El viernes 29 de octubre Baja California se convirtió en el quinto estado mexicano en despenalizar el aborto voluntario durante las primeras 12 semanas de gestación.
Diputadas y diputados locales votaron para modificar cinco artículos del Código Penal del estado, de modo que el aborto voluntario en dicho periodo no sea considerado delito.
Integrantes de Las Centinelas, Red de Acompañamiento por el Derecho a Decidir y Las Borders, Acompañamiento de aborto seguro, colectivas feministas en el estado, compartieron con ZonaDocs que este es un pequeño paso, pues aún se debe vigilar que la ley se cumpla de la manera más ética, profesional, empática y respetuosa posible. Además, para ellas, si bien la “despenalización legal” es importante, aún hay un largo camino que recorrer al hablar de la “despenalización social del aborto”. En su opinión y experiencia, dentro de la sociedad prevalecen los estigmas, la criminalización y las agresiones hacia las mujeres, personas gestantes y acompañantes que ejercen su autonomía, al tiempo que impera la desinformación que los grupos antiderechos continúan difundiendo.
Afirman que este paso es el resultado de la lucha de las colectivas y redes feministas en Baja California. Así, pese a los estigmas, a la criminalización y a los ataques directos e indirectos que han vivido, hoy celebran que, legalmente, el aborto ya no es un delito.
Por Samantha Anaya/ @Sam_An16 | Zona Docs
Fotografía de portada Victor Medina Gorosave – Fotoperiodista
El pasado 29 de octubre, el Congreso de Baja California aprobó la despenalización del aborto voluntario en la entidad durante las primeras 12 semanas de gestación.
Diputadas y diputados locales votaron para modificar cinco artículos del Código Penal, de modo que el aborto voluntario en dicho periodo no sea considerado delito.
Entre los artículos reformados destaca el 133 del Código Penal de la entidad, el cual fue modificado para que el autoaborto y aborto consentido ya no sean penados de uno a cinco años de prisión.
Las reformas en el Código Penal también incluyen brindar los servicios de anticoncepción de emergencia y de interrupción legal del embarazo a las víctimas de delito de violencia sexual. Además, se añade que en los casos de violación se pueda acceder a este derecho en cualquier etapa del embarazo, “porque las 12 semanas no eran suficientes, ya que muchas de las niñas y las mujeres que se encontraban en esta situción, cuando se dan cuenta de lo que les paso y pueden hablar al respecto, ya pasaron las 12 semanas, y no por eso se les va a negar que ejerzcan su derecho a decidir; por supuesto que deben de tener el derecho a abortar en el momento que ellas así lo decidan”, aclara Perla Martínez, integrante de la colectiva Las Borders, Acompañamiento de aborto seguro.
En cuanto a las reformas hechas a la Ley de Salud Pública, las instituciones públicas de salud deberán proceder a la interrupción voluntaria del embarazo, de forma gratuita, en condiciones de calidad, privacidad, trato digno, confidencialidad, autonomía de la voluntad, acceso a información de verídica y de calidad cuando la mujer o la persona gestante así lo solicite.
Otra de las modificaciones hechas por le Congreso a la Ley de Salud es para garantizar que personal de salud no objetor de conciencia esté disponible para atender a las mujeres y personas que requieren acceder a servicios de aborto en instituciones públicas.
“Ahora que se aprobó la modificación a la ley nos toca vigilar que se cumpla de forma integral y respetuosa, de manera ética, y que quienes son objetores de conciencia eviten sus comentarios y que sólo hagan saber que no lo harán, y que mejor busquen al personal que sí lo hará, porque se dan los casos que lo único que hacen es retrasar el proceso”, sentencia Angélica Medina, integrante de Las Centinelas, Red de Acompañamiento por el Derecho a Decidir.
Por su parte, IPAS Centroamérica y México reconoce que la lucha no termina aquí, pues al tratarse de un tema de salud pública, la aprobación de estas reformas deberá estar acompañada de acciones para habilitar, acercar y garantizar el acceso a los servicios de salud pública en las condiciones indicadas por organismos internacionales, como la Organización Mundial de la Salud (OMS), para proveer procedimientos de aborto seguro con información correcta, personal capacitado, insumos clínicos suficientes y tecnología adecuada.
También, agrega que, aún cuando en todos y cada uno de los 32 estados del país existen algunas de las ocho causales permitidas para abortar (por violación, imprudencial o culposo, por peligro de muerte, malformaciones genéticas o congénitas graves del producto, por grave daño a la salud de la mujer, causas económicas graves, inseminación artificial no consentida y a solicitud de la mujer), todas las mujeres y personas gestantes deben ser libres de ejercer sus derechos reproductivos.
“Sabemos que la criminalización del aborto no reduce su incidencia, sino que aumenta los riesgos a la salud e integridad de las mujeres”, reconoce la organización.
Al igual que IPAS, las colectivas en Baja California, y en el resto de México, continúan impulsando acciones para que las mujeres y personas con capacidad de gestar puedan ejercer libremente su derecho a decidir sobre su cuerpo y sobre su vida. Sin embargo, el camino (para que hoy Baja California sea la quinta entidad en despenalizar el aborto), ha estado acompañado de una larga lucha y resistencia por parte de colectivas feminsitas que acompañan la decisión de las mujeres y personas gestantes, ante un Estado ausente, indiferente y omiso, aún en medio de una realidad donde la violencia sexual va en aumento en el país.
Tan sólo en 2020, la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU) estima que casi 5 millones de mujeres fueron víctimas de delitos sexuales y/o acoso callejero durante el segundo semestre del año.
A este dato habrá que sumar que el 98.6% de los casos de violencia sexual que sufrieron las mujeres mayores de 18 años, de julio a diciembre de 2020, no fueron denunciados o no se inicio una investigación.
¿Qué implicaciones tiene para las mujeres y personas con capacidad de gestar esta decisión?
Angélica Medina Las Centinelas, Red de Acompañamiento por el Derecho a Decidir, considera que, si bien el primer paso es la despenalización del aborto, aún queda un largo camino para que la información llegue a todas las mujeres y personas con capacidad de gestar, en especial a aquellas personas que se encuentran en contextos más vulnerables y precarios.
“Todas debemos tener acceso a una información más libre, sin prejuicios. En esto debe de trabajar la secretaría de Salud”.
Lo que pretenden, dice, es que con la decisión del Congreso de Baja California, más mujeres y personas con capacidad de gestar tengan la posibilidad de decidir y que ni una más sea obligada a hacer algo que no dese:
“No se le debe obligar a parir si ella no lo desea, porque el embarazo es un proceso complicado que involucra un desgaste físico, emocional y hormonal, además de las implicaciones económicas. Eso es algo muy importante si hablamos de un país que se dice democrático y que toma en cuenta las voces de sus ciudadanas, absolutas y merecedoras de derechos, no migajas de justicia”.
Como colectiva feminista consideran que esta decisión permitirá que ninguna otra persona con capacidad de gestar corra peligro o pase por situaciones de vulnerabilidad a causa de un aborto clandestino inseguro. Además de evitar que pasen por desestabilidad emocional y psicológica producto de los estigmas, juicios sociales, violencia física y verbal de la que pueden ser víctimas, incluso, en sus propios hogares.
“Esto abre un camino para que las mujeres no tengan que pasar por todo esto y que sus proyectos de vida no se vean truncados o retrasados, o que tengan mayores complicaciones de salud, sino que hagan con su vida lo que ellas decidan”, reitera Angélica.
“Buscamos que los embarazos sean deseados”
Perla Martínez, integrante de la colectiva Las Borders, Acompañamiento de aborto seguro, expresa que, para llegar a este momento, “es triste ver cómo tuvieron que pasar años y años para poder tener acceso a un derecho básico, como lo es poder decidir sobre nuestros cuerpos y nuestras vidas”. En su opinión “tuvieron que surgir muchas colectivas feministas, pues el Estado no tuvo la capacidad de garantizar este derecho a las mujeres y personas con capacidad de gestar”.
“Cuando pasó lo de la despenalización no nos la creíamos, pero sabemos que este es un logro de todas y todes, incluso de personas que no están en Baja California, personas que ya no están vivas”.
De tal forma que, para Angélica, la despenalización del aborto no implica que “automáticamente ya estamos en el paraíso feminista, como mucha gente desinformada piensa, y que ya todas gozamos de nuestros derechos”.
Sin embargo, sí reconoce que este momento es el resultado de una larga lucha, una batalla que los movimientos feministas han impulsado para exigir la garantía de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres en México.
“La lucha que vivieron las que nos antecedieron cuenta para que hoy estemos en el lugar que estamos; la marea verde; los temas que hemos trabajado antes del boom del tema del aborto; y la visibilización de temas sobre las diferentes formas de violencia de género”.
Pero la lucha aún no termina, queda combatir el estigma y criminalización social del aborto, tanto de las mujeres y personas gestantes que se encuantran en esta situación, como de las acompañantas que les apoyan.
Estigma social
A decir de Perla, integrante de Las Borders, Acompañamiento de aborto seguro, “la legalidad no implica la accesibilidad o la asequibilidad” y es crítica al reconocer que hay grupos de la población que son más vulnerados que otros y que tienen más precariedades, por lo tanto, echar a andar esta determinación de ley es todavía muy complicado, incluso en estas entidades donde ya no es un delito:
“Por ejemplo, en la Ciudad de México a pesar de que ya está legislado desde hace más de una década, y ya se cuenta con la infraestructura y el personal médico encargado, aún hay personas que no pueden acceder a ese derecho, ¿por qué?, porque tal vez no tienen 5 pesos para el metro, porque a veces les piden documentación que no tienen, porque les piden que alguien les acompañe”, señala Perla.
También, agrega que en medio de estos escenarios, muchas personas “no se sienten seguras para decir que quieren acceder a un aborto seguro” y continúan haciéndolo en sus casas, acompañadas, pero en privacidad:
“Entonces deciden hacerlo en su casa con compañía, para que nadie se de cuenta, porque es más seguro, porque van a estas clínicas y afuera hay antiderechos, que las están persiguiendo, acosando, manipulando, y que traen puestas batas blancas para aparentar que son personal de salud”.
Por otro lado, señala que la desinformación que rodea el tema sigue coexistiendo a la par de los estigmas y las vulnerabilidades; por ello, precisa que se requiere de información laica, verídica y “para nada revictimizante”. Sólo de esta manera podrán cambiar las narrativas que atraviesan esta realidad y, por ende, el imaginario colectivo, “porque no queremos seguir siendo descalificadas e ignoradas, vetadas, violentadas”, denuncia Perla.
En la experiencia de Angélica, de Las Centinelas, los primeros prejuicios hacia el tema del aborto comienzan a surgir a partir de lo que cada mujer o persona gestante ha interiorizado a lo largo de su vida.
“También implica un trabajo interno de análisis a nuestros propios estigmas, romperlos, eso ya es un gran problema. Una compañera dice que hay que identificar a nuestra ‘mocha interna’, a nuestra derecha interna. Si nos escuchamos, en nuestros discursos todavía podemos caer en narrativas de discriminación”.
Sin embargo, ambas activistas reconocen que la violencia más grave viene desde afuera y confiesan que constantemente reciben mensajes de odio deseándoles la muerte.
“Me asusta ver la mentalidad que hay respecto a estos temas, hasta parece que esas expresiones van a tomar vida, y cuando dicen ‘ojalá se mueran todas’, no sólo es un mensaje, sino que se han traducido en agresiones directas”, declara Angélica.
Además de los ataques a través de redes sociales, Angélica comparte que una de sus compañeras vivió una agresión física en una marcha reciente.
Finalmente, sentencia que los medios de comunicación también son parte de estas violencias indirectas y simbólicas, particularmente cuando les buscan con el fin de buscar declaraciones que les confrontan con los grupos antiderechos “no es tanto porque les importe, sino más bien por el morbo, por el enfrentamiento entre antiderechos y feministas”. Y es que, esto sólo pierde de vista lo importante de las decisiones que impactan la vida de las mujeres y personas con capacidad de gestar:
“No entienden que esto no se trata ni de los antiderechos, ni de las feministas, ni de quién va a ganar, ni de quién tiene la razón; se trata de las mujeres y de las personas con capacidad de gestar que en estos momentos están abortando, sin información, con miedo”, sentencia Angélica.
Marcha 28s en Guadalajara. Fotografía Leslie Zepeda
El trabajo que realizan las acompañantes: continuar transformando las narrativas, los mitos y los estigmas
Perla comparte que el trabajo de ser acompañante conlleva un gran desgaste físico y emocional a causa del estigma social que las retrata como “promotoras de la muerte”.
“Este es un trabajo voluntario, y el poco financiamiento que llegamos a recibir es para fortalecer a la colectiva y así brindar el medicamento a las morras y morres que no tiene el dinero para poder comprarlo. También hay mucha precarización entre las acompañantes. Es un trabajo hermoso, pero a veces es muy desgastante por el estigma social que hay, que nos violenta, que desinforma, que dice que somos promotoras de la muerte”.
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