De la Corresponsalía
TUXTEPEC, Oax.- En el Centro de Readaptación Social (Cereso), casi el 70 por ciento de la población penitenciaria carece de una sentencia.
Estos datos según fuentes oficiales de la Subsecretaría de Prevención y Reinserción Social del Gobierno del Estado de Oaxaca.
Las últimas estadísticas públicas que aporta la dependencia, detallan la existencia de 367 personas recluidas, de las cuales, 283 se encontraban en calidad de procesadas.
Es decir, privadas de su libertad pero sin una sentencia. En divergencia, apenas 84 personas ya tenían una sentencia.
Asimismo, se identificó que mientras un año atrás (2018), 81 personas ya contaban con sentencia, para el año siguiente (2019), el número de personas que lograron obtenerla aumentó a 84.
Lo anterior significa que las autoridades judiciales demoraron 12 meses para dar sentencia a solo tres personas.
En ocasiones, personas se encuentran privadas de su libertad porque no han recibido sentencia, y el tiempo que llevan en prisión ya es mayor al de condena que pudieran recibir.
Ante ello, está en estudio y debate, en la Cámara de Diputados de Oaxaca, cuatro iniciativas de Ley de Amnistía que buscan otorgar justicia, principalmente a personas que han sido víctimas del mal actuar de las autoridades.
Por ejemplo, una de las propuestas de Ley propone decretar la amnistía por el delito de aborto cuando se impute a la madre del producto del embarazo interrumpido.
Y cuando se impute a las o los médicos, o a las y los parteros, siempre y cuando la práctica se haya llevado sin violencia.
Un tema que debe ir a debate profundo, por las diversas posturas que existen en torno al tema.
También, resalta la propuesta de otorgamiento de perdón ante delitos imputados a personas pertenecientes a pueblos y comunidades indígenas que no hayan contado con un intérprete o defensor con conocimiento de su lengua y cultura.
Asimismo, se plantea la amnistía por sedición y delito político, o porque hayan invitado o incitado a la comisión de otros delitos impulsado por razones políticas.
Por otro lado, la iniciativa justifica abrir la puerta a una opción para minimizar los riesgos de contagios y de fallecimientos que implica la pandemia por la COVID-19, aunado a la sobrepoblación en los centros penitenciarios que presenta niveles críticos en el estado.
