Cimacnoticias | Ciudad de México.- El subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración de la Secretaría de Gobernación (Segob), Alejandro Encinas Rodríguez, se comprometió con las indígenas tzeltales Ana, Beatriz y Celia González Pérez a continuar investigando la violación sexual de la que fueron víctimas, a manos de militares, en 1994, en el estado de Chiapas.
En una reunión privada, que se realizó este lunes 22 de julio, entre funcionarios de la Segob y abogadas del Comité Hermanas González y de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH), Encinas Rodríguez también se comprometió a realizar un acto de disculpa pública el próximo 18 de octubre en el municipio chiapaneco de Ocosingo.
Cinco meses después de solicitar una reunión, esta semana el subsecretario recibió a las hermanas Ana y Beatriz, hablantes de tzeltal y quienes –con ayudada de una traductora– hicieron un recuento de lo que les ha significado 25 años de espera para que los culpables sean sancionados y para que el Estado reconozca que fueron víctimas de tortura sexual.
En el encuentro, en el que también participó Aarón Mastache Mondragón, titular de la Unidad de Derechos Humanos de la Segob, las hermanas aclararon que por primera vez subieron a un avión para salir de Chiapas y trasladarse a la Ciudad de México, pero que no fue por gusto, sino por mantener su exigencia de justicia.
La reunión, dijo a Cimacnoticias la abogada Gloria Guadalupe Flores Ruiz, fue la oportunidad para que, por primera vez, Ana y Beatriz hablaran ante funcionarios de alto nivel y expresaran su sentir y el pensamiento de su hermana Celia y su madre Delia, quienes no pudieron asistir.
Para las indígenas, el próximo acto de disculpa y reconocimiento público de responsabilidad será un paso más para reivindicar su dignidad ante su familia y su comunidad, personas que las relegaron y que las expulsaron después de ser ultrajadas por los soldados; pero también será un mensaje para que el gobierno no permita que estos casos se repitan.
La historia de las indígenas es quizás una de las primeras en documentar la violencia sexual cometida por el ejército mexicano. Los hechos se remontan a 1994 cuando en el contexto del levantamiento armado zapatista, las tres hermanas y su madre, Delia Gonzáles de Pérez, fueron detenidas en un retén militar, localizado en el camino que va rumbo al ejido Jalisco, en el municipio de Altamirano.
Aquel día, Ana de 20 años de edad, Beatriz de 18 años, Celia de 16 años y a su madre Delia Pérez fueron privadas de su libertad durante dos horas. En ese tiempo las tres hermanas fueron separadas de su madre, golpeadas y violadas en reiteradas ocasiones.
Pese a las amenazas que recibieron por los militares, el 30 de junio de 1994 las mujeres denunciaron ante el Ministerio Público Federal pero dos meses después el expediente fue trasladado a la Procuraduría General de Justicia Militar, encargada de investigar delitos de soldados y quien decidió archivar la indagatoria.
El argumento de las autoridades militares fue que no podían investigar porque las víctimas de tortura se negaron a comparecer frente a los efectivos militares agresores y someterse a nuevos exámenes ginecológicos.
A fin de encontrar respuestas, acompañadas legalmente por el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (Cejil), el 16 de enero de 1996 las mujeres presentaron su caso ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), organismo internacional que tres años después aceptó la petición.
El 4 de abril de 2001 el organismo internacional emitió el Informe de Fondo No. 53/01 en el cual declaró la responsabilidad internacional del Estado en el caso y recomendó realizar una investigación seria, imparcial y exhaustiva y reparar adecuadamente a Ana, Beatriz y Celia González Pérez por las violaciones cometidas.
Sobre esta resolución, Ana y Beatriz transmitieron a los servidores públicos su esperanza de obtener “buena justicia”, es decir, que se crea en su palabra, primordialmente.
Es de recordar que el pasado 4 de junio se cumplieron 25 años de este caso de detención ilegal, violación y tortura sexual, aniversario en el que las tres hermanas y un comité de apoyo se atrevieron a protestar y exigir justicia, verdad y reparación del daño frente a un cuartel militar ubicado en San Cristóbal de las Casas, en Chiapas.
Semanas después de ese hecho, las mujeres fueron recibidas por el equipo de la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero.
Además del acto de disculpa pública, entre los acuerdos que hizo el subsecretario Alejandro Encinas está que en ese acto debe participar un representante de la secretaria de la Defensa Nacional; otorgar una reparación económica y que la Fiscalía General de la República continúe las investigaciones en coadyuvancia con las representantes legales de las indígenas.
Por: Anayeli García Martínez
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