Madrid. El próximo viernes, después de una semana recluido en la prisión de alta seguridad de Soto del Real, el ex dirigente nacional de PRI y ex gobernador de Coahuila, Humberto Moreira, será traslado en un furgón de la Guardia Civil a las dependencias de la Audiencia Nacional. Llegará esposado y custodiado por varios agentes policiales para prestar declaración, por primera vez desde su detención el pasado viernes, ante el juez instructor de la causa en su contra, Santiago Pedraz, quien le investiga por al menos cuatro delitos: blanqueo de capitales, malversación de caudales públicos, cohecho y organización criminal.
Moreira, quien fuera gobernador de Coahuila hasta el año 2011 y salpicado por numerosos casos de corrupción y malversación de dinero público durante su gestión, vivió durante el año 2013 en Barcelona, donde fijó su residencia tras el asesinato a manos de Los Zetas de su hijo, José Eduardo Moreira.
Durante ese tiempo, el dirigente del PRI envió en varias transferencias y en un plazo de menos de diez meses alrededor de 200 mil euros, para lo que elaboró un sistema financiero en el que trianguló sus operaciones entre Estados Unidos, México y España. Ése es el origen de la investigación en su contra, iniciada además por un juez de Texas que cuenta con el testimonio de quien fuera uno de sus “prestanombres”, Rolando González Treviño, quien se declaró culpable, pactó con la justicia estadunidense y ahora acusa a Moreira de numerosos actos de corrupción.
El dinero, según los voceros de Moreira que hablaron en los últimos días, procede de las actividades de sus propias empresas y que se dedican a la asesoría política y de comunicación.
El ex gobernador de Coahuila permanecerá recluido en la cárcel más segura de España al menos hasta el próximo viernes, que será cuando el juez decidida si mantiene la prisión incondicional o si, en función de su testimonio y de las alegaciones presentada por la defensa, decide finalmente fijar una fianza para que alcance la libertad condicional al menos durante el tiempo que dure su juicio, en el que se le prohibiría salir del país y se le obligaría a acudir a una comisaría periódicamente.
También habrá que esperar si desde Estados Unidos llega alguna petición de extradición por las causas abiertas en su contra en Texas, lo que dificultaría su situación penal en España.
