Jaime GUERRERO
OAXACA (pagina3.mx).- El Secretario de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la LXIII Legislatura, Sergio López Sánchez, dijo que es urgente dotar de las herramientas constitucionales y legales a los municipios para acudir a la Suprema Corte de Justicia de la Nación a buscar la regularidad jurídica y la garantía de su autonomía fiscal en el marco de la Ley de Coordinación Fiscal.
De acuerdo al diputado federal, lamentó que el municipio en México adolece por ser un elemento reducido en el contexto histórico, constitucional y legal.
Señaló que la debilidad institucional del municipio se enmarca en un sistema federal con tendencias centralizadoras que ha dado al traste con el pleno desarrollo de este nivel de gobierno, “lo que nos sitúa como una nación donde la brecha de desigualdad es alarmante”.
Pese a que muchos esfuerzos se han visto traducidos en un número significativo de modificaciones normativas de diversa índole, dijo que la realidad que vive el municipio mexicano en muchas de las entidades federativas de México, dista mucho de los objetivos fundamentales de los reformadores.
López Sánchez, dijo que es fundamental dotar al municipio de medios jurisdiccionales para que tutelen sus atributos, facultades y derechos en materia de coordinación fiscal.
“La autonomía fiscal municipal suscribe su relevancia ya que conforma el sustento de otros aspectos de la autonomía municipal, como la política y administrativa. El fortalecimiento de la facultad fiscal de los municipios se justifica mediante dos razones principales: la que tiene que ver con el orden político, en términos de su descentralización territorial; y la relativa al orden administrativo que se traduce en la eficacia de la gestión”, explicó.
A su juicio, es clara la responsabilidad de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en resolver las controversias entre los municipios y los demás órdenes de gobierno mediante la Controversia Constitucional, convirtiéndose en una especie de tribunal constitucional.
Indicó que la tutela jurídica de ese instrumento procesal es la protección en el ámbito de atribuciones que la Constitución prevé para los órganos originarios del Estado, es decir, aquellos que emanan del sistema federal y del principio de división de poderes, como lo es, el municipio que encuentra su pleno reconocimiento desde el punto de vista constitucional, económico y jurídico en el federalismo mexicano.
Frente a ello, dijo que es necesario dotar de instrumentos legales a los municipios para que puedan acudir a la Suprema Corte de Justicia de la Nación a buscar la regularidad jurídica y la garantía de su autonomía fiscal en el marco de la Ley de Coordinación Fiscal.
