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Un juez federal de Estados Unidos bloqueó temporalmente el lunes una nueva orden del gobierno de Donald Trump que deniega la posibilidad de obtener asilo a las personas que entren ilegalmente al país.
El presidente Trump firmó este mes un decreto para rechazar automáticamente las solicitudes de asilo presentadas por personas que cruzaron ilegalmente la frontera con México.
El juez de distrito John Tigar, en San Francisco, emitió este fallo temporal contra el decreto, en respuesta a la demanda interpuesta por organizaciones de defensa de los derechos civiles.
La Unión Estadounidense de Libertades Civiles (ACLU) afirma que la ley estipula que cualquiera que entre al país, independientemente de si lo hace legal o ilegalmente, puede presentar una solicitud de asilo.
El decreto de Trump indica que solo aquellos que ingresen a Estados Unidos por pasos fronterizos oficiales -y no quienes se escabullan a través de la frontera- pueden hacer el pedido de asilo.
La orden ejecutiva se produjo en momentos en que una caravana con miles de migrantes, en su mayoría hondureños, avanza a través de México hacia Estados Unidos.
Unos 3.500 centroamericanos de la caravana ya arribaron a Tijuana, contigua a la estadounidense San Diego, y se espera que otros 3.000 lleguen a partir de este martes.
“Irreconciliable conflicto”
El juez Tigar indicó que la Ley de Inmigración y Nacionalidad (INA) de 1965 establece que cualquier extranjero que llegue a Estados Unidos, “sea o no a través de un puerto de ingreso”, puede pedir asilo.
El decreto “que prohíbe dar asilo a los inmigrantes que ingresen al país eludiendo un puerto de ingreso está en irreconciliable conflicto con la INA y la expresa intención del Congreso”, versa el fallo de Tigar.
“Cualquiera sea la amplitud de la autoridad presidencial, no puede reescribir las leyes de inmigración para imponer una condición que el Congreso prohibió en forma expresa”, agregó.
El bloqueo impuesto por el juez permanecerá vigente hasta que la corte decida sobre el caso.
El gobierno de Trump ha argumentado que tiene el poder exclusivo de frenar la inmigración en aras de la seguridad nacional, un poder que invocó justo después de ser investido en 2017 con una polémica prohibición de ingresar a Estados unidos a ciudadanos de varios países.
La última versión de esta orden fue ratificada por la Corte Suprema el pasado 26 de junio, después de una larga batalla legal.
Cuando el departamento de Seguridad Interior anunció la nueva política el 8 de noviembre, un alto funcionario del gobierno dijo que respondía al “abuso histórico inigualable de nuestro sistema de inmigración” en la frontera con México.
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