Diana MANZO
Oaxaca, Oax.- Tuvieron que pasar dos años -aunque ya lo sabían- y tras una denuncia pública de la víctima, el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI) iniciará una investigación contra Francisco Regino Montes, funcionario y hermano del titular de la dependencia, acusado de hostigamiento laboral y acoso sexual.
“Se ha convocado al Comité de Ética y de Prevención de Conflictos de Intereses del Instituto, a fin de que, conforme a sus atribuciones, realice las investigaciones y tomen las decisiones que correspondan”, informó el INPI en un comunicado.
En el escrito señala que “ya toma acciones para investigar denuncia de violencia de género y ofreció su absoluta colaboración a las instancias competentes, para que se esclarezcan las denuncias presentadas por colectivos de mujeres y se deslinden responsabilidades”.
Y es que en conferencia de prensa y con pruebas en mano guardadas, como capturas de fotografía, la excolaboradora del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI), Adriana Hernández Vásquez, originaria de Ocotlán de Morelos, Oaxaca, denunció hostigamiento y acoso sexual y laboral por parte de Francisco Regino, hermano de Adelfo Regino, titular de esta institución federal.
Acompañada del equipo directivo de Consorcio Oaxaca, Yésica Sánchez Maya, de integrantes de la Colectiva Chicatanas, así como de la Red Nacional de Abogadas Indígenas (RAI), y de Aracely Cruz Jiménez, también víctima de violencia sexual, exigió la renuncia inmediata de este funcionario, quien dijo está siendo protegido por su hermano.
Adriana Hernández, quien también ha fungido como promotora comunitaria indígena, dio cuenta de la historia de acoso y hostigamiento sexual padecida directamente por Francisco Regino.
Señaló que desde enero del año 2021 comenzó a ser acosada por él (Francisco Regino) vía WhatsApp; sin embargo, la violencia fue escalando tanto en el plano personal como el institucional.
Detalló que en agosto del año 2021, Francisco Regino le pidió acudir a un departamento ubicado en la agencia Donají, supuestamente propiedad de su hermano Adelfo Regino, con la finalidad de: “aclarar su situación laboral”.
“Al llegar, me dice que tiene Covid y le reclamo el exponerme al contagio, él está solo en el lugar y me dice que no se me puede acercar pero que quiere que haga algo por él; me ofrece un consolador de plástico, lubricantes o algo así y me pide que los use mientras él observa, le dije que no y que necesitaba ayuda profesional”, relató.
Dijo que a raíz de su negativa, en el trabajo se le prohibió participar en actividades públicas, se le exigió a sus compañeros no compartir información de proyectos con ella y la reubicaron a una oficina donde sus actividades se limitaban a sacar copias y escanear documentos.
Al respecto, la lingüista Ayuuk Yasnaya Aguilar se solidarizó con Adriana e hizo una denuncia pública exigiendo al titular del INPI destituir a ese funcionario aunque sea su hermano.
La lingüista dijo que las instancias correspondientes deben poner un alto, porque “ya estamos hastiadas”.
“No pueden estar peleando por los derechos de los pueblos indígenas al mismo tiempo que exigen favores sexuales a sus compañeras de partido.
«No pueden llenarse la boca hablando de decolonialidad y de complementariedad entre géneros, cuando se la pasan violentando a mujeres indígenas, la violencia patriarcal es colonialismo compañeros, comiencen por descolonizar, urgentemente, su machismo de manual”, enfatizó.
Al igual, integrantes de la Red de Abogadas Indígenas a través de un comunicado lamentaron este acoso que vive Adriana y exigieron cuanto antes la destitución.
Por su parte, Aracely Cruz Jiménez, víctima de violencia sexual de parte de Donato Vargas -ex trabajador del INPI-, recriminó el lamentable papel de la diputada morenista Irma Juan Carlos, pues ignoró la denuncia de Adriana.
“Que utilice la bandera de mujeres indígenas cuando no está haciendo nada a favor de ella, no le corresponde, que nos deje ese papel a las que realmente estamos luchando”, concluyó.
