Morena denuncia compra de votos con códigos QR en Coahuila; PRI rechaza acusaciones
La dirigencia morenista acusa un sistema de verificación del sufragio y pagos de al menos 500 pesos, además de más de 200 detenciones y retenciones presuntamente irregulares. El gobierno estatal y el PRI aseguran que la jornada fue pacífica y limpia.
La dirigente nacional de Morena, Ariadna Montiel, acusó al PRI de operar un presunto esquema de compra y coacción del sufragio durante la elección para renovar el Congreso de Coahuila, mediante códigos QR, fotografías de boletas y pagos en efectivo de al menos 500 pesos.
En una conferencia de prensa celebrada en Saltillo al cierre de la jornada, Montiel presentó videos, imágenes y capturas de pantalla que, según sostuvo, documentan el operativo.
Las grabaciones muestran a personas en domicilios particulares con listas, códigos QR y sobres con dinero. Las acusaciones y materiales deberán ser analizados por las autoridades electorales y, en su caso, ministeriales.
“El PRI no sabe hacer las cosas de otra manera”, declaró la dirigente morenista.
Infografía: así habría operado el sistema QR
Reconstrucción basada exclusivamente en la denuncia presentada por Morena. El mecanismo no ha sido acreditado por una resolución electoral.
Asignación
Un operador habría entregado a cada ciudadano un código QR individual.
Comprobación
El votante fotografiaría el código junto a la boleta marcada a favor del PRI.
Registro
La imagen serviría para registrar y validar el cumplimiento del sufragio comprometido.
Pago
La validación presuntamente habilitaría la entrega posterior de al menos 500 pesos.
Morena afirma tener la base de datos
De acuerdo con Montiel, el mecanismo funcionaba mediante códigos distribuidos individualmente entre ciudadanos, quienes debían fotografiar el identificador junto a su boleta marcada a favor del partido tricolor.
El sistema registraría la participación y habilitaría el pago posterior en efectivo.
Morena aseguró contar con la base de datos completa del presunto sistema, obtenida, según la dirigente, mediante integrantes inconformes del propio PRI.
La dirigencia anunció que presentó denuncias ante el Instituto Electoral de Coahuila y que llevará el caso al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.
La ruta de las denuncias
Recibirá las denuncias y pruebas relacionadas con la jornada local.
Morena anunció que llevará el caso ante la justicia electoral federal.
Se solicitará investigar aplicaciones, servidores y bases de datos.
Buscarán revisar fiscalización y posible origen ilícito de recursos.
El diputado federal Guillermo Santiago, representante de Morena ante el Consejo General del INE, informó que solicitarán a la Policía Cibernética investigar los servidores, aplicaciones y bases de datos presuntamente empleados.
También presentarán una queja ante la Unidad Técnica de Fiscalización del INE y pedirán a la Unidad de Inteligencia Financiera rastrear el origen de los recursos y, en su caso, congelar cuentas relacionadas con financiamiento ilícito.
Más de 200 detenciones denunciadas
Montiel acusó además que, entre el jueves previo a la jornada y el cierre de las casillas, se registraron más de 200 detenciones y retenciones presuntamente irregulares de militantes de Morena y del Partido del Trabajo a manos de corporaciones policiales estatales.
Explicó que decidieron revelar la magnitud de las detenciones hasta el cierre de las urnas “por responsabilidad política”, para evitar desincentivar la participación ciudadana o generar pánico entre los votantes.
Entre los incidentes más graves, citó el despliegue de alrededor de 20 patrullas que habrían rodeado e intimidado a dos diputadas federales de Morena durante la noche previa a la jornada electoral en Torreón.
En Frontera, militantes fueron detenidos después de localizar un inmueble que presuntamente funcionaba como centro de pago de votos. En ese operativo, ciudadanos y legisladores presentaron ante la Fiscalía General de la República a una persona que supuestamente portaba listas y dinero en efectivo.
La dirigencia señaló directamente a Hugo Eduardo Gutiérrez Rodríguez, secretario de Seguridad Pública estatal, como responsable de los operativos. El señalamiento corresponde a la versión de Morena y no constituye por sí mismo una determinación de responsabilidad.
Dos relatos opuestos de la jornada
Compra de voto y persecución
Denuncia códigos QR, pagos en efectivo, centros de operación y uso de policías para detener o intimidar opositores.
Elección pacífica y legal
Atribuyen las detenciones a alteraciones del orden y califican las denuncias como una reacción ante la derrota electoral.
El senador Luis Fernando Salazar corroboró que legisladores federales de Morena fueron hostigados y retenidos brevemente por la Policía Estatal en Torreón y Monclova desde la víspera de los comicios.
Ricardo Monreal, presidente de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados, calificó los hechos denunciados como privaciones ilegales de la libertad orientadas a alterar el proceso democrático.
El gobernador priista Manolo Jiménez Salinas rechazó las acusaciones. Calificó la jornada como “tranquila, en paz” y atribuyó los incidentes a alteraciones del orden público, acoso o intimidación por parte de militantes opositores.
“Esta es una tierra de ley, aquí respetamos las instituciones, es el estado más seguro del país”, sostuvo.
El dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas, celebró los resultados preliminares y declaró “carro completo” en los 16 distritos de mayoría relativa.
El secretario de Operación Política del PRI en Coahuila, Diego Rodríguez Canales, descartó la validez de las denuncias y afirmó que Morena actuó “con desesperación al ver perdida la elección”.
Hecho verificable
Morena anunció denuncias y presentó materiales que atribuye a un sistema de compra de votos.
En investigación
La autenticidad, alcance y operación de los códigos QR, bases de datos y pagos en efectivo.
No acreditado
La responsabilidad del PRI, del gobierno estatal o de funcionarios específicos requiere resolución de autoridad.
Análisis: tecnología aplicada a una vieja práctica
La denuncia describe una posible modernización de la compra de votos. El código QR no sustituiría la coacción tradicional, sino que ofrecería una herramienta para identificar al votante, verificar el cumplimiento y organizar el pago.
El reto probatorio será demostrar que la plataforma existió, que fue operada con fines electorales, que los códigos estaban vinculados a personas reales y que los recursos procedían de una estructura partidista o gubernamental.
Las más de 200 detenciones denunciadas abren otro frente. Si se acredita que las corporaciones estatales actuaron selectivamente contra opositores, el caso podría involucrar uso indebido de la fuerza pública para alterar condiciones de competencia electoral.
Pero la gravedad de las acusaciones exige pruebas igualmente sólidas. Videos aislados, listas o sobres no bastan por sí solos para anular una elección: deben vincularse con operadores, recursos, votantes, candidatos y resultados concretos.
El abogado del diablo
Morena puede tener elementos suficientes para iniciar una investigación, pero presentar acusaciones después de una derrota contundente permite al PRI argumentar que se trata de una estrategia para desacreditar un resultado adverso.
El PRI, por su parte, no puede limitarse a invocar una jornada pacífica. Si existen bases de datos, códigos, dinero y detenciones documentadas, debe facilitar una investigación independiente que descarte o confirme responsabilidades.
La clave será la trazabilidad: quién creó el sistema, quién financió los pagos, quién distribuyó los códigos y qué relación tenían esas personas con partidos, candidaturas o autoridades.
