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Ciudad de México.- 28/07/2017 La Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) exhortó a la Secretaría de Gobernación a decretar la Alerta de Violencia de Género (AVG), luego de que el Grupo de Trabajo concluyera el pasado 7 de julio que no había elementos para declarar procedente el mecanismo.
La CNDH, quien forma parte del Grupo de Trabajo, argumentó en un “voto razonado” su inconformidad en la resolución del grupo integrado para atender la AVG en Puebla, es la primera vez que la institución nacional de DH se pronuncia sobre el proceso de este mecanismo y hace un análisis sobre un dictamen final.
En el documento conformado por tres apartados (contexto, presupuesto y cumplimiento) la Comisión argumenta que el Grupo de Trabajo omitió las anomalías que contenía el reporte de cumplimiento de la AVG del gobierno entonces encabezado por Rafael Moreno Valle, entre las que destaca la falta de transparencia en el uso de recursos federales que ascienden a más de 2 millones de pesos.
SOBRE EL PRESUPUESTO
En el documento publicado este 28 de julio en el portal oficial de la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Conavim), la CNDH externó que una de sus preocupaciones centrales es la solicitud, asignación y uso de presupuesto por parte del gobierno poblano para atender las recomendaciones del Grupo de Trabajo.
La Comisión constató que el gobierno estatal gastó más de 3 millones de pesos en el diseño de dos programas para capacitar a sus funcionares públicos en perspectiva de género a través del Instituto Poblano de las Mujeres (IPM), mientras en su informe de cumplimiento la entidad reportó una cantidad inferior.
Lo anterior resulta preocupante, agregó, pues de acuerdo con la inversión hecha en los programas, 2 millones 522 mil pesos provienen de fondos federales del Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres).
Además, “llama la atención”, dice el documento, la aprobación de 2 millones 600 mil pesos para la elaboración de un diagnóstico que permita reconocer los tipos y modalidades de violencia en Puebla, sin que se cuente hasta ahora con dicha investigación, “ni con una propuesta metodológica o cronograma de actividades”.
También consideró una omisión por parte de la Fiscalía General del estado no asignar un presupuesto mayor para atender los casos de violencia contra las mujeres, al excusarse que ya había asignado el presupuesto de egresos estatal para 2017.
SOBRE EL CONTEXTO
De acuerdo con la CNDH el estado de Puebla se ubica a nivel nacional como la décima entidad con el mayor número de asesinatos de mujeres, sin que hasta ahora el gobierno de Antoni Gali pueda tener una base de datos con cifras confiables para reconocer la magnitud de esta violencia, “contraviniendo así no sólo las conclusiones del informe del Grupo de Trabajo, sino también los instrumentos internacionales en la materia”, indicó.
Sólo se cuenta con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) que reportan que en 2015 se cometieron 94 asesinatos de mujeres calificados como “homicidios” y 30 como feminicidio.
CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES
La CNDH refirió que el estado de Puebla tiene las siguientes obligaciones constitucionales: promover, respetar y garantizar los Derechos Humanos de las mujeres y la obligación de proporcionarles una vida libre de violencia.
Por lo que respecto a la difusión del ejercicio de sus derechos, la Comisión indicó que resulta limitada la generación de campañas para la población local además de excluir a la población hablante de la lengua indígena, y señala que se debe buscar “incidir en la estructura social para crear una verdadera sensibilización y cambio cultural sobre la violencia de género”.
Además el estado no garantiza la seguridad de las mujeres, la CNDH detecta que no se cumplen las órdenes de protección y no se incorporan los elementos necesarios para valorar los riesgos, del mismo modo, no se tienen reportes sobre el seguimiento de dichos mecanismos de seguridad.
EXHORTO A SEGOB
“Las acciones llevadas a cabo –por el gobierno de Puebla- no son suficientes para contribuir a la prevención y erradicación de la violencia feminicida en el marco del procedimiento de la AVG” –concluye la Comisión y continúa- “si bien se reconoce que los indicadores se determinaron teniendo en cuenta las opiniones de todas y todos los integrantes del Grupo de Trabajo, la CNDH no comparte la valoración final”.
Por último, el documento dirigido a la Secretaría Técnica del Grupo de Trabajo y la Secretaría de Gobernación (Segob), los exhorta a decretar la alerta que fue pedida en marzo de 2016 por el Instituto Mexicano de Psicología Jurídica y la organización civil Todos para Todos.
Cabe recordar que el Grupo de Trabajo estuvo conformado por funcionarios de la Secretaría Ejecutiva, José Luis Peña Colín y Gabriela González; de Conavim, María Waded Simón y Katia Chavéz; la directora del IPM, Verónica María Sobrado.
El personal académico fue de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, Elva Rivera Gómez; Catalina Aguilar de la Universidad de las Américas Puebla; del Instituto Tecnológico Autónomo de México, Héctor Alberto Pérez; y la Universidad Nacional Autónoma de México, Mario Fausto Gómez.
