Las autoridades migratorias de Honduras impidieron al activista ambiental mexicano Gustavo Castro Soto abandonar ese país ayer.
Castro Soto es testigo sobreviviente del asesinato de la dirigente indígena Berta Cáceres, perpetrado hace cuatro días en la localidad La Esperanza, unos 200 kilómetros al noroeste de Tegucigalpa.
La relevancia judicial de su testimonio es indudable, y ello explica que el gobierno hondureño lo requiera en el país.
Pero no puede obviarse que su permanencia en la nación centroamericana entraña, por eso mismo, un grave riesgo para su vida.
Si las autoridades de Honduras no fueron capaces de proteger la vida de Berta Cáceres, a pesar de que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) había emitido una orden de medidas cautelares a su favor, no parece sensato confiar en su capacidad o en su voluntad de dar la protección debida al connacional retenido.
Fuente: http://www.jornada.unam.mx/2016/03/07/opinion/002a1edi
