Karime CRUZ
OAXACA, (#página.mx).- Oaxaca registra un alto índice de violencia contra las mujeres por la trata de blancas, y violencia sexual física y económica, por lo que el gobierno debe activar la Alerta de Género en la entidad, indicó la feminista y escritora Patricia Olamendi Torres.
La violencia contra las mujeres no debe tener signos políticos y la Secretaría de Gobernación (Segob) está utilizando la alerta de género con signos políticos, las causas que motivan al gobierno para no aplicarla son políticas, aseveró categórica y llamó al gobierno estatal a gestarla.
En entrevista al término de la presentación de su libro “Feminicidio en México”, Olamendi consideró que el que la alerta tenga que decretarla la Secretaría de Gobernación es cuestionable, deberían ser las leyes locales las que determinen si entra o no.
Insistió en que el problema es que la alerta se ha politizado y se ve como si fuera una sanción a los gobiernos, como una disputa política.
“Las mujeres asesinadas no sé si tuvieron color partidista; si tuvieron es irrelevante, no puedes politizar un tema de vida o muerte”.
El principal desafío de Oaxaca es que la ley concrete el poder garantizar realmente los derechos, es ahí donde hay el mayor número de fallas.
Mencionó que se han hecho reformas legales importantes en el estado, pero se necesitan resultados y seguir ajustando el marco normativo.
Consideró que en el tipo penal de feminicidios en Oaxaca hay que hacer cambios, pues se están omitiendo cosas importantes de las razones de género.
Invitada por la Secretaría de la Mujer Oaxaqueña (SMO), dijo que el principal problema en el tema de feminicidios en la entidad es por las investigaciones deficientes que impiden llevar a los responsables ante el juzgador y ello genera un altísimo grado de impunidad, pensando que la vida de las mujeres no vale.
Haber cambiado el tipo penal federal fue un error de los legisladores oaxaqueños integrantes de la 62 legislatura, la Ley General de Acceso a una vida libre de violencia señala que debe legislarse conforme al Código Ppenal federal, esto debe subsanarse y todas las razones y motivos de género se apliquen en la ley estatal.
Indicó que e el país el problema no es enfrentar feminicidios, el problema es erradicarlos, no contamos con áreas especializadas; entonces, ¿cómo le hacemos para defender nuestros derechos?
En México, el ministerio público no es controlado, permea la corrupción.
De aplicarse en todo el país el Nuevo Código Nacional de Procedimientos Penales, nunca va a haber Estado de Derecho.
Si no lo exigen, violar una mujer en un Estado tiene un precio, en México no hay una cultura de reparación del daño, el problema más grave de los delitos contra las mujeres es la complicidad, entre el victimario y las autoridades.
«No podemos permitir ese bajo nivel que tienen nuestros servidores públicos, en México las víctimas de violaciones sexuales no tienen medidas de protección, ¿qué parte no han entendido?
Hay una falta de sensibilidad, las instituciones encargadas de los Derechos Humanos no crean áreas de atención a víctimas. Hasta la fecha no hay una Visitaduría en la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) de atención a mujeres víctimas de violencia contra las mujeres.
