Ernesto Aroche Aguilar | @earoche | ladobe.com.mx
En los diez años que lleva vigente la ley de transparencia en el estado –aunque se aprobó en 2004 fue hasta febrero de 2006 que comenzó a aplicarse— sólo dos funcionarios estatales han sido sancionados por violar la normativa al negarse a entregar información: Gerardo Pérez Salazar, ex titular de la Secretaría de Finanzas y Administración (SFA) y María Eugenia Gómez Campillo, ex titular de la Unidad de Transparencia de la SFA.
En ambos casos las sanciones de inhabilitación, de un año y tres meses respectivamente, se aplicaron por parte de la Contraloría del estado (solicitud folio 82916) una vez que terminó el sexenio en el que ambas personas ocuparon puestos en la administración estatal.
En ese lapso, la Comisión de Acceso a la Información Pública (CAIP) ha presentando 23 denuncias ante la Contraloría estatal por violaciones a la ley, según reconoció el organismo (Solicitud folio 154416). Aunque la CAIP solo da vista al órgano de control y no define quién o quiénes pueden ser los responsables, eso queda en manos de la dependencia.
Por lo demás, y a pesar de los constantes señalamientos periodísticos y de organizaciones de la sociedad civil sobre la opacidad de los gobiernos del priísta Mario Marín y del panista Rafael Moreno Valle, ningún otro funcionario estatal ha recibido sanción alguna por no entregar información pública a los ciudadanos.
Coofia, el único caso sancionado
Para ocultar la relación comercial entre la administración marinista y la empresa financiera Coofia, empresa que defraudó a más de 2 mil 300 familias, según publicó en enero de 2011 La Jornada de Oriente, la dependencia encabezada por Pérez Salazar hizo oídos sordos a las solicitudes de ciudadanos y a las resoluciones de la Comisión de Acceso a la Información Pública (CAIP).
El organismo encargado de vigilar el cumplimiento de la Ley de Transparencia ordenó en tres ocasiones se hiciera pública la copia del convenio firmado por la dependencia y la empresa financiera, y en las tres ocasiones fue ignorado.
El caso llegó entonces a la Contraloría del estado, para ese momento ya encabezada por Patricia Leal Islas, personaje del grupo cercano al panista Rafael Moreno Valle, lo que permitió que se dictaran sanciones para inhabilitar a Pérez Salazar y Gómez Campillo.
La resolución fue tomada a principios de 2011, el único momento en el que ese organismo ha tenido a dos integrantes caracterizadas por su interés en la apertura de la información, y no en la protección de los funcionarios estatales: Blanca Lilia Ibarra Cadena y Lilia Vélez Iglesias.
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