Los mecanismos de prevención, protección y reacción inmediata frente a amenazas contra periodistas se han convertido en uno de los principales ejes del diálogo entre el gremio y el Gobierno de Oaxaca, sin embargo, los comunicadores han lanzado una advertencia clara: ninguna mesa de trabajo desplazará la exigencia de justicia por el caso Leyva y otros crímenes contra colegas.
Justicia por caso Leyva sigue como exigencia central: Periodistas de Oaxaca
La crisis de seguridad periodística en Oaxaca
El asesinato de Alejandro Leyva
El artero crimen contra el periodista Francisco Alejandro Leyva Aguilar detonó una ola de protestas, incluyendo movilizaciones durante la reciente Calenda de las Culturas, exhibiendo la falta de garantías para ejercer la libertad de expresión en el estado.
Un diálogo condicionado a la justicia
El gremio aceptó sentarse en mesas de trabajo con el gobierno estatal, pero bajo la consigna inquebrantable de que redactar nuevas leyes no debe sustituir la obligación inmediata de detener y procesar a los asesinos de periodistas.
Los mecanismos de prevención, protección y reacción inmediata frente a amenazas contra periodistas se han convertido en uno de los principales ejes del diálogo entre el gremio y el Gobierno de Oaxaca, sin embargo, los comunicadores han lanzado una advertencia clara: ninguna mesa de trabajo desplazará la exigencia de justicia por el asesinato de Francisco Alejandro Leyva Aguilar y otros crímenes contra colegas.
Durante las reuniones institucionales, la mayoría de los y las periodistas han fijado una postura irreductible: el esclarecimiento del caso Leyva continúa siendo la demanda prioritaria y no sujeta a negociación.
La burocracia no puede frenar la protección
El consenso del gremio es que el diálogo institucional debe avanzar de manera paralela a las investigaciones y jamás sustituir la obligación del Estado de llevar a los responsables ante la justicia.
Entre los planteamientos más duros destaca que los mecanismos de prevención y reacción no pueden esperar a que se apruebe una reforma legal. La exigencia es activar, hoy mismo, protocolos de atención, rutas de respuesta y medidas de protección tangibles frente a las amenazas de cualquier índole que recibe la prensa a diario.
“No debe tolerarse una agresión más contra quienes ejercen la libertad de expresión. Por ello, las acciones de prevención deben implementarse de manera inmediata y no quedar sujetas únicamente a futuras modificaciones normativas”, señala el documento rector que guía las conversaciones entre el gremio y las autoridades.
Hacia un Sistema Estatal de Garantías
Otro de los temas que ha cobrado fuerza es que Oaxaca requiere ir más allá de «una nueva ley» decorativa. La propuesta del gremio es construir un verdadero Sistema Estatal de Garantías para la Libertad de Expresión y el Ejercicio Periodístico.
El planteamiento establece que su diseño debe surgir obligatoriamente de las propuestas del propio gremio y contar con candados operativos que impidan cualquier uso político o clientelar por parte de las autoridades en turno. Las y los periodistas insistieron en que este proceso no admite exclusiones y debe incluir las voces de reporteros independientes, comunitarios, indígenas, digitales y de las ocho regiones del estado.
Asesinato de Francisco Alejandro Leyva Aguilar, que reactiva la alerta máxima sobre el peligro letal de ejercer el periodismo en Oaxaca.
Movilización de periodistas durante la Calenda de las Culturas, exponiendo a nivel nacional la impunidad y la falta de garantías en el estado.
El gremio se sienta con el gobierno para trazar rutas de prevención inmediata, advirtiendo que ninguna plática sustituye la captura de los asesinos.
Ley vs. Protocolo de Reacción Inmediata
Una Ley de Protección es un marco jurídico (aprobado por legisladores) que puede tardar meses o años en redactarse y votarse. Un Protocolo de Reacción Inmediata es un acuerdo operativo (del Ejecutivo y Seguridad Pública) que se puede activar en 24 horas. Los periodistas en Oaxaca exigen que no se use la creación de «la nueva ley» como excusa para retrasar la instalación de una línea directa de emergencia, asignación de escoltas o refugios seguros para comunicadores amenazados hoy.
Rendición de cuentas al Ejecutivo y FGEO
Al Gobierno del Estado y la Fiscalía General: Si existe voluntad política real en las mesas de diálogo, ¿por qué los periodistas de las regiones siguen reportando que cuando acuden a denunciar una amenaza de caciques locales o crimen organizado, el Ministerio Público los ignora o minimiza su labor? ¿Para cuándo las órdenes de aprehensión de los asesinos materiales e intelectuales de Leyva?
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