Es más, han llegado a exigir la salida de la Policía Federal, acusándola de excederse con ciudadanos de bien.
El alcalde de Pungarabato, Ambrosio Soto Duarte, había denunciado en los últimos meses del año pasado que estaba siendo extorsionado por criminales.
La Procuraduría General de la República le asignó escolta personal; más tarde se realizó una operación en la que participaron todas las fuerzas armadas; no obstante, alcaldes y representantes de la Tierra Caliente se aferran a la versión de que no hay resultados en el combate a la inseguridad.
Si bien no pocas veces se ha insistido a los presidentes municipales en que no se involucren con la delincuencia organizada y que denuncien en caso de ser blanco de extorsiones, la realidad exhibe que el apoyo oficial recibido por quienes se atreven a quejarse no les devuelve la tranquilidad ni les permite trabajar libremente.
Fuente: http://www.jornada.unam.mx/2016/03/18/opinion/033o1est
