Oaxaca.- En el Sistema de Justicia Penal Acusatorio se privilegia el respeto a los Derechos Humanos ya que cualquier persona involucrada en un proceso penal tiene garantizado el debido proceso, principio legal a través del cual se frena la arbitrariedad y el autoritarismo del Estado, afirmó el magistrado del Tribunal Superior de Justicia, Eduardo Pinacho Sánchez, integrante de la Sala Constitucional.
Señaló que en el sistema de justicia tradicional y escrito prevalecen diferentes formas de violación a los derechos humanos como la excesiva duración de los procesos penales, la prisión preventiva aún bajo el principio de inocencia, el deficiente desahogo de pruebas y la violación al derecho de la defensa, ya que cualquier persona aun sin la formación adecuada podía realizar dicho papel, lo que cambia ahora con el nuevo modelo que exige sea un abogado titulado, ya sea público o privado.
En el artículo 14 de la Constitución Política del país, se establece que el proceso debe cumplir con formalidades esenciales para que este sea eficaz, efectivo o válido, realizándose en un tiempo razonable, sin dilaciones ni tiempos excesivos, ante un juez imparcial que debe estar presente en relación directa, personal e inmediata, no sólo con las partes involucradas sino con todos los que intervienen en el tema como son el ministerio público, los peritos o los testigos, resaltó.
Indicó que en el modelo basado en los juicios orales, la protección a los derechos humanos se fortalece con la participación de la sociedad en las audiencias, lo cual permite la transparencia del proceso penal y fiscalizar la labor de los juzgadores, además de se amplían los derechos para que la víctima pueda aportar pruebas y participar en el proceso de manera directa, solicitar la reparación del daño, impugnar ante el juez las resoluciones y omisiones del Ministerio Público, así como medidas de prevención para su protección.
El magistrado Pinacho Sánchez refirió que las deficiencias que históricamente surgieron del sistema inquisitivo y las prácticas y procedimientos al margen de la ley durante la etapa de investigación, han influido en la percepción social de que el Sistema de Justicia Penal Acusatorio protege a los delincuentes con el argumento de los Derechos Humanos; lo que es una apreciación equivocada, porque lo que promueve es que en todo momento prevalezca la presunción de inocencia.
El especialista explicó que algunas de las posibles o eventuales violaciones a los derechos humanos en estos nuevos procesos, tienen que ver con medidas cautelares basadas en pruebas ilícitas obtenidas como consecuencia de deficiencias en la investigación por parte del ministerio público, a través de la tortura o de la intervención no autorizada judicialmente , así como también la adopción de resoluciones respecto de pueblos o comunidades indígenas sin que existan elementos suficientes que le permitan al juez conocer la cosmovisión de estos grupos.
En este sentido aseguró que el tránsito al Sistema de Justicia Penal Acusatorio resulta esperanzador para una sociedad que se encuentra ansiosa de recibir una justicia eficiente, eficaz, honesta y en un momento dado justa; por ello debe promoverse una cultura de reconocimiento y de aceptación de los derechos humanos. Puntualizó que al interior del Poder Judicial hay el compromiso de fortalecer la capacitación adecuada para que este sistema penal cumpla sus objetivos en beneficio de la sociedad.
(A partir de este de 21 abril, faltan 58 días para la implementación del Sistema Penal Acusatorio).
