DIANA MANZO
JUCHITÁN, OAX.- El Fondo de pensiones PPGM de origen holandés retiró la inversión de 250 millones de Euros que había destinado para el proyecto eólico de la empresa “Eólica del Sur”, después de cuatro años de intentar establecer un parque eólico en el Istmo de Tehuantepec.
Los integrantes de la Asamblea Popular del Pueblo Juchiteco (APPJ) celebraron esta noticia la cual fue dada a conocer en días pasados por el diario holandés “De Telegraaf” y en donde también participan los socios las empresas Maquarie Capital y Mitsubishi de origen australiano y japonés respectivamente.
Según el diario de Telegraaf el argumento del inversor fue que después de cuatro años de retraso el proyecto “ya no podrá ser suficientemente rentable” y por otra parte, por “la constante oposición de los indios locales” no habría cooperación con el mismo.
Los asambleístas informaron que esta cancelación del fondo de pensiones da muestra que la consulta indígena que promovió en el mes de noviembre del 2015 la Secretaria de Energía y Eólica del Sur antes Mareña Renovables, dio muestra de que se realizó sin transparencia, de mala fe y violando los estándares internacionales en materia del medio ambiente y de respeto a los pueblos indígenas como es el Convenio 169 de la OIT.
El proyecto Energía Eólica del Sur agrupa dos polígonos denominados: Bii Nissa (aire del sur) y Xtipa Bii (viento fuerte), el mismo que fue rechazado en San Dionisio del Mar y Álvaro Obregón (agencia municipal de Juchitán) conocido como “Santa Teresa” llamada en ese entonces Mareña Renovable.
En ambos polígonos se instalarían 132 turbinas de la marca Vestas, las cuales producirán cerca de 2000 kws.
Mariano López Gómez, integrante de la APPJ dijo que esta noticia no garantiza el retiro definitivo de la empresa eólica, pero sí es un avance en la lucha que emprenden en Juchitán contra la instalación del proyecto eólico.
Dijo que según el diario Telegraaf cita a un observador anónimo “que siguió de cerca el proceso” quien se quejó de que lo ocurrido es “un buen ejemplo de un gobierno que, por un lado de manera ejemplar consulta a indios según los estándares internacionales, pero luego está demasiado débil internamente para sostener el acuerdo que hicieron”.
López Gómez, vocero de la APPJ exhortó al juez federal con sede en Salina Cruz a proteger y garantizar los derechos humanos de las comunidades indígenas.
