La organización denuncia falta de avances sustanciales, exige identificar a los autores materiales e intelectuales y pide investigar la participación de agentes del Estado en el asesinato de las hermanas triquis.
MULT exige justicia a 19 meses del feminicidio de Adriana y Virginia Ortiz
La organización denuncia falta de avances sustanciales, exige identificar a los autores materiales e intelectuales y pide investigar la participación de agentes del Estado en el asesinato de las hermanas triquis.
Integrantes del Movimiento Unificador de Lucha Triqui se manifestaron frente al Palacio de Gobierno de Oaxaca para exigir justicia a 19 meses del asesinato de Adriana y Virginia Ortiz García, ocurrido la madrugada del 5 de noviembre de 2024 en la colonia Francisco I. Madero de la capital oaxaqueña.
Durante la protesta, la organización demandó agilizar las investigaciones y presentar ante la justicia a los verdaderos responsables de los feminicidios.
El MULT acusó a las autoridades de recurrir a chivos expiatorios para disminuir la presión social, sin informar avances concretos que permitan conocer quién ordenó y quién ejecutó el crimen.
“Los meses se acumulan sin que existan respuestas claras; sin detenidos y sin que se informe sobre avances concretos para identificar y castigar tanto a los autores materiales como intelectuales de este crimen”, advirtió la organización, pese a que previamente había informado de tres personas detenidas.
El coordinador estatal del MULT, Octavio de Jesús Díaz, señaló en mayo que las investigaciones no habían registrado avances sustanciales, aun con las detenciones relacionadas con el expediente.
Quiénes eran Adriana y Virginia
Adriana y Virginia Ortiz García, de 45 y 35 años, respectivamente, eran originarias de El Rastrojo, comunidad perteneciente al municipio de San Juan Copala.
Ambas se dedicaban a la venta de artesanías en la Alameda de León, en el centro de la ciudad de Oaxaca.
Adriana fungía desde 2009 como asesora jurídica comunitaria del MULT. Las hermanas también encabezaban la búsqueda de sus primas Virginia y Daniela Ortiz Ramírez, desaparecidas desde julio de 2008 en la región triqui.
La madrugada del 5 de noviembre de 2024 fueron atacadas a balazos cuando descendían de un taxi al llegar a su domicilio. Según la reconstrucción difundida, los agresores eran dos sujetos armados que viajaban en una motocicleta.
Adriana y Virginia participaron activamente en la búsqueda de sus primas.
Desarrolló labores jurídicas dentro del Movimiento Unificador de Lucha Triqui.
Fueron atacadas al descender de un taxi frente a su domicilio en Oaxaca de Juárez.
El entonces gobernador Salomón Jara declaró que el crimen no tenía carácter político; el MULT rechazó esa postura.
El MULT denuncia que, después de 19 meses, no existe esclarecimiento integral.
Acusaciones cruzadas en la región triqui
Desde el primer día, el MULT señaló al dirigente del Movimiento de Unificación y Lucha Triqui Independiente, Macario García Merino, como presunto autor intelectual del crimen.
El MULTI rechazó los señalamientos y sostuvo que la investigación debía considerar posibles divisiones internas. Hasta ahora, ninguna resolución judicial pública ha establecido responsabilidad penal de las personas señaladas por las organizaciones.
Durante la protesta más reciente, el MULT exigió que Macario Merino no sea puesto en libertad y lo acusó de estar relacionado con múltiples hechos violentos en la microrregión triqui.
“Que pague con cárcel como autor material e intelectual de los asesinatos y desapariciones de nuestros pueblos y comunidades”, señaló la agrupación. Estas afirmaciones corresponden a la postura del MULT y deben ser determinadas por las autoridades judiciales.
Exige esclarecer los feminicidios e identificar responsabilidades materiales e intelectuales.
Rechazó las acusaciones y planteó que la investigación considere conflictos internos.
Debe acreditar responsabilidades con pruebas y esclarecer la posible intervención de servidores públicos.
La participación de un policía cambia la dimensión del caso
El expediente adquirió una dimensión más grave cuando se informó que en el crimen habría participado al menos un policía en activo de la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana de Oaxaca.
Ese dato llevó al MULT a solicitar que la Fiscalía General de la República atrajera las investigaciones y que los hechos fueran analizados como posibles ejecuciones extrajudiciales por la presunta intervención de agentes del Estado.
La participación de un servidor público no demuestra por sí sola que el crimen haya sido ordenado institucionalmente. Sin embargo, obliga a investigar si el agente actuó por cuenta propia, si utilizó información o recursos oficiales y si existió una cadena superior de protección, tolerancia o encubrimiento.
Hecho documentado
Adriana y Virginia fueron asesinadas el 5 de noviembre de 2024 en Oaxaca de Juárez.
Investigación pendiente
Determinar el móvil y la identidad de todos los autores materiales e intelectuales.
Señalamiento no resuelto
Las acusaciones entre organizaciones y la dimensión de la participación de un agente estatal.
Análisis: un crimen atravesado por territorio, género y poder
El asesinato de Adriana y Virginia no puede separarse del prolongado conflicto político y territorial de la región triqui, ni de su trabajo comunitario y de búsqueda de personas desaparecidas.
La posible participación de un policía en activo obliga a ampliar la investigación. El caso deja de ser únicamente un ataque cometido por particulares y abre preguntas sobre uso de recursos públicos, redes de protección y responsabilidad institucional.
Las tres detenciones reportadas representan un avance procesal, pero no equivalen al esclarecimiento. La justicia exige conocer el móvil, comprobar la participación individual de cada implicado y determinar si existieron autores intelectuales.
El abogado del diablo
El MULT sostiene una acusación directa contra dirigentes rivales, pero esa versión no puede sustituir la investigación ministerial ni una sentencia. El conflicto entre organizaciones vuelve indispensable que las autoridades actúen con independencia y eviten validar acusaciones por presión política.
Del otro lado, la Fiscalía tampoco puede utilizar las detenciones para presentar un caso resuelto si todavía no ha explicado el móvil, la posible participación de funcionarios y la identidad de quienes habrían ordenado el ataque.
La salida no es elegir una narrativa política, sino construir una verdad judicial verificable que no criminalice a inocentes ni proteja a responsables.
