Ciudad de México.- Decenas de organizaciones ambientalistas, sindicales y sociales advirtieron que el Tratado de Asociación Transpacífico (TPP, por sus siglas en inglés) representa un grave peligro para los derechos laborales, el acceso a la salud, la libertad de expresión en Internet, el medio ambiente, la seguridad y soberanía alimentaria, entre otros temas cruciales para los derechos humanos y la vida de las personas, por lo que advirtieron que no permitirán su aprobación.
El pasado 9 de octubre, el Secretario de Economía, Ildefonso Guajardo, afirmó que México debería votar el TPP antes de las elecciones presidenciales de Estados Unidos. Las organizaciones rechazaron tajantemente esa pretensión.
Las y los activistas indicaron que el TPP, de ser aprobado, vulneraría gravemente la democracia al limitar las capacidades de los poderes Legislativo, que no puede modificar o aprobar leyes si afectan derechos de las transnacionales pactados en los tratados; Judicial, ya que cede jurisdicción a tribunales privados internacionales, y Ejecutivo, ya que le impide regular la economía, si ello tiene como resultado disminuir las ganancias “esperadas” por las transnacionales, así como de la sociedad civil, al permitir que las grandes empresas puedan demandar al Estado mexicano por emitir leyes que protegen a las personas y afectan de algún modo sus intereses.
“El gobierno federal pretende aprobar el TPP sin discusión pública aún cuando en el mundo se multiplican las voces que llaman a detenerlo. Debido a sus efectos nocivos, Relatores y Expertos Independientes de la Organización de las Naciones Unidas han solicitado a los 12 Estados firmantes que no aprueben este Tratado. Incluso los dos candidatos a la Presidencia de Estados Unidos, Hillary Clinton y Donald Trump, así como numerosos miembros de ambos partidos, han mostrado su rechazo al TPP debido a las implicaciones sobre sus propios ciudadanos”, explicaron ARTICLE 19, Greenpeace, la Central Campesina Cardenista, el Centro de Derechos Humanos “Fray Francisco de Vitoria OP”, el Centro de Investigación Laboral y Asesoría Sindical y el Centro de Reflexión y Acción Laboral, entre otras organizaciones.
Los firmantes llamaron a la sociedad “excluida de las negociaciones sobre su propio futuro”, a informarse y sumarse a las acciones en contra de este acuerdo y en defensa de los derechos humanos y la democracia.
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