#JaimeGUERRERO
Víctimas directas del descarrilamiento del Tren Interoceánico, ocurrido el pasado 28 de diciembre en Oaxaca, presentarán este lunes 5 de enero una denuncia penal ante la Fiscalía General de la República (FGR) en contra de constructoras, contratistas y servidores públicos presuntamente responsables del siniestro.
Los afectados acudirán acompañados de sus representantes legales a las instalaciones de la FGR, ubicadas en la colonia Doctores, donde expondrán una serie de irregularidades detectadas en la construcción, rehabilitación, supervisión y operación de la Línea Z del Tren Interoceánico.
“Víctimas directas del descarrilamiento del Tren Interoceánico, Línea Z, ocurrido el 28 de diciembre pasado, presentarán denuncia penal ante la Fiscalía General de la República en contra de diversas constructoras, contratistas y servidores públicos, presuntamente involucrados en los hechos que derivaron en dicho siniestro”, informó el despacho de abogados Vega Mac Gregor Arellano mediante un comunicado.
A una semana del incidente, registrado en plena temporada vacacional, el saldo es de 14 personas fallecidas y decenas de heridos. De acuerdo con la información disponible, al menos 250 pasajeros viajaban a bordo del tren al momento del descarrilamiento. Algunos de los lesionados continúan recibiendo atención y acompañamiento por parte del subsecretario de Derechos Humanos, Arturo Medina, así como de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas.
Con apenas dos años de operación, una de las obras emblemáticas del sexenio del expresidente Andrés Manuel López Obrador —que durante un periodo regular registraba un bajo número de viajes— dejó al descubierto presuntas anomalías que van desde durmientes en mal estado hasta el uso de trenes reciclados con antigüedad que data de 1972.
La FGR ya abrió una carpeta de investigación por los hechos, luego de que el secretario de Marina y exresponsable del proyecto, Raymundo Pedro Morales, asegurara públicamente que los rieles por los que circuló el tren se encontraban en buen estado.
En tanto, la presidenta Claudia Sheinbaum anunció que el Gobierno federal otorgará a las víctimas un apoyo inicial de 30 mil pesos, con el objetivo de cubrir gastos inmediatos derivados de la emergencia.
El despacho Vega Mac Gregor Arellano, encargado de la representación legal de las víctimas y de la difusión de la denuncia, señaló que se especializa en materia penal y comenzó operaciones a finales de diciembre de 2024. La firma fue fundada por los hermanos Adrián Yosef Arellano Regino —exintegrante del despacho Regino Abogados— y José Irving Arellano Regino.
El equipo legal también está integrado por Ricardo Mac Gregor Uriarte, quien colaboró durante cuatro años con el consorcio Coello Trejo y dos más en FESB Abogados, así como por Leopoldo A. Vega López, con experiencia previa en el Bufete Ruiz Durán.
