En medio de una presunta violación a la jurisprudencia de observancia obligatoria emitida por el pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) -por parte del Congreso del Estado- el gobernador del estado, Alejandro Murat Hinojosa, pidió a la LXIV Legislatura, aprobar la designación de Raúl Palomares Palomino -actual Tesorero de la Secretaría de Finanzas-, como magistrado de la Sala Superior del Tribunal de Justicia Administrativa.
En tanto, lanzó la convocatoria para la renovación de una magistratura del Tribunal Superior de Justicia.
Fue a través del oficio GEO/015/2019, enviado el pasado 24 de junio, que el mandatario estatal notificó al Congreso del Estado de la designación del ex subsecretario de responsabilidades administrativas y anticorrupción de la Secretaría de la Contraloría del Gobierno del Estado, Raúl Palomares, como nuevo magistrado.
Para ello, pidió a la LXIV Legislatura ratificar la designación de Palomares Palomino con el voto de las dos terceras partes de los miembros presentes de la Legislatura.
La presidenta de la Comisión de Administración de Justicia, Eliza Zepeda Lagunas, confirmó la propuesta y dijo que están a la espera de información en materia de transparencia.
Respecto al perfil de Palomares Palomino, Eliza rechazó que exista ilegalidad en el nombramiento por parte de Murat Hinojosa, toda vez que la ley le faculta a realizar el procedimiento; y el amparo que interpuso un magistrado que pretendía ser reelegido de forma tácita, fue desechado.
Lo mismo confirmó que el gobernador del estado lanzó la convocatoria para designar a nuevos magistrados del Tribunal Superior de Justicia.
En la víspera, el magistrado de la Sala Superior del Tribunal de Justicia Administrativa, Hugo Villegas Aquino, denunció que la LXIV Legislatura violaría la jurisprudencia de observancia obligatoria emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), toda vez que el Congreso no emitió el dictamen de evaluación para la ratificación de al menos cuatro magistrados, razón por la que procedió la reelección o ratificación tácita.
Además de Hugo Villegas Aquino, donde aplicó la ratificación tácita, hay otros tres magistrados que está en la misma situación sólo que en el Tribunal Superior de Justicia, entre los que se encuentran Jorge Luis Reyes Hernández, magistrado por 8 años y cuyo termino se le venció el pasado 7 de julio, Ricardo Porfirio Sibaja y María Luna Ortiz Aguirre, que su periodo es de 15 años y venció el 12 de diciembre de 2018.
Así mismo, la magistrada María Eugenia Villanueva Abraján, presidenta del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Oaxaca, informó mediante oficio de fecha 24 de junio de 2019, al Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca, que se encuentra una plaza para licenciadas o licenciados en derecho que aspiren a ocupar la vacante, debido al fallecimiento del magistrado del Tribunal Superior de Justicia, Sergio Saúl Estrada Romero.
La convocatoria para la elección de su sucesor ya fue publicada en el Periódico Oficial del Estado.
Este martes, envió el plazo de tres días hábiles dado a los aspirantes para presentar su documentación en las oficinas de la Secretaría General de Gobierno, en el tercer nivel del edificio 8 de Ciudad Administrativa.
“En cumplimiento al artículo 102 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Oaxaca, el Ejecutivo del Estado enviará al Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado de Oaxaca la lista y los expedientes correspondientes de los aspirantes para ser nombrado como magistrada o magistrado”, informó.
De su lado, Villegas Aquino, aseguró que cumplió con todos los procedimientos y fue ignorado por el Congreso y, por consiguiente, su ratificación fue tácita.
Detalló que el pasado 22 de mayo solicitó mediante escrito al Congreso del Estado su ratificación para un segundo periodo de 8 años, al cual tiene derecho de acuerdo con las leyes estatales; el 29 de mayo, la Diputación Permanente turnó su solicitud a la Comisión de Administración de Justicia.
Fue el pasado 6 de julio que venció el primer periodo del magistrado, sin embargo, para entonces, el Congreso del Estado no había resuelto sobre la solicitud del 22 de mayo. En consecuencia, tampoco había siquiera iniciado el proceso de evaluación del desempeño del magistrado para determinar si ameritaba su ratificación o no.
Una vez vencido el plazo, el magistrado envió, el 10 de julio, el oficio en el que notifica que, de acuerdo a la jurisprudencia de la corte, ya se hizo efectiva su ratificación de facto.
