimó ese reclamo.
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