Diana MANZO /Corresponsal
JUCHITÁN, Oax., (#pagina3.mx).- Organizaciones sociales de Oaxaca exhortaron al gobierno mexicano no imponer megaproyectos en pueblos indígenas de esta identidad y respetar el derecho a la autonomía, aseguraron que lejos de avanzar, existe un retroceso porque se han aprobado reformas estructurales que facilitan a las empresas transnacionales y nacionales el libre acceso a los bienes comunes asentados en nuestros territorios.
Agrupadas como “Colectivo Oaxaqueño en Defensa de Territorios” el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez A.C. (Prodh), Servicios para una Educación Alternativa A.C. (EDUCA), Centro de Derechos Indígenas Flor y Canto A.C., Tequio Jurídico A.C., Servicios del Pueblos Mixe A.C., Unión de Organizaciones de la Sierra Juárez de Oaxaca S.C. (UNOSJO) explicaron que desde hace 14 años (2002-2016) la Secretaría de Economía ha otorgado en el estado de Oaxaca 972 títulos de concesión minera que cubren una superficie de 462 mil 975 hectáreas.
Asimismo, dieron a conocer que se ha proyectado la construcción de 66 “pequeñas hidroeléctricas” y un gran proyecto de este tipo; al igual la terminación de la construcción de las supercarreteras de la Costa y del Istmo y la construcción de otra supercarretera para unir las ciudades de Oaxaca y Tuxtepec, a través de la sierra zapoteca, caracterizada por su gran biodiversidad.
“Mucha fauna y flora se han muerto por la construcción de carreteras y eso de nadie habla, por un lado vemos que se anuncia el desarrollo y progreso y por el otro nadie escucha a los pueblos, imponen todo sin preguntarles, nadie los consulta si lo quieren o no, se violenta el respeto a la autonomía”, explicaron.
Dijeron que con el proyecto llamado: Zonas Económicas Especiales (ZEE) el gobierno amenaza gravemente el territorio del Istmo de Tehuantepec con minería a cielo abierto, parques eólicos, el gasoducto Istmo de Tehuantepec-Veracruz, presas hidroeléctricas, una carretera transismica de 337 Km para unir los puertos de Salina Cruz y Coatzacoalcos.
“No se puede aceptar la desigualdad, los oaxaqueños pagamos impuestos y a los inversionistas que pretenden operar en las ZEE les ofrecen: beneficios fiscales, aduanales, financieros, administrativos y otras condiciones específicas para atraer la inversión y dar empleo a mano de obra barata”, expusieron.
En Oaxaca se tienen ocho áreas naturales protegidas y más de 140 áreas voluntarias protegidas para la conservación, impulsadas por la CONANP, asimismo un sinnúmero de comunidades reciben pago por servicios ambientales hidrológicos o por captura de carbono que están en proceso acelerado de privatización mundial, últimamente a través del Mecanismo para la Reducción de Emisiones por Deforestación y Degradación (REDD+); sin embargo estas supuestas iniciativas para la conservación de la biodiversidad no tienen la fuerza legal para estorbar siquiera el paso de los intereses de las empresas mineras, petroleras o constructoras y sus proyectos.
Reconocieron que todos los proyectos implementados en territorios indígenas han violentado de manera sistemática sus derechos humanos a la libre determinación, a la tierra, al territorio y a la consulta para alcanzar un acuerdo o lograr su consentimiento, entre otros, mismos que han sido reconocidos en el ámbito internacional en el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), en la Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas, así como en la Constitución Federal y en la Constitución del Estado de Oaxaca.
Finalmente, sus representantes hicieron un llamado a los organismos nacionales e internacionales de derechos humanos a que vigilen la cabalidad de su cumplimiento. Por nuestra parte, el Colectivo reconoce y alienta los esfuerzos de los pueblos indígenas de Oaxaca en la defensa de sus tierras y territorios.
