«Defender el bosque no debería costarnos la vida»: sin justicia y desplazados, así viven desde hace cinco años tres comunidades de Atatlahuca, Oaxaca

«Este infierno»: 20, 21 y 22 de octubre de 2021

Así llaman al ataque ocurrido en esos tres días de 2021, en plena pandemia, cuando personas armadas ingresaron a las comunidades y prendieron fuego a sus casas. Desde entonces, las familias viven desplazadas en distintos lugares. Otras personas, que ocupan instalaciones del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI) en Tlaxiaco, hablan con enojo y preocupación por la crisis de derechos humanos que enfrentan.

Un bosque, tres comunidades

A dos horas y media de Tlaxiaco y a ocho de la capital oaxaqueña, por un camino de terracería entre las colinas verdes del Cerro del Ratón y el llano de oyameles —considerados el pulmón de la Mixteca—, está Guerrero Grande, donde viven 250 habitantes. Junto con Mier y Terán y Ndonoyuji, la comunidad defiende su territorio de la tala clandestina.

En la zona habitan indígenas Ñuu Savi (mixtecos). Atatlahuca significa «tierra colorada entre dos ríos» —Independencia y Morelos— y cada año celebran fiestas en honor a San Esteban.

El municipio está dividido en nueve agencias municipales. Guerrero Grande, Mier y Terán y Ndonoyuji se han opuesto a la tala clandestina en 2 mil 640 hectáreas de bosque. Según las comunidades, en ese entonces la ejercían el presidente municipal, Rogelio Bautista Barrios, y el comisariado ejidal, Eulogio Alvarado, a quien atribuyen la violencia que hoy viven. En el material recabado para esta nota no hay respuesta de ninguno de los dos.

Entre las personas perseguidas y amenazadas está Irma Galindo Barrios, defensora mixteca del bosque y originaria de Atatlahuca, desaparecida desde octubre de 2021. Fue una de las primeras víctimas de esta violencia: en noviembre de 2019 incendiaron su casa.

Lo que perdieron y lo que sigue pendiente

Así lo dicen las mujeres de Ndonoyuji. Mientras tejen paliacates y mantas para las tortillas, observan los rostros de las niñas y los niños que desde hace cinco años no han vuelto a su terruño. Eso, dicen, significa una fractura con el entorno comunitario y social que a las autoridades no les interesa.

La situación de cada comunidad es distinta. En Ndonoyuji, las familias desplazadas siguen esperando condiciones para un retorno seguro, digno y voluntario, y la recuperación de sus viviendas, su territorio y su vida comunitaria. En Guerrero Grande, la reconstrucción la han impulsado las propias familias, lo que, dicen, muestra su resistencia y su voluntad de seguir viviendo como pueblo; aun así, sostienen, ese esfuerzo no exime al Estado de sus obligaciones de atención, protección y reparación. En Mier y Terán persisten exigencias sobre el reconocimiento de sus autoridades, el acceso efectivo a los recursos públicos y la atención de las necesidades de la comunidad.

Las comunidades plantean que la atención institucional no puede limitarse a acciones aisladas ni depender solo de la capacidad de resistencia de las víctimas. Y que la reparación integral debe contemplar, según corresponda, la restitución de derechos y bienes, la reconstrucción de viviendas, la atención médica y psicosocial, la recuperación de los medios de vida, el acceso a la justicia y medidas que impidan que estos hechos se repitan.

«La defensa no es una actividad aislada, porque representa la protección de nuestra vida, nuestra identidad, nuestros medios de subsistencia y el patrimonio natural que hemos heredado de nuestras ancestras y ancestros», dijeron.

Lo que exigen

Piden que el conflicto agrario se atienda con pleno respeto a los derechos territoriales, la autonomía, los sistemas normativos y las formas de organización de sus pueblos, y que las controversias agrarias no se conviertan en justificación para tolerar la violencia o negar la protección de la población.

Recordaron que el 21 de julio de 2022 fueron detenidas dos personas señaladas por su presunta participación en los ataques y que quedaron en libertad al día siguiente. «Exigimos que las investigaciones permitan esclarecer los asesinatos, las desapariciones, la quema de viviendas y las responsabilidades materiales e intelectuales, sin omisiones ni dilaciones injustificadas. La justicia no puede sustituirse por el paso del tiempo», señalaron.

También exigen una mesa interinstitucional de atención con autoridades federales y estatales que logre acuerdos reales, porque, afirman, hasta ahora todo han sido «mentiras y engaños».

Oaxaca, la ley de desplazamiento y 27 comunidades desplazadas

En 2025, Oaxaca aprobó la ley de desplazamiento forzado. Las comunidades que hasta hoy viven violencia pidieron que se aplique y que realmente se garantice un retorno seguro.

Las autoridades han informado que hay 27 comunidades en situación de desplazamiento forzado en la entidad, la mayoría por la violencia que genera la disputa territorial.