Diana Manzo
Oaxaca, Oax.- El miedo, la violencia y las agresiones siguen amenazando a las familias mixtecas de Guerrero Grande, agencia municipal de San Esteban Atatlahuca.
Denunciaron y alertaron que el pasado 23 de septiembre alrededor del mediodía fueron agredidos por un aproximado de 100 personas, encabezadas por el presidente municipal, José Ángel García Sandoval, y sus regidores.
Dijeron que a bordo de camionetas polarizadas y armas les amenazaron, aún teniendo medidas cautelares de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH).
Ingresaron sin previo aviso y de manera autoritaria, provocando un clima de zozobra.
“Suponemos que traen el aval del gobierno de Oaxaca y federal, porque ingresaron al techado del auditorio del pueblo sin el consentimiento del Agente Municipal quien fue electo por toda la comunidad.
“Tampoco de los vecinos de la comunidad de Guerrero Grande, y además detonaron armas de fuego, estuvieron como tres horas y de ahí se retiraron, amenazándonos”, dijo un habitante que prefirió omitir su nombre, para evitar represalias.
Además, puntualizaron que las autoridades municipales de San Esteban Atatlahuca cuentan con el apoyo de la organización MULT (Movimiento de Unificación y Lucha Triqui).
Sebastiana Paz Bautista, representante de las personas desplazadas y de los beneficiarios de las Medidas Cautelares otorgadas por la CIDH y Maurilio Santiago Reyes, Presidente del Centro de Derechos Humanos y Asesoría a Pueblos Indígenas (Cedhapi) emitieron un comunicado.
Informaron que es urgente que las autoridades den cumplimiento de la Medida Cautelar MC-1050-21 y la Acción Urgente emitida por el Comité Contra la Desaparición Forzada de la ONU AU núm. 1456/2021 a 1460/2021.
Refirieron que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ha determinado que es obligatorio para el Estado Mexicano el cumplir dichas acciones urgentes.
Además, solicitaron realizar acciones urgentes para salvaguardar la vida e integridad de los beneficiarios de la comunidad de Guerrero Grande, San Esteban Atatlahuca.
Y es que desde el 21, 22 y 23 de octubre del 2021, un grupo armado, encabezado también por autoridades municipales de San Esteban Atatlahuca, quemaron más de cien casas en las comunidades de Guerrero Grande y Ndoyonoyuji, lo que consta en la Carpeta de Investigación 35033/FMIX/TLAXIACO/2021.
En consecuencia, a los ataques armados anteriores, el día 23 de diciembre del 2021, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos emitió medidas cautelares MC-1050-21 Familias de las comunidades indígenas mixtecas de Guerrero Grande y de Ndoyonoyuji y otros, para proteger los derechos a la vida e integridad física de las familias indígenas de las comunidades antes mencionadas.
Asimismo, el día 31 de diciembre del 2021, el Comité Contra la Desaparición Forzada de la ONU emitió acción urgente AU núms. 1456/2021 a 1460/2021 solicitando al Estado Mexicano la búsqueda inmediata de los señores Miguel Bautista Avendaño, Donato Bautista Avendaño, Marco Quiroz Riaño, Mayolo Quiroz Barrios y de la señora Irma Galindo Barrios e investigación de su alegada desaparición forzada.
Hasta el momento, 25 familias desplazadas de los hechos de octubre del 2021, se mantienen viviendo en el alberge provisional en el instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI) en condiciones precarias, sin apoyo alimentario, sin atención médica y cuestionando su reconocimiento como desplazados.
Cabe referir que las personas desplazadas de estos ataques armados, son víctimas de violaciones a sus derechos humanos de manera sistemática, pues el estado Mexicano a través de representantes de la Secretaria General de Gobierno del Estado de Oaxaca.
“El gobierno ha intervenido de manera parcial en el seguimiento a la Medida Cautelar MC- 1050-21, pues ha otorgado viviendas al grupo de personas de Guerrero Grande que fueron los responsables de quemar las casas a sus vecinos de la misma comunidad”, aclaró Sebastiana Paz Bautista, Representante de las personas desplazadas y de los beneficiarios de las Medidas Cautelares otorgadas por la CIDH.
Hasta el momento no existe ninguna persona detenida de los homicidios, desapariciones y quemas de casas y que en el mes de julio del 2022 la Fiscalía General del Estado de Oaxaca, en la causa penal 066/2022 emitió orden de aprehensión contra los señores Carlos Reaño Sandoval y Rogelio Bautista Barrios pero fueron liberados por un Juez de Control al referir infundadamente que la detención había sido ilegal.
Es importante mencionar, que con fecha 26 de agosto de 2024 los beneficiarios de las medidas cautelares MC-1050-21, tuvieron una reunión virtual con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en la que estuvo presente el Estado Mexicano por medio de la Secretaría de Relaciones Exteriores, la misión permanente de México ante la OEA, la Secretaría de Gobernación y el Gobierno del Estado de Oaxaca por medio de la Comisión para la Atención de los Derechos Humanos del Estado y otras autoridades en la cual el Estado Mexicano se comprometió a dar cumplimiento con las medidas cautelares.
