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Corredor Interoceánico del Istmo, un ataque a nuestra identidad: Defensores

*“Se convertirá en la segunda frontera de México”, alertan.

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Diana MANZO

Juchitán, Oax.- “El Istmo va a terminar convirtiéndose en la segunda frontera de México, como ocurrió con Ciudad Juárez” alertó, Juana Villegas.

La defensora ayuukj e integrante de la Unión de Comunidades Indígenas de la Zona Norte del Istmo (UCIZONI) aseveró que el megaproyecto del Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec (CIIT) es un ataque a la identidad de los pueblos indígenas que habitan en esta región sur del estado de Oaxaca.

“El Istmo será la nueva frontera. No puede haber un megaproyecto cuando hay agresiones, militarización, asesinatos y daños al medio ambiente”, expuso.

Es importante que el gobierno federal abra el diálogo, para que se puedan analizar los impactos negativos de este megaproyecto.

Militarizar la zona es crear inseguridad, y no nos sentimos seguras ni seguros; nada volverá a ser igual que antes”, enfatizó.

En conferencia de prensa ofrecida por la Misión Civil de Observación -que recorrió durante tres días- 25-27 julio- la zona norte en el campamento “Tierra y Libertad” de Mogoñé Viejo, Oaxaca, por el Polo de Desarrollo en Santa María Mixtequilla, a las y los comuneros agredidos en Santa Cruz Tagolaba en Tehuantepec y en Puente Madera en San Blas Atempa, coincidieron que con la construcción del CIIT hay violaciones graves a los Derechos Humanos de quienes defienden su territorio.

El Corredor Interoceánico es una de las obras estrella impuesta por el presidente Andrés Manuel López Obrador.

Consiste en la rehabilitación de las vías férreas desde el Puerto de Salina Cruz al Puerto de Coatzacoalcos, la construcción de un Rompeolas y la creación de 10 polos de desarrollos o parques industriales en Oaxaca y Veracruz.

sin embargo, desde el inicio lo que ha generado es disputas de tierras, agresiones, criminalización y hasta crímenes.

La Misión de Observación documentó 31 agresiones a defensores por las obras que se construyen del CIIT.

Además, reconoce que se ha negado el acceso a una consulta previa, libre e informada, como lo propone el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).

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También documentaron incidencias graves en ese territorio istmeño.

Para David Hernández Salazar, activista binnizá de la comunidad de Puente Madera, con la llegada del actual gobernador de Oaxaca, Salomón Jara Cruz, se incrementó la violencia.

El 17 de enero pasado, él fue detenido y encarcelado supuestamente por delitos de ataques a las vías de comunicación.

Y 17 de sus compañeros también tienen órdenes de aprehensión, las cuales -recalcó- “fueron fabricados”.

“La llegada de este megaproyecto atenta contra nuestra identidad, van a llegar más personas, más maquilas, todo será diferente y, por supuesto, que la violencia aumentará”.

El defensor comunitario encabeza la lucha de su comunidad Puente Madera contra la imposición de un Polo de Desarrollo.

Ha denunciado públicamente que hubo irregularidades para la compra de tierras, como la falsificación del padrón de comuneros, además de acoso, intimidación y violencia.

“Todo fue impuesto y el principal ejecutor ha sido el actual administrador, Antonino Morales, quien durante su periodo como presidente municipal encabezó estas acciones para beneficiar a Salomón Jara y por supuesto al presidente Andrés Manuel López Obrador”.

Sandra Patargo, de la organización Front Línea Defenders, dijo que durante los recorridos hubo presencia intimidatoria y la toma de fotografías por parte de las Fuerzas Armadas.

“Es algo que documentamos en distintas comunidades durante nuestra Misión”, agregó.

Además, señaló qué hay presencia de personas armadas en las zonas.

Y también ha habido asesinatos, como el del comunicador Heber López Vásquez en enero del 2022, quien publicó un reportaje que señalaba a un político por corrupción.

“El asesinato de Jesús Manuel García el 27 de octubre de 2022 en Santa Cruz Tagolaba: Comunero defensor de la TYT.

En este incidente fue herido el defensor Erick Sánchez.

Además de al menos otro asesinato y varias tentativas de asesinato documentadas”, agregó.

Comuneras y comuneros de la comunidad Agraria de Santa Cruz Tagolaba denunciaron a los hermanos Sergio y Anastasio Jiménez (Tacho Canastas) de despojarles sus tierras.

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“Me quedé sin nada, estos señores llegaron a mi terreno, rociaron de gasolina y lo quemaron, se llevaron mi auto.

”Y ahora me quedé sin nada, no tengo nada, he denunciado, pero las autoridades no hacen nada, exijo justicia”, denunció la comunera Norma Angélica Miranda Reyna.

En Mixtequilla, Oaxaca, se construirá también un parque industrial.

Ahí, el gobierno federal compró tierras a 26 pesos el metro cuadrado.

En ese mismo lugar, las amenazas, acoso y criminalización van en aumento, la gente se organizó colectivamente y creó la Resistencia Civil Pacífica y Comuneros Mixtequillenses.

“Nosotros luchamos porque exista el respeto por nuestras tierras, son sagradas y heredadas por nuestros ancestros.

”Ahora el gobierno llegó, nos pagó una bicoca por ellas y de la nada, nos lo expropia. El pago solo se lo quieren quedar los comuneros, cuando las tierras es de todas y todos”.

Entre las autoridades responsables de las violaciones a derechos humanos señaladas durante la misión destacan:

  • La Guardia Nacional.
  • La Marina.
  • Sedena.
  • Policía Estatal.
  • Secretaría de Comunicaciones y Transporte.
  • Autoridades municipales.
  • Procuraduría Agraria.

Fueron señalados también diversas empresas, grupos armados y caciques locales.

Más allá del megaproyecto del CIIT, en general, Oaxaca ocupó el primer lugar en número de eventos de agresión entre 2019 y 2022.

Ello de acuerdo con el informe del Centro Mexicano de Derecho Ambiental, A. C. (CEMDA), entre octubre del 2021 y julio del 2023.

De un recuento del 2012 al 2018, Oaxaca se ubica como la entidad con mayores registros de ataques o eventos de agresión documentados.

Xavier Martínez, de CEMDA, recalcó que los resultados del informe se entregarán al gobierno federal y también a organismos internaciones como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

A fin de visibilizar, alertar y detener los ataques que viven las comunidades y quienes las defienden, pues recalcó que proyectos como el del CIIT que prometen desarrollo, en esta ocasión no lo son.

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