Pedro MATÍAS
OAXACA, Oax. (pagina3.mx).- El Corporativo de Apoyo y Defensa de los Constructores Oaxaqueños (CADCO) exigió la renuncia de la secretaria de la Contraloría y Transparencia Gubernamental, Perla Woolrich Fernández, y del titular de la Auditoría Superior del Estado (ASE), Carlos Altamirano Toledo, por ser “cómplices” de presuntos actos de corrupción.
El representante legal de la Asociación Civil, Luis Alberto Ramírez Colmenares, denunció que la Auditoría Superior de la Federación (ASF) reconoce que varios proyectos no cumplen con los lineamientos y que en algunos casos han tenido que devolver 400 millones de pesos que formaban parte de Fonregión y que por “irresponsabilidad” del gobierno de Gabino Cué no se ejercieron.
Antes, los inconformes acusaron al ex secretario de las Infraestructuras y Desarrollo Territorial Sustentable (Sinfra), Netzahualcóyotl Salvatierra López, por presuntas irregularidades en la asignación de obras por un monto de dos mil 776 millones 18 mil 292 pesos.
La denuncia por el ejercicio indebido de funciones y abuso de autoridad fue presentada en la Secretaría de la Contraloría y Transparencia Gubernamental, según consta en el expediente número 696/QD/2014; sin embargo, a 126 días de iniciado el procedimiento existe una abierta protección a favor del colaborador de Gabino Cué.
Igual pasa en la Auditoría Superior del Estado que no ha dado respuesta ni el gobernador Gabino Cué les ha concedido el derecho de audiencia.
En la denuncia se destaca el mal uso de los recursos público que realizó Netzahualcóyotl Salvatierra como titular de Sinfra durante los ejercicios 2011, 2012, 2013 y el primer semestre de 2014, así como el director de Caminos y Aeropistas de Oaxaca (CAO), Guillermo Martínez Gómez, y el jefe del Departamento de Licitaciones y Contratos de CAO, Humberto Juárez Vargas, por “ejercer indebidamente recursos económicos por un monto de dos mil 776 millones de pesos”.
A pesar de presentar documentos, contratos y actas constitutivas de las empresas que se han visto beneficiadas con el mal uso de los recursos públicos, ni la Contraloría ni la Auditoria Superior de Oaxaca han procedido contra del ex servidor público.
[pull_quote_center]Alberto Colmenares dijo que esas obras por dos mil 776 millones de pesos fueron adjudicadas indebidamente y significó “un tiro de gracia para las empresas oaxaqueñas porque se quedaron sin trabajo y se favoreció el monopolio y las empresas foráneas, ya que de las dos mil obras autorizadas solo se licitó el 10 por ciento.[/pull_quote_center]
Ante la complicidad gubernamental estatal, decidieron acudir a la Auditoría Superior de la Federación y el pasado 23 de marzo les confirmaron que ya se realizaron revisiones al Estado de Oaxaca, con alcance a Sinfra y CAO, a los Recursos del Fondo para la Infraestructura Social Estatal, a los Recursos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas y al Fondo Regional de los años 2011, 2012 y 2013.
En la respuesta, confirman que las instancias del gobierno estatal no hacen su trabajo, ya que la obra de modernización y ampliación del camino San Vicente Coatlán- Paso Ancho, cuya empresa contratada fue JPA Construcciones S.A de C.V, se le asignó la obra por un monto de 14 millones 436 mil 997 a realizarse del 9 julio al 5 de noviembre de 2012 y aunque fue cobrada al 100 por ciento, no fue ejecutada.
En otro caso, la autoridad del municipio de San Agustín Loxicha también en el 2012 de 58 millones 111 mil pesos que les otorgaron del FISM, solo justificaron el 72 % de los recursos transferidos, lo que significa que faltan por comprobar 11 millones 12 mil pesos.
En síntesis, pese a que a la ciudadanía le cuesta 600 millones mantener la Contraloría y la Auditoría a través de sus impuestos, en realidad son un elefante blanco.
