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Por temor a ser retenidos, aplazan autoridades fecha para reingreso de familia desplazada en Valle Nacional

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Eduardo Contreras

TUXTEPEC.- Por miedo a ser retenidos, funcionarios de la Vicefiscalía regional de Justicia, la Defensoría de Derechos Humanos de Pueblos de Oaxaca y de la Secretaría General de Gobierno, que se supones se encargarían de aplicar justicia, suspendieron la reunión con habitantes de la comunidad de Santiago el Progreso en Valle Nacional, donde definirían la fecha de reingreso de la familia De la Cruz Méndez, desterrada desde hace dos años de esa comunidad.

Desde las 10:00 de la mañana uno a uno fueron llegando los funcionarios públicos de diversas dependencias estatales, quienes tenían cita a las 11:00 de la mañana para ingresar a la comunidad, donde verificarían las condiciones para que la familia desplazada desde hace dos años pudiera reingresar a casa.

Sin embargo, pasaron cuatro horas de reunión para que los servidores públicos tomaron una decisión; no visitar la comunidad, mientras la familia de la Cruz Méndez tendrá que esperar más tiempo sin poder reingresar a su lugar de origen.

De acuerdo con personal de la Vicefiscalía regional de justicia en la Cuenca del Papaloapan, la visita a la comunidad era para determinar las condiciones que garantizarían la posible fecha de reingreso de los desplazados, pero se aplazó por temor a ser retenidos por los comuneros del lugar.

Y es que según los argumentos de la autoridad, la comunidad se encuentra un tanto alterada, ya que hace unos días retuvieron a personal de la secretaría de finanzas, porque existe una obra de camino carretero inconcluso en la comunidad, de modo que los habitantes podrían realizar la misma acción en su contra.

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Además, la fiscalía de justicia solicitó al poder judicial tres meses de ampliación más para realizar la investigación de las pruebas periciales, y así determinar el presupuesto al que asciende la reparación de los daños a la familia desplazada.

Es preciso señalar que ya existe una orden judicial, donde se pide a las autoridades correspondientes hacer lo necesario para reingresar a la familia desplazada a la comunidad, para que tomen posesión de sus pertenencias y cuidar que se garanticen sus garantías individuales.

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