Diana Manzo
Oaxaca, Oax.- Autoridades comunales y la Asamblea General de Comuneros de Santa María Chimalapa rechazaron la reciente resolución del Tribunal Superior Agrario (TSA), que confirmó la improcedencia de juicios de nulidad promovidos contra dotaciones ejidales otorgadas a los núcleos agrarios “General Rafael Cal y Mayor” y “Canaán”, de origen chiapaneco, asentados dentro de su territorio comunal.
La decisión, aprobada el pasado 18 de febrero por mayoría de tres votos contra dos, respalda lo determinado previamente por el Tribunal Unitario Agrario de Tuxtepec y plantea la expropiación de 2 mil 651 hectáreas correspondientes al núcleo Canaán, con una indemnización “en especie” para la comunidad zoque.
Las autoridades chimalapas sostienen que el fallo desconoce sus derechos agrarios e indígenas, así como la resolución emitida en noviembre de 2021 por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), la cual resolvió el conflicto de límites entre Oaxaca y Chiapas a favor de Oaxaca y de los Chimalapas.
En un pronunciamiento público dirigido al pueblo de México y a los pueblos indígenas, la comunidad señaló que la sentencia contiene “aberraciones jurídicas” y omite considerar los derechos colectivos respaldados por convenios internacionales suscritos por el Estado mexicano.
Asimismo, advirtió sobre la grave afectación ambiental en la zona de Cal y Mayor y sus alrededores, donde —afirman— más de 50 mil hectáreas de selva y bosque de niebla han sido devastadas por talamontes y grupos armados.
Los comuneros recordaron que desde 1991 han impulsado procesos de conciliación con campesinos asentados en la zona oriente de su territorio, logrando acuerdos con seis núcleos agrarios entre 1994 y 2017, que actualmente forman parte de la comunidad.
En asamblea celebrada el 21 de febrero, Santa María Chimalapa determinó no aceptar la resolución del TSA ni permitir, “por ningún precio”, el despojo de su territorio ancestral. También anunció que continuará la defensa por la vía jurídica y, de ser necesario, recurrirá a instancias internacionales en materia de derechos indígenas y protección ambiental.
Finalmente, la comunidad hizo un llamado urgente al gobierno federal para que intervenga de manera inmediata, advirtiendo que lo responsabilizará de cualquier consecuencia derivada de la situación.
