La policía nicaragüense cierra los medios dirigidos por el principal periodista del país, Carlos Fernando Chamorro, en una ofensiva contra los críticos al régimen de Daniel Ortega. Exiliados de sus redacciones, los periodistas de la revista Confidencial y el programa televisivo Esta Semana trabajan desde donde pueden para continuar denunciando a un régimen que hoy tiene más presos políticos que los que tenía el dictador Anastasio Somoza.
El periodista nicaragüense Carlos Fernando Chamorro llegó la tarde del pasado lunes al complejo judicial de Managua a presentar un amparo. Habían pasado ya tres días desde que agentes policiales ingresaron por la fuerza y se instalaron en las oficinas de la revista Confidencial y los programas de televisión Esta Semana y Esta Noche, todos dirigidos por Chamorro.
Treinta reporteros de los pocos medios independientes que quedan en Nicaragua, y de la prensa extranjera, acuerparon su llegada, ante la presencia de antimotines dirigidos por el mismo oficial que, el sábado por la mañana, había ordenado el desalojo por la fuerza de Chamorro y la mayoría de estos periodistas de la sede de la Policía Nacional.
«Vengo blindado por la moral de mis padres, Pedro Joaquín Chamorro y Violeta Barrios de Chamorro. Eso es lo que me protege a mí para estar aquí», dijo, cuando le preguntaron si no temía por su seguridad. Para quien conozca un poco de la historia nicaragüense, la frase fue poética, irrebatible, contundente.
Chamorro es una de las figuras más reconocidas de Nicaragua. Su padre, periodista también, fue asesinado por esbirros del dictador Anastasio Somoza en 1978. Entonces era director del periódico La Prensa e inflexible crítico contra la dictadura. Su asesinato desató masivas protestas contra Somoza, lo que terminó desencandenando su caída.
Poco después del crimen, Carlos Fernando se unió a las filas sandinistas y dirigió el periódico Barricada. Fue viceministro de cultura del primer gobierno de la revolución, que dejó el poder tras el triunfo electoral de su madre, la liberal Violeta Barrios de Chamorro.
Desde el regreso de Daniel Ortega a la presidencia, en enero de 2007, Chamorro se ha convertido en el mayor referente de periodismo independiente y crítico en el país, reconocido internacionalmente y acosado por el poder político. Ortega y su partido, el Frente Sandinista, gustosos de presumir internacionalmente que en su país existe libertad de expresión, han comprado en los últimos años algunos de los principales canales de televisión, mismos que ahora controlan sus hijos; y creado su propio sistema de medios. Habían ya acosado a los dos medios que dirige Chamorro, pero nunca llegaron a cerrarlos. Hasta ahora.
La ocupación, sin orden judicial mediante, de las instalaciones de Confidencial y Esta Semana, así como el incautamiento de sus equipos, dan cuenta de un nuevo capítulo en la crisis que afecta a Nicaragua desde abril de este año. Un capítulo en el que el presidente Daniel Ortega ha decidido arremeter, con o sin leyes en la mano, contra medios y organizaciones críticas hacia su gobierno. Ortega ha decidido echar mano del manual de Somoza para acallar a la oposición. Él, que fuera preso político de la dictadura somocista, hoy tiene más presos políticos que los que tuvo Somoza; y los muertos por la violencia en esta crisis, casi todos atribuidos a sus fuerzas paramilitares y policiales, supera ya los 350.
La semana pasada, la Asamblea canceló el registro jurídico de siete organizaciones no gubernamentales, entre ellas el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos, el principal centro de recepción de denuncias de víctimas de la represión desatada por las fuerzas de seguridad sandinistas y grupos paramilitares desde el pasado 18 de abril, cuando una protesta estudiantil marcó el inicio de esta crisis. Más de 350 personas han sido asesinadas desde entonces, y las cárceles controladas por Ortega albergan ahora a 567 presos políticos, según estas organizaciones.
Amparado por el voto parlamentario, de mayoría orteguista, el ministerio de Gobernación procedió a incautar las propiedades y los bienes de estas organizaciones. Pero entre ellas no se encuentran los medios dirigidos por Chamorro, que pertenecen a dos empresas privadas y no a oenegés. A pesar de ello, la redacción de Confidencial se encuentra ahora ocupada por policías fuertemente armados que prohiben el ingreso de los periodistas.
La noche del jueves, agentes uniformados irrumpieron en las instalaciones y se llevaron todos los equipos: más de 20 computadoras, cámaras de televisión, equipos de audio y todos los documentos que encontraron, incluyendo facturas y recibos y el archivo. La noche siguiente volvieron, expulsaron a los vigilantes y prohibieron el acceso a periodistas y empleados. Desde entonces los agentes policiales, portando armas largas, se pasean por los pasillos o miran televisión en las únicas pantallas que no se llevaron.
Exiliados de su redacción, los periodistas, administradores y productores de Esta Semana y de Confidencial han continuado su labor desde donde les ha sido posible: desde sus casas, desde computadoras prestadas, desde un cuarto de hotel donde instalaron las dos únicas computadoras que lograron rescatar, desde los estudios de Canal 12 a los que solo tienen acceso por tiempo limitado.
El sábado, desde el cuarto de un hotel, reporteros y editores se reunieron para acordar el plan de contingencia, cómo seguir publicando sin oficina y sin equipos. Lo siguen haciendo. «La sala de redacción está en el alma, en el cerebro de los periodistas», dijo Chamorro frente a los juzgados, cuando le preguntaron si la ocupación de sus oficinas ponía en riesgo la producción de información. «Seguiremos trabajando desde donde podamos».
El domingo por la noche, desde otro cuarto de hotel, los periodistas Wilfredo Miranda y Néstor Arce subieron a Youtube y Facebook el programa Esta Semana, paralelo a la transmisión por Canal 12 de televisión abierta.
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