Más de 40 trabajadores exigen renuncia del rector de la Universidad Autónoma Comunal de Oaxaca
Docentes y trabajadores de centros comunitarios de la UACO acusan a Rigoberto Vásquez García de provocar conflictos comunitarios, ejercer violencia laboral, discriminación y emprender un despido masivo con actos de hostigamiento.
Por crear conflictos comunitarios derivados de decisiones unilaterales, así como por ejercer presunta violencia laboral y discriminación, más de 40 maestras y maestros despedidos y presionados públicamente de la Universidad Autónoma Comunal de Oaxaca exigieron la salida urgente e inmediata del rector Rigoberto Vásquez García.
Quienes firman el pronunciamiento son integrantes de la Comunidad Universitaria Comunal del Centro de Santa María Colotepec de la UACO, en coordinación con las Unidades de Aprendizaje Comunal de Candelaria Loxicha, San Agustín Loxicha, San Miguel Panixtlahuaca y San Jerónimo.
En el documento condenaron recientes actos de hostigamiento, persecución, división, discriminación, exclusión y confrontación dirigidos hacia pueblos de la Sierra Sur y de la Costa de Oaxaca.
Las y los maestros despedidos y señalados pertenecen al Centro Universitario Comunal y a sus unidades de aprendizaje de Santa María Colotepec. De acuerdo con su denuncia, las decisiones del rector han vulnerado las relaciones comunitarias y generado conflictos entre habitantes y pueblos.
“Estas acciones, perpetradas de manera directa por el rector en funciones de nuestra casa de estudios, Rigoberto Vásquez García, constituyen una flagrante violación al derecho humano fundamental a la educación y contradicen profundamente los principios que dieron origen a esta institución. Es imperativo visibilizar que las comunidades universitarias de estas regiones hemos sido sometidas a una violencia estructural y sistemática durante los últimos cinco años”, señalaron.
Las y los inconformes acusaron que el actuar del rector y de su equipo, integrado por Beatriz González Pedro, coordinadora administrativa; Ana Cristina Camacho Benítez, coordinadora académica; y Sebastián Espina Martínez, secretario general, ha coaccionado y legitimado espacios de simulación política.
Agregaron que estas prácticas no solo han afectado a estudiantes y docentes, sino que han alcanzado de manera recurrente a las autoridades comunitarias.
Acusan persecución contra fundadores del proyecto comunal
“Hemos sido testigos de cómo estos mecanismos de control y agresión se reproducen de manera violenta contra las compañeras y compañeros iniciadores y fundadores del proyecto universitario comunal, quienes de manera digna se han atrevido a alzar la voz en defensa de la educación”, denunciaron.
También señalaron que proyectos hermanos en otras Unidades de Aprendizaje Comunal, como los de la región del Papaloapan y San Miguel Panixtlahuaca, han sido “sistemáticamente ahogados y silenciados” mediante el escalamiento de prácticas autoritarias.
De acuerdo con el pronunciamiento, la violencia alcanzó un punto crítico el pasado 26 de mayo de 2026, en la comunidad de Juan Diego, perteneciente a Santa María Colotepec, Pochutla.
Ese día, señalaron, autoridades universitarias ejecutaron acciones de carácter faccioso, arbitrario y colonial que violentaron la vida interna de la comunidad universitaria y de los pueblos originarios que han sostenido el proyecto con aporte comunitario, tequio y trabajo cotidiano.
Los puntos centrales de la denuncia
- Exigen la renuncia urgente e inmediata del rector Rigoberto Vásquez García.
- Acusan violencia laboral, discriminación, hostigamiento y persecución política.
- Señalan un despido masivo y público de más de 40 trabajadoras y trabajadores.
- Responsabilizan al equipo rectoral de generar división y conflictos comunitarios.
- Advierten afectaciones a estudiantes, docentes, autoridades comunitarias y pueblos originarios.
- Piden intervención de instancias de gobierno, organizaciones sociales, sindicatos e instituciones de educación superior.
La comunidad universitaria de Santa María Colotepec integra al menos 300 estudiantes, de los cuales la mayoría son mujeres indígenas, y representa a nivel estatal el 30 por ciento del total de la matrícula de la UACO, de acuerdo con las y los firmantes.
Molestas y molestos, reconocieron que las presuntas violaciones sistemáticas perpetradas por la administración de la UACO han ocasionado daños profundos que rebasan lo económico, afectando gravemente la seguridad, la honra y el tejido comunitario.
“No podemos tolerar que quienes apenas asumieron un cargo de poder, o que apenas entraron, que no conocen los procesos de quienes hemos servido a la UACO desde su fundación, ejerzan violencia. No lo vamos a tolerar ni permitir”, dijeron.
Asimismo, responsabilizaron directamente al rector de cualquier acto posterior de violencia, hostigamiento o persecución política que se emprenda en contra de las y los firmantes del pronunciamiento.
“No nos vamos a permitir que destruyan el tejido social de nuestros pueblos. Vamos a defender esa lucha que iniciamos con firmeza dentro de los marcos normativos e internos que rigen a nuestra universidad para salvaguardar la integridad de las juventudes y de nuestras comunidades”, recalcaron.
Finalmente, hicieron un llamado urgente a instancias superiores de gobierno, organizaciones sociales y sindicales, así como a instituciones de educación superior locales, nacionales e internacionales, para que intervengan ante la gravedad de la situación actual.
También solicitaron que se mantengan como observadoras permanentes del actuar de las autoridades de la UACO dentro de los territorios indígenas, con el fin de recuperar la paz y la seguridad comunitaria.
Análisis
La crisis en la UACO toca una fibra especialmente sensible: una universidad creada bajo principios comunitarios enfrenta acusaciones de reproducir prácticas verticales, autoritarias y excluyentes dentro de comunidades indígenas.
La gravedad del conflicto no se limita al despido de más de 40 trabajadores. El señalamiento central es que la rectoría habría trasladado disputas administrativas al terreno comunitario, afectando relaciones entre pueblos, autoridades locales, estudiantes y docentes.
En una institución de carácter comunal, el daño político más profundo no es solo laboral, sino territorial. Si las decisiones universitarias fracturan el tejido comunitario que sostiene el proyecto, la UACO corre el riesgo de contradecir su propio origen.
El abogado del diablo
La rectoría podría argumentar que los cambios administrativos, despidos o reestructuraciones forman parte de sus facultades de gobierno universitario y que no toda inconformidad laboral equivale a persecución política o discriminación.
Sin embargo, ese argumento requiere transparencia: criterios de evaluación, procedimientos seguidos, actas, fundamentos normativos y garantías de audiencia para las personas señaladas o despedidas.
Si las decisiones se tomaron de forma unilateral, pública y sin respeto a los procesos internos, la autoridad universitaria no solo enfrentaría un conflicto laboral, sino una crisis de legitimidad frente a las comunidades que dieron sustento al proyecto.
Preguntas abiertas
- ¿Qué procedimiento formal siguió la rectoría para despedir o separar a más de 40 trabajadores?
- ¿Se garantizó derecho de audiencia a las personas afectadas?
- ¿Qué papel tuvieron las autoridades comunitarias en las decisiones tomadas el 26 de mayo en Juan Diego, Santa María Colotepec?
- ¿Existe una investigación interna sobre las denuncias de hostigamiento, discriminación y violencia laboral?
- ¿Qué instancias externas pueden intervenir para proteger la continuidad educativa de las y los estudiantes?
- ¿La rectoría hará pública su versión y los documentos que sustenten sus decisiones?
