Jaime GUERRERO
OAXACA, (#pagina3.mx).- En medio de las investigaciones de fraude y desvío de recursos contra el gobernador con licencia de Veracruz, Javier Duarte Ochoa, el Presidente del Comité Ejecutivo Nacional (CEN) del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Enrique Ochoa Reza, dijo que los «corruptos deben de ir a la cárcel» porque no habrá protección.
Ochoa Reza desestimó los señalamientos del dirigente nacional del PAN, Ricardo Anaya, respecto a que el PRI incurre en farsas para intentar reposicionarse de cara al 2018, exhortando a las autoridades federales a que continúen las investigaciones sobre los actos señalados al Gobernador con licencia de Veracruz, Javier Duarte Ochoa.
Respecto al proceso de expulsión, la Comisión Nacional de Justicia Partidaria del PRI continuará sus trabajos y cuando se tengan los elementos procesales se informará del resolutivo final.
En el caso de otros ex gobernadores, sin dar nombres, indicó que también se siguen los procesos dentro de la Comisión.
El dirigente nacional del PRI criticó que el PAN tardara más de un año en llevar a cabo un proceso de rendición de cuentas al interior de su partido. «Es una muestra de lo doble moral y el doble discurso de Ricardo Anaya y el PAN, cuando teniendo un proceso claro sobre los actos de corrupción de los cuales ha sido acusado Guillermo Padrés (exgobernador de Sonora) al asistir alas oficinas del PAN no dieron alerta alas autoridades», cuestionó.
Ochoa Reza pidió a su par panista estar atento a los señalamientos por los «moches panistas» en Yucatán, Querétaro y Aguascalientes.
En el caso de Padrés, dijo que este tiene distintas cuentas pendientes con las autoridades como autoridades federales que investigan los señalamientos de corrupción del panista.
En el caso del PRI, indicó que continúan en el análisis los casos de los Gobernadores de Quintana Roo, Roberto Borge y de Chihuahua, César Duarte.
Admitió que hubo diversos señalamientos en las comisiones estatales y ante el burocratismo de los órganos internos locales, el CEN del PRI tomó la decisión que la Comisión Nacional de Justicia Partidaria atrajera los casos y los estudiara.
El primer caso, destacó, es el Javier Duarte, a quien le suspendieron sus derechos políticos.
