La purga política ordenada en la administración pública venezolana por el presidente Nicolás Maduro viola los más elementales principios democráticos, además de la propia Constitución y legislación venezolanas.
La medida afecta a unas 19.000 personas, un tercio de todos los puestos directivos de la administración venezolana.
Aunque los puestos afectados son de libre designación, la medida podría incluso violar un decreto-ley firmado por el propio Maduro sobre “inmovilidad laboral” al introducir una motivación anticonstitucional como es la discriminación ideológica.
Maduro está recurriendo a todo tipo de artimañas para retrasar la celebración del referéndum.
Si este se celebra después del próximo 10 de enero y el mandatario pierde, no será necesario convocar nuevas elecciones y Maduro sería sustituido por su vicepresidente.
Fuente: http://elpais.com/elpais/2016/08/23/opinion/1471972764_933745.html
