Tras el caso de Alejandro Leyva Aguilar, gobierno y Congreso mueven respuesta en Oaxaca
Esta edición se centra en lo que ocurrió después: la postura del gobierno estatal, el llamado del Congreso y las iniciativas legislativas que comenzaron a moverse en Oaxaca alrededor del caso.
El caso y su reacción inmediata
- El ataque ocurrió en el fraccionamiento La Esmeralda, en San Pablo Etla.
- El periodista fue identificado como Alejandro Leyva Aguilar.
- El gobierno estatal y el Congreso reaccionaron públicamente al crimen.
Protección, justicia y reforma
- El gobierno pidió coordinación con la FGR por medio de la Fiscalía de delitos contra la libertad de expresión.
- Morena, PT, PVEM y PRI plantearon cambios legales.
- El debate ya no es solo penal: también es institucional y político.
Lo que publicó sobre el caso
Haz clic en cada recuadro para abrir el texto íntegro tal como fue enviado por Jaime Guerrero.
Caso principal
En San Pablo Etla, Oaxaca, asesinan a periodista, Alejandro Leyva Aguilar
Haz clic para leer la versión íntegra sobre el ataque, el lugar y la trayectoria laboral de Alejandro Leyva Aguilar.
#JaimeGUERRERO
Sujetos armados asesinaron al periodista Alejandro Leyva Aguilar, quien fuera director de la Corporación Oaxaqueña de Radio y Televisión (CORTV), en un puesto de comida ubicado al interior del fraccionamiento La Esmeralda, en el municipio de San Pablo Etla.
De acuerdo con los primeros reportes, el ataque se registró cuando el comunicador se encontraba en dicho establecimiento, donde fue interceptado por los agresores que le dispararon en varias ocasiones.
Tras confirmarse el homicidio, la Fiscalía General del Estado de Oaxaca (FGEO) canceló una la conferencia de prensa que tenía programada para las 12 horas de este día, para informar sobre otros temas de impacto.
La Fiscalía argumentó que se cancelaba la conferencia para atender de forma prioritaria la agresión armada contra el periodista Alejandro Leyva.
Por la mañana de este miércoles, el comunicador había compartido su última columna escrita a través de sus plataformas de redes sociales:
“El Zumbido del Moscardón
Francisco Alejandro Leyva Aguilar
Apenas ayer escribí sobre el desastre económico que es la #Guelaguetza”.
“Desastre porque las fiestas de julio sirven para que la deteriorada economía de los oaxaqueños, tenga un respiro y dicho oxígeno en los aires de la #MalditaPrimavera, no más no llegó”.
“Y no son multifactoriales las causas por las que el turismo no está llegando en los niveles de otros tiempos, específicamente en el sexenio pasado. La causa es única, primigenia y tiene que ver con el pésimo gobierno de #SalomónJara en todos los rubros de su administración pero especialmente en el rubro de seguridad”.
El asesinato de Leyva Aguilar se suma a una serie de ataques contra periodistas registrados en México durante 2026, entre ellos los homicidios de Josué Martínez Contreras, director de un medio digital en San Martín Texmelucan, Puebla, y de la reportera Roxana Guzmán en Veracruz, casos que han reavivado la preocupación de organizaciones defensoras de la libertad de expresión sobre los niveles de violencia e impunidad que enfrenta la prensa en el país.
Gobierno
Gobierno de Oaxaca condena asesinato del periodista Leyva Aguilar y pide coordinación con la FGR
Haz clic para abrir la postura del gobierno estatal y su llamado a coordinar la investigación.
#JaimeGUERRERO
El gobierno de Oaxaca condenó “de manera firme” el asesinato del periodista Francisco Alejandro Leyva Aguilar y solicitó a la Fiscalía General del Estado establecer coordinación con la Fiscalía General de la República.
La coordinación se pidió a través de la Fiscalía Especializada en delitos contra la libertad de expresión, para fortalecer la investigación y “garantizar que se agoten todas las líneas que permitan esclarecer plenamente este crimen”.
En un comunicado difundido en redes sociales por el gobernador Salomón Jara Cruz, la administración estatal expresó su solidaridad con la familia del periodista y con el gremio periodístico.
El gobierno reconoció abiertamente que Leyva Aguilar era un comunicador crítico de su gestión:
“Fue un periodista crítico de nuestro gobierno, como muchos otros comunicadores que ejercen todos los días su derecho a cuestionar, señalar y expresar libremente sus opiniones.”
El texto oficial añadió: “Somos y seguiremos siendo respetuosos de la crítica y de la libertad de expresión; ninguna diferencia con el ejercicio periodístico puede justificar jamás un acto de violencia.”
Sobre las líneas de investigación, la administración de Jara Cruz evitó anticipar hipótesis sobre el móvil del homicidio.
“No vamos a especular ni adelantar conclusiones sobre el móvil. Lo que corresponde es una investigación seria, profesional y transparente, que determine quiénes son los responsables y permita llevarlos ante la justicia”, precisó el comunicado.
El documento cierra con un mensaje directo del gobierno estatal: “Nuestra posición es clara: que se conozca toda la verdad y que no haya impunidad.”
El crimen se suma a una serie de asesinatos de periodistas registrados en México durante 2026, entre ellos el de la reportera Roxana Guzmán en Veracruz y el del comunicador Josué Martínez Contreras en Puebla.
Congreso
Congreso de Oaxaca pide no lucrar políticamente con asesinato de Alejandro Leyva; “es moralmente inaceptable”
Haz clic para leer el pronunciamiento completo de Eva Diego Cruz ante el Pleno.
#JaimeGUERRERO
La presidenta de la Mesa Directiva del Congreso de Oaxaca, Eva Diego Cruz, llamó a no utilizar el asesinato del periodista Alejandro Leyva Aguilar para obtener ventajas políticas o electorales y sostuvo que cualquier intento de lucrar con el caso resulta “moralmente inaceptable”.
La legisladora afirmó que el reclamo de justicia debe mantenerse al margen de intereses partidistas.
Durante un pronunciamiento ante el Pleno, la diputada sostuvo que “el asesinato de Alejandro Leyva o de cualquier persona jamás debe ser rebajado a la categoría de botín o herramienta de manipulación política”.
Agregó que “la pérdida de una vida dedicada a la verdad es una herida profunda para toda la sociedad, que no debe ser utilizada para lucrar, atacar adversarios o ganar simpatías electorales, pues hacerlo resulta moralmente inaceptable”.
Eva Diego señaló que el dolor de la familia del comunicador y la exigencia de justicia del gremio periodístico demandan responsabilidad de todos los actores públicos.
“El dolor de su familia y el clamor de justicia de un gremio vulnerable exigen respeto absoluto, madurez institucional y unidad inquebrantable, no discursos oportunistas que dividen”, expresó desde la máxima tribuna del estado.
La presidenta del Congreso añadió que “la memoria del comunicador se honra exigiendo una investigación transparente, protegiendo a quienes informan y garantizando una justicia plena, lejos de cualquier oportunismo partidista”.
Consideró que el esclarecimiento del crimen debe mantenerse como una prioridad institucional.
Asimismo, reiteró que la postura del Poder Legislativo es que “la crítica periodística jamás debe ser respondida o silenciada con violencia” y exigió que las investigaciones agoten todas las líneas para dar con los autores materiales e intelectuales del homicidio.
“Exigimos que las indagatorias agoten cada una de las hipótesis para dar no solo con los ejecutores, sino con los autores intelectuales de este crimen”, expresó.
Al concluir el pronunciamiento, el Pleno del Congreso del Estado guardó un minuto de silencio en memoria de Alejandro Leyva Aguilar, a petición de la presidenta de la Mesa Directiva, Eva Diego Cruz, como muestra de respeto hacia el periodista asesinado y en solidaridad con su familia y el gremio periodístico oaxaqueño.
Morena
Morena propone revisar leyes de protección a periodistas y dar seguimiento legislativo al caso Alejandro Leyva
Haz clic para abrir la propuesta morenista de revisión legal y seguimiento institucional.
#JaimeGUERRERO
La bancada de Morena en el Congreso de Oaxaca anunció que impulsará una revisión del marco jurídico para fortalecer la protección de periodistas y comunicadores, además de dar seguimiento institucional a las investigaciones por el asesinato de Francisco Alejandro Leyva Aguilar.
El posicionamiento fue presentado en tribuna por el diputado Iván Osael Quiroz Martínez, a nombre del Grupo Parlamentario de Morena, durante la sesión ordinaria del Congreso local, donde planteó abrir una agenda de trabajo con el gremio periodístico y sus organizaciones.
El legislador afirmó que las diputadas y diputados morenistas buscarán construir acuerdos con reporteros, comunicadores y representantes del sector para analizar las leyes vigentes e impulsar las reformas que resulten necesarias para garantizar mejores condiciones en el ejercicio del periodismo.
“Quienes conformamos el Grupo Parlamentario de Morena manifestamos nuestra disposición para construir, de manera conjunta con las y los periodistas, una agenda de trabajo que permita revisar el marco jurídico vigente e impulsar las reformas legislativas que resulten necesarias para fortalecer la protección de quienes ejercen el periodismo”, expresó.
En un mensaje con contenido político e institucional, la bancada también anunció que desde el Poder Legislativo dará seguimiento puntual a la información oficial que generen las autoridades sobre el caso, con el propósito de vigilar que las investigaciones se conduzcan con transparencia, legalidad y respeto a los derechos humanos.
Durante el pronunciamiento, Morena lamentó el asesinato de Alejandro Leyva Aguilar, destacó su trayectoria en el periodismo oaxaqueño y expresó sus condolencias a sus familiares, amistades y colegas, al tiempo que reiteró su respaldo para que el crimen sea plenamente esclarecido.
El grupo parlamentario prometió que, desde sus facultades constitucionales, mantendrá el compromiso de contribuir al fortalecimiento de la libertad de expresión, la justicia y la verdad, mediante el diálogo con el gremio y el eventual impulso de reformas en materia de protección a periodistas.
PT
PT propone elevar a rango constitucional, protección de periodistas; hay rezago de 14 años en Oaxaca
Haz clic para ver la iniciativa completa del PT y su diagnóstico sobre el rezago legal.
#JaimeGUERRERO
El diputado local del Partido del Trabajo (PT), Dante Montaño Montero, presentó una iniciativa de reforma constitucional para incorporar en la Constitución de Oaxaca la protección de periodistas y personas defensoras de derechos humanos.
El legislador sostuvo que la entidad mantiene un rezago de 14 años en la armonización de la legislación federal en esta materia.
Desde la tribuna del Congreso del Estado, afirmó que la propuesta busca garantizar la vida, integridad, libertad y seguridad de quienes ejercen el periodismo y la defensa de los derechos humanos.
Argumentó que el Estado debe asumir una responsabilidad reforzada frente a los riesgos que enfrenta este sector.
Montaño recordó que en 2012 el Congreso de la Unión expidió la Ley para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas.
Sin embargo, señaló que Oaxaca aún no ha armonizado plenamente su marco constitucional con esa legislación federal.
“La presente propuesta consagra a rango constitucional una deuda que, desde el año 2012, Oaxaca no ha armonizado en el marco constitucional y jurídico: la protección a la vida e integridad física de periodistas y defensores de derechos humanos”, expresó durante la sesión.
El legislador advirtió que la violencia contra periodistas, activistas y actores sociales ha dejado de ser un fenómeno aislado.
Aseguró que la escalada de hechos delictivos ha generado un clima de incertidumbre que exige respuestas institucionales inmediatas.
Como parte de la exposición de motivos, refirió que al menos 15 periodistas oaxaqueños han sido asesinados en las últimas dos décadas.
Agregó que el homicidio del periodista Francisco Alejandro Leyva Aguilar volvió a colocar a Oaxaca bajo el escrutinio nacional e internacional.
“Proteger a periodistas significa proteger la libertad de expresión”, afirmó el diputado. Sostuvo que el acceso a la información constituye una actividad de interés público y que, por ello, el Estado tiene la obligación de brindar condiciones para el ejercicio libre y seguro del periodismo.
La iniciativa plantea incorporar a la Constitución principios de prevención, coordinación institucional, atención inmediata, protección integral, evaluación permanente de riesgos y mecanismos efectivos de seguimiento.
Con ello, busca establecer una base constitucional para fortalecer la protección de periodistas y personas defensoras de derechos humanos en Oaxaca.
PVEM y PRI
PVEM propone aumentar hasta 53 años de prisión… / PRI propone hasta 50 años de prisión…
Haz clic para abrir las dos propuestas penales que surgieron después del caso.
#JaimeGUERRERO
PVEM
La bancada del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) en el Congreso de Oaxaca propuso reformar el Código Penal del Estado para aumentar hasta en una tercera parte las penas por los delitos de lesiones y homicidio cuando las víctimas sean periodistas, reporteros, fotógrafos o trabajadores de los medios de comunicación.
De aprobarse la iniciativa, un homicidio calificado cometido contra un comunicador podría castigarse hasta con 53 años y cuatro meses de prisión, frente a los 40 años máximos que establece actualmente la legislación.
La iniciativa -también avalada por la diputada del PVEM, Gabriela Pérez López- fue presentada por la diputada y presidenta de la Mesa Directiva, Eva Diego Cruz, quien sostuvo que el derecho a la vida “no es una concesión del Estado”, sino el fundamento de todos los demás derechos.
Advirtió que el ejercicio del periodismo en México se ha convertido en una actividad de alto riesgo y llamó al Congreso a responder con medidas legislativas para proteger a quienes ejercen la libertad de expresión.
Durante su intervención, la legisladora señaló que, pese al marco jurídico nacional e internacional, persisten condiciones de extrema vulnerabilidad para el gremio periodístico.
Recordó que Oaxaca figura entre las entidades con mayor número de agresiones contra comunicadores y afirmó que ya no basta con emitir pronunciamientos de condena, sino que corresponde al Poder Legislativo fortalecer el marco penal.
Como argumento de la reforma, expuso que la UNESCO documentó el asesinato de 86 periodistas en el mundo durante 2022, de los cuales más de la mitad ocurrieron en América Latina y el Caribe.
Además, el proyecto legislativo cita que México continúa entre los países más peligrosos para ejercer el periodismo y refiere el homicidio de Francisco Alejandro Leyva Aguilar como un caso que volvió a evidenciar la vulnerabilidad de los comunicadores en Oaxaca.
La propuesta adiciona el artículo 293 Bis al Código Penal para establecer que, cuando el delito de lesiones u homicidio se cometa contra un periodista, reportero, fotógrafo o trabajador de los medios de comunicación con motivo de su labor, la pena aumentará en una tercera parte de la prevista para ese delito.
En términos prácticos, un homicidio simple intencional, cuya sanción vigente es de 12 a 25 años de prisión, pasaría a castigarse aproximadamente con 16 a 33 años y cuatro meses.
En tanto, un homicidio calificado, actualmente sancionado con 30 a 40 años, podría alcanzar una pena de 40 a 53 años y cuatro meses.
En el caso de las lesiones, todas las sanciones previstas en el Código Penal aumentarían también en una tercera parte, de acuerdo con la gravedad del daño ocasionado.
“No se trata de proteger un privilegio individual, sino una función social esencial”, afirmó Eva Diego Cruz. Agregó que elevar las penas enviará un mensaje de cero tolerancia a la impunidad y reforzará la respuesta del Estado frente a la violencia que busca silenciar a la prensa y limitar el derecho de la sociedad a estar informada.
PRI
El diputado local del PRI, Javier Casique Zárate, presentó una iniciativa para endurecer las sanciones contra quienes agredan a periodistas.
La propuesta contempla penas de hasta 50 años de prisión, la destitución e inhabilitación de servidores públicos responsables y que estos delitos se persigan de oficio, sin necesidad de denuncia.
El legislador afirmó que el asesinato del periodista Alejandro Leyva Aguilar evidencia la necesidad de fortalecer el marco jurídico en Oaxaca para garantizar el ejercicio de la libertad de expresión y combatir la impunidad.
La iniciativa adiciona un párrafo al artículo 291 del Código Penal para imponer penas de 40 a 50 años de prisión cuando el homicidio tenga como víctima a una persona periodista y el crimen esté relacionado con su labor informativa o busque restringir las libertades de expresión o el derecho a la información.
También plantea reformar los artículos 424 y 425 para aumentar las sanciones por impedir u obstaculizar la publicación, producción, distribución o difusión de información en cualquier medio, incluidos los digitales, además de incrementar las multas previstas en la legislación.
En el caso de que el responsable sea un servidor público, la propuesta establece que, además de la pena de prisión y multa, proceda su destitución e inhabilitación para ocupar cualquier empleo, cargo o comisión pública por un tiempo igual al de la condena, incrementándose además la pena hasta en una mitad.
Otro de los cambios relevantes es que los delitos contra periodistas y quienes ejercen el derecho a la información dejen de perseguirse por querella y pasen a investigarse de oficio, con el objetivo de evitar que las agresiones queden sin castigo por falta de denuncia.
Al defender la iniciativa, Casique Zárate sostuvo que proteger a periodistas “no significa otorgar privilegios a un gremio, sino defender el derecho a la información de toda la sociedad”.
Añadió que “quien atente contra una periodista o un periodista debe saber que encontrará justicia y que no habrá espacio para la impunidad”.
El caso de Alejandro Leyva Aguilar ya detonó una cadena de respuestas públicas en Oaxaca. La pieza de Jaime Guerrero documenta cómo, después del ataque que terminó con su vida, el gobierno estatal, el Congreso y varias bancadas empezaron a fijar postura y a mover propuestas sobre protección a periodistas.
Tras confirmarse el homicidio, la Fiscalía General del Estado de Oaxaca canceló una conferencia de prensa programada para las 12 horas para atender de forma prioritaria el caso. En paralelo, el gobierno de Oaxaca condenó los hechos y pidió coordinación con la Fiscalía General de la República a través de la fiscalía especializada en delitos contra la libertad de expresión.
El punto central de esta cobertura ya no es volver sobre el ataque, sino seguir la reacción institucional que se abrió alrededor del caso: qué dijeron las autoridades, cómo respondió el Congreso y qué reformas empezaron a plantearse en Oaxaca.
La postura del gobierno
En el comunicado difundido por el gobernador Salomón Jara Cruz, la administración estatal expresó solidaridad con la familia del periodista y con el gremio periodístico. El texto oficial sostuvo que la crítica periodística nunca puede responderse con violencia y que no se deben adelantar hipótesis sobre el móvil.
La posición pública del gobierno fue clara en dos puntos: no especular sobre el asesinato y pedir que la investigación se lleve con seriedad, profesionalismo y transparencia. Esa postura quedó asociada, además, al reconocimiento explícito de que Leyva Aguilar era un comunicador crítico de su gestión.
El debate que abrió el Congreso
La presidenta de la Mesa Directiva del Congreso de Oaxaca, Eva Diego Cruz, pidió no utilizar el caso con fines políticos o electorales. Dijo que el reclamo de justicia debe mantenerse al margen de intereses partidistas y que el dolor de la familia y del gremio periodístico exige respeto institucional.
Desde esa misma tribuna, el Congreso guardó un minuto de silencio en memoria del periodista. Después de ese pronunciamiento empezaron a moverse distintas posiciones legislativas sobre cómo responder al crimen y a la violencia contra periodistas en Oaxaca.
Las iniciativas que surgieron alrededor del caso
Morena anunció que revisará el marco jurídico para fortalecer la protección a periodistas y comunicadores, además de dar seguimiento legislativo al caso. El PT propuso elevar a rango constitucional la protección de periodistas y personas defensoras de derechos humanos, y advirtió que Oaxaca mantiene un rezago de armonización desde 2012.
El PVEM planteó aumentar hasta una tercera parte las penas por lesiones y homicidio cuando las víctimas sean periodistas, reporteros, fotógrafos o trabajadores de medios. El PRI, por su parte, propuso penas de hasta 50 años, destitución e inhabilitación de servidores públicos responsables y que estos delitos se persigan de oficio.
Qué falta por resolver
Falta saber cómo avanzarán las investigaciones y si las propuestas legislativas se traducirán en cambios concretos.
También queda por ver si la coordinación con la FGR se formalizó y qué medidas reales saldrán del Congreso.
Del hecho a la respuesta institucional
Esta secuencia reúne las notas de Jaime Guerrero para mostrar cómo se fue moviendo la respuesta alrededor del caso.
San Pablo Etla
El caso comenzó con el ataque contra Alejandro Leyva Aguilar en La Esmeralda.
FGEO cancela conferencia
La Fiscalía estatal suspendió una conferencia para atender el homicidio de forma prioritaria.
Gobierno condena el crimen
El Ejecutivo pidió coordinación con la FGR y sostuvo que la crítica periodística no justifica la violencia.
No lucrar políticamente
Eva Diego Cruz pidió no usar el caso como botín político y el Pleno guardó un minuto de silencio.
Revisión legal
La bancada anunció que revisará el marco jurídico para fortalecer la protección a periodistas.
Protección constitucional
Propuso elevar a rango constitucional la protección de periodistas y defensores de derechos humanos.
Más pena por agresiones
Planteó aumentar penas por lesiones y homicidio cuando las víctimas sean periodistas.
Hasta 50 años
Propuso penas más altas, destitución de servidores públicos y persecución de oficio.
Lo publicado por las instituciones
Esta sección ordena lo que dijeron el gobierno, el Congreso y las bancadas alrededor del caso.
Atención prioritaria
Canceló una conferencia de prensa para atender el caso.
Coordinación con la FGR
Pidió coordinación con la Fiscalía General de la República a través de la fiscalía especializada en libertad de expresión.
No lucrar políticamente
Eva Diego Cruz llamó a no usar el caso para obtener ventajas políticas o electorales.
Propuestas legislativas
Morena, PT, PVEM y PRI presentaron o anunciaron iniciativas sobre protección y sanciones.
San Pablo Etla, Valles Centrales
Mapa municipal de referencia. Para no exponer a personas relacionadas con el caso, no se publica el punto exacto donde ocurrió el hecho de partida.
Notas de referencia usadas en esta edición
- Jaime Guerrero: En San Pablo Etla, Oaxaca, asesinan a periodista, Alejandro Leyva Aguilar.
- Jaime Guerrero: Gobierno de Oaxaca condena asesinato del periodista Leyva Aguilar y pide coordinación con la FGR.
- Jaime Guerrero: Congreso de Oaxaca pide no lucrar políticamente con asesinato de Alejandro Leyva; “es moralmente inaceptable”.
- Jaime Guerrero: Morena propone revisar leyes de protección a periodistas y dar seguimiento legislativo al caso Alejandro Leyva.
- Jaime Guerrero: PT propone elevar a rango constitucional, protección de periodistas; hay rezago de 14 años en Oaxaca.
- Jaime Guerrero: PVEM propone aumentar hasta 53 años de prisión por homicidio de periodistas en Oaxaca.
- Jaime Guerrero: PRI propone hasta 50 años de prisión, destitución de funcionarios y persecución de oficio por delitos vs periodistas en Oaxaca.
Criterio editorial: esta versión unificada usa solo la información textual compartida por Jaime Guerrero en las notas del caso. El asesinato se toma como antecedente, pero el foco está en lo que se movió a partir de ahí. No se cruzaron otras firmas periodísticas para esta ocasión.
Bloques de lectura y contexto
Estos apartados quedan colapsados por defecto para no competir con la nota principal.
Lectura institucional
Las notas de Jaime Guerrero muestran una reacción pública coordinada entre el gobierno estatal, el Congreso y las bancadas. El valor informativo está en la secuencia de posturas, no en una interpretación adicional.
Seguimiento legislativo
Morena, PT, PVEM y PRI colocaron el caso dentro de su agenda legislativa. El interés periodístico está en registrar qué proponen y cómo avanza cada iniciativa, no en adelantar conclusiones políticas.
Impacto ciudadano
Cuando un caso como este activa respuestas institucionales, la cobertura debe vigilar si esas respuestas se traducen en medidas concretas para la protección de periodistas y en información útil para la audiencia.
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