● Organizaciones sociales alertan que, pese al avance de la Sentencia C-055 de 2022,
el acceso a la IVE en el departamento sigue marcado por desigualdades, estigma y falta de garantías efectivas
Bogotá, mayo 2026. La Asociación Sororidad Sureña y La Mesa por la Vida y la Salud de
las Mujeres presentan el Diagnóstico sobre Derechos Sexuales y Reproductivos y Acceso a
la Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE) en Putumayo, un estudio que evidencia las
profundas brechas entre el reconocimiento legal del aborto en Colombia y su acceso real
en el departamento.
El informe muestra que, aunque el país ha avanzado significativamente en el
reconocimiento del derecho a la IVE tras la Sentencia Causa Justa (C-055 de 2022), en
Putumayo persisten condiciones estructurales, sociales e institucionales que impiden su
garantía efectiva. A partir de entrevistas, grupos focales, derechos de petición y revisión
de información oficial, el diagnóstico recogió cifras como experiencias que dan cuenta de
un acceso fragmentado, desigual y muchas veces vulnerado.
El contexto territorial resultó determinante. Según el diagnóstico, en zonas rurales del
departamento, el 70,5 % de los hogares vive en pobreza multidimensional y el 64 % no
cuenta con acceso a agua potable, lo cual refleja desigualdades en el acceso a servicios
básicos y de salud. A esto se suma el impacto del conflicto armado y la presencia de
economías ilegales, factores que han incrementado los riesgos de violencia sexual, trata
de personas y embarazos no deseados, especialmente en mujeres jóvenes, indígenas y
rurales.
En ese escenario, los datos son contundentes: en 2025, el 77,5 % de los casos de violencia
basada en género afectaron a mujeres, y la violencia sexual representó el 21,1 % del total.
Estas cifras evidenciaron una demanda urgente de servicios de salud sexual y
reproductiva oportunos y de calidad a la que el sistema de salud no está respondiendo
de manera efectiva.
“El diagnóstico es una herramienta de incidencia que nos permite ver con mayor claridad
cómo ha avanzado la implementación de la Sentencia C-055 de 2022, pero también
identificar las barreras que persisten. A partir de esto, buscamos aportar a una ruta de
incidencia que contribuya a su cumplimiento y seguimiento en el territorio”, afirmó Viviana
Oviedo, presidenta de la Asociación Sororidad Sureña.
Los hallazgos evidencian que las barreras al acceso a la IVE operan de manera simultánea
y se refuerzan entre sí. Estas incluyen limitaciones en infraestructura y acceso geográfico;
desconocimiento del marco legal y ausencia de protocolos actualizados; fallas en la
prestación del servicio como negaciones, demoras injustificadas y exigencias indebidas;
así como barreras informativas y culturales atravesadas por el estigma y el miedo al
juicio social. Además, persisten presiones familiares y comunitarias que condicionan la
toma de decisiones de las mujeres, hombres trans y personas no binarias.
“Este diagnóstico es un estudio pionero en el departamento sobre la garantía del derecho
al aborto. Sus recomendaciones buscan aportar a las entidades nacionales y territoriales
para avanzar en la eliminación de barreras de acceso marcadas por la desigualdad, el
conflicto armado y los cuellos de botella institucionales”, señaló Laura Castro, directora
de La Mesa por la Vida y la Salud de las Mujeres.
Las consecuencias de estas barreras ya se
reflejan en la salud pública. El informe evidencia un aumento del 46 % en las
complicaciones asociadas al aborto dentro de los casos de morbilidad materna extrema,
lo que da cuenta de fallas en el acceso a servicios seguros y oportunos. A esto se suma
que, aunque las tasas de fecundidad han disminuido, municipios como Puerto Asís y Villa
garzón continúan registrando cifras superiores al promedio nacional en adolescentes y
mujeres jóvenes, evidenciando brechas persistentes en educación sexual y acceso a
servicios.
El diagnóstico planteó recomendaciones concretas para revertir este panorama, entre
ellas la asignación de recursos específicos, la creación de rutas integrales de atención
con enfoque diferencial, el fortalecimiento de la articulación intersectorial y la
implementación de campañas comunitarias orientadas a reducir el estigma.
Asimismo, destaca el papel clave de las organizaciones sociales y feministas en el
acompañamiento a mujeres, hombres trans y personas no binarias, así como en la
exigibilidad de sus derechos. Además de la evidencia con datos, el estudio hizo un
llamado urgente a reconocer las desigualdades territoriales que persisten en el acceso al
aborto legal en Colombia y a avanzar en acciones concretas que garanticen este derecho
en todos los territorios, sin excepción.
