Jaime GUERRERO
OAXACA (#pagina3.mx).- Frente a los inminentes conflictos postelectorales municipales, diputados de las bancadas del Partido del Trabajo (PT) y Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), propusieron reformas a la Constitución para quitarle al titular del Poder Ejecutivo y al Secretario General de Gobierno, la facultad de designar a administradores en municipios con conflictos sociales, políticos y electorales.
La propuesta fue turnada sin aspavientos a la Comisión de Estudios Constitucionales.
El coordinador de la bancada del PT, Jesús Romero López, dijo que es necesario quietar la facultad al Secretario General Gobierno, para el nombramiento de esas figuras de gobierno.
El petista, recordó que las reformas constitucionales que las que la LXII Legislatura se dio la atribución de designar administradores, y al final se la devolvió al ejecutivo del estado, fue parte de un periodo muy negro de la anterior legislatura, “de un bacanal legislativo”, asestó.
Romero López criticó que el hoy secretario general de gobierno, Alejandro Avilés Álvarez, siendo diputado del PRI, impuso esas reformas constitucionales, y devolvió “en el futurismo político”, un cumulo de facultades a la Secretaría General de Gobierno.
Al defender su propuesta, argumentó que en el caso de la ausencia de un gobernador o presidente de la república, no puede ser un secretario de gobernación el que designe al Presidente, porque la soberanía del pueblo reside en el Congreso.
Propuso entonces que la facultad se devuelva al Congreso del Estado, para que no se invadan esferas constitucionales “y no se diga promoviendo un coto de poder a un Secretario General de Gobierno, indistintamente del partido que sea, y sea él quien tenga un puñado de administraciones municipales con una perspectiva de interés político o económico”, asestó.
Ley de Herodes
Romero López, citó como ejemplo que la figura del administrador municipal, la retrata película mexicana “La Ley de Herodes”, donde el personaje un denominado “Varguitas”, llega a asaltar a un municipio, prometiendo el desarrollo la paz y estabilidad.
“Lo que ocurre en realidad es que se vuelve un coto de poder personal, grupal y quien sale amolada es la gente de los municipios”, asestó
Propuso entonces, reformar parcialmente los artículos 59 y 79, y una adición al artículo 113, de la Constitución de Oaxaca, para devolver al Congreso la atribución para designar a los administradores municipales en los casos de no verificación de una elección, o bien en donde habiéndose realizada la elección ésta fuera declarada nula o inválida.
Y es que dijo que las reformas que hizo la pasada legislatura, se asestó un duro golpe al equilibrio y división de poderes al trasladar tal atribución en el jefe del poder ejecutivo, “sino que al concentrar en una sola persona una facultad que se procesaba y consensaba en un cuerpo colegiado convalidó el retorno a prácticas autoritarias que se pensaban ya superadas”.
Criticó que existan administradores que dividan y generen más encono, utilizando recursos del municipio para dispersar a opositores de unos y otros, sin mantener la estabilidad.
Romero López, citó como ejemplo el municipio de Yumi, donde el administrador estuvo 6 años detentando el poder.
“Hoy, y ante un escenario incierto en las elecciones de sistemas normativos internos, preocupa enormemente la probabilidad de que se incremente notablemente el número de administradores en los municipios indígenas, que han electo a sus autoridades municipales por usos y costumbres”.
Refirió que a la fecha en municipios tanto de partidos políticos como de sistemas normativos internos existen 12 en donde “quienes gobiernan y desgobiernan son administradores municipales”.
Romero López, advirtió que esa cifra podría triplicarse para 2017 pues desde la Secretaría General de Gobierno se pretende promover, a través del PRI, que la LXIII Legislatura le expida un cheque en blanco para colocar a sus incondicionales en cargos que están fuera de todo control normativo y constitucional.
Recordó que los administradores tienen un mandato temporal, no mas allá de los 90 días, y se han designado con un objetivo específico que ha sido el de procurar restablecer el orden y la paz social en los municipios y trabajar, en coordinación con las autoridades electorales, para convocar a elecciones extraordinarias.
Sin embargo , en los hechos estos señores han actuando en sentido contrario a lo que señala la ley: valiéndose de múltiples argucias, llevando como cómplices a caciques y funcionarios públicos venales, sometiendo en ocasiones a la autoridad electoral y corrompiendo a líderes comunitarios se han perpetuado en sus cargos.
Propuso entonces, que el Congreso sea el conducto legal y político para designar a los “encargados de la administración municipal”, a propuesta de la Junta de Coordinación Política, siempre y cuando los funcionarios municipales cumplan con requisitos adicionales a los ya establecidos en las leyes en la materia.
Entre ellos, que su permanencia en el cargo será dentro de un plazo improrrogable de 90 días al término del cual deberá ser sustituido por otra persona.
Asimismo, el PT propone como otro requisito que los candidatos a postularse, o ser postulados por terceras personas para el cargo de administrador municipal, no se desempeñen como servidores públicos; tampoco que en los últimos cinco años a la fecha de su designación hubiesen ocupado un cargo de elección popular o desempeñarse como dirigentes de un partido político.
Al final, aclaró que el PT renuncia a proponer administradores, si se devuelva la facultad al Congreso.
Consejos municipales
En su oportunidad, el diputado de Morena, Javier Velásquez Guzmán, a nombre de la bancada de Morena, presentó una iniciativa de reforma constitucional para crear consejos municipales, y eliminar figura de administradores.
Aseguró también que los administradores municipales, se han convertido en los saqueadores de los recursos de los municipios y evasores de las responsabilidades inherentes a las autoridades municipales.
“Lejos de dirimir los conflictos, lo han acentuado e incluso han generado violencia con la finalidad de que no se realicen las elecciones y seguir en el cargo”, cuestionó.
Propuso entonces, reformas a la ley orgánica municipal, para que en caso de los municipios no realicen elecciones, se integren inmediatamente consejos municipales y desparecer la figura del administrador municipal, porque ha sido declarada como inconstitucional por la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
