San Raymundo Jalpan, Oaxaca., 26 de febrero 2016.- Con el propósito de establecer conceptos que abarquen diferentes modos en que se da la corrupción y que ello permita a los órganos de control interno y de fiscalización un combate eficaz a esas prácticas, la legisladora Martha Alicia Escamilla León, propuso diversas modificaciones a la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y Municipios de Oaxaca.
La iniciativa presentada por la diputada integrante de la Fracción Parlamentaria del PRI, propone también la obligación de presentar además de la Declaración de Situación Patrimonial, la Declaración de Intereses y la declaración Fiscal, y que tales documentos se hagan públicos como un ejercicio mínimo de transparencia que servidores públicos y representantes populares deben tener.
Asimismo, la propuesta establece, que la Ley abarque no sólo a servidores públicos en activo, sino también a todos aquellos y aquellas aspirantes a un cargo de elección popular, pues es imprescindible que como una forma de recuperar la confianza de la sociedad y reivindicar la figura de los servidores públicos y representantes populares, desde su postulación sean conocidos esos datos.
“La iniciativa que hoy presento y que en concordancia con la iniciativa ciudadana que busca ser presentada nivel nacional, tiene como objetivo transformar la indignación social causada por la corrupción, en un esfuerzo constructivo para forjar gobiernos más honestos”, manifestó la representante popular.
Escamilla León señaló que en fechas recientes ha surgido un amplio movimiento desde la sociedad civil que recoge inquietudes y demandas históricas de la sociedad y algunas otras más recientes como es el movimiento 3 de 3, planteamientos que por supuesto no pueden ignorarse y que deben valorarse e incluirse en el marco legal para el mejoramiento del ejercicio de gobierno.
La también presidenta de la Comisión Permanente de Turismo, subrayó que en Oaxaca se ha visto un retroceso en el tema de la transparencia y fiscalización, ya que por un lado la Secretaría de la Contraloría y Transparencia Gubernamental no ha respondido a las expectativas de la ciudadanía, “pues ante las sospechas fundadas de actos de corrupción, ha existido una actitud tibia e ineficiente”.
Martha Escamilla, manifestó que evidentemente el Poder Legislativo no puede estar ajeno a la situación planteada, tampoco puede exculparse de que circunstancias como esas ocurran, por ello, es indispensable el mejoramiento del marco legal, dijo, pero no a base de ocurrencias o con inclinaciones políticas, sino a partir de un esfuerzo ordenado y estructurado.
