Rafael de la Garza Talavera
Si en Veracruz y Michoacán la disidencia magisterial demostró que sólo con acarreos en camiones y helicópteros más la policía -uniformada o no- golpeando a diestra y siniestra, el gobierno federal logró a medias desarrollar la evaluación del Desempeño Magisterial, en Oaxaca la reforma educativa se juega su futuro.
Es por ello que el gobierno federal ha puesto en marcha un operativo más acorde con la misión de combatir el narcotráfico que para llevar a cabo un proceso que, según ellos, beneficiará a la niñez mexicana. Diez mil gendarmes y policías federales y estatales tienen así la encomienda de contener la protesta más que garantizar la imposición de la envenenada reforma educativa.
Es tal la preocupación que tanto Gabino Cué como Aurelio Nuño se reunieron días antes para afinar los detalles y coordinar la represión. Con el discurso del respeto a la ley, ambos personajes se pusieron en manos del comisionado general de la Policía Federal, Enrique Galindo: a la ley rogando y con el tolete dando. En las declaraciones del titular de la SEP, se dejó entrever el verdadero objetivo de la reforma educativa la cual, según él, incorpora ‘componentes laborales’ pero sobre todo procura cambiar “… una estructura de poder clientelar, corporativo y opaco”. No quedó claro si se refirió al Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), paradigma del clientelismo y la corrupción, pilar histórico del charrismo sindical, o al Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana (STPRM) encabezado por el charro de moda, Carlos Romero Deschamps.
En el colmo del cinismo, Nuño se proclamó como el defensor de los maestros disidentes -que lo son porque los obligan y no porque sean ciudadanos con derechos y opiniones propias, amén de las muchas veces terribles condiciones en las que tienen que trabajar- cuando afirmó que “… los maestros ya no tendrán que marchar más con la Coordinadora Nacional de los Trabajadores de la Educación (CNTE). Digo, más claro ni el agua: la reforma está diseñada para acabar con un actor político opositor al régimen. Lo demás es lo de menos.
Por si hiciera falta apoyo, otro actor siempre atento al beneficio de la niñez mexicana -sobre todo de la que asiste a las escuelas públicas- la Confederación Patronal de la República Mexicana (COPARMEX), en la persona de su representante en Oaxaca, Benjamín Hernández Gutiérrez, reforzó la cantinela de aplicar la ley ya que no se pretende, según él, reprobar a los maestros; lo que se busca es detectar áreas de oportunidad para mejorar la calidad de la enseñanza… (y, agrego sin temor a equivocarme, culminar la privatización de la educación, oscuro objeto histórico del deseo empresarial mexicano).
La evidente contradicción entre la necesidad de desaparecer a un actor político disidente de las políticas educativas de un gobierno neoliberal y la necesidad de mejorar la calidad de la enseñanza no es otra cosa que una estrategia de comunicación encaminada a darle gusto, tanto a los que responsabilizan a los maestros, disidentes o no, de la situación en la que se encuentra la educación pública del nivel básico, como a las buenas conciencias que sólo piensan en lo mejor para los niños y niñas que asisten a las primarías públicas. Todo ello promovido intensamente desde hace años por los medios de comunicación y en consonancia con los dictados de la OCDE y el Banco Mundial.
Habrá que señalar que tanto las buenas conciencias como los promotores del odio y la discriminación abrevan del mismo río: la ignorancia. Y no tanto porque no sepan lo que en realidad hay detrás del conflicto educativo sino porque no quieren saber. Y es que si se atrevieran a saber, se vería obligados a reconocer que la educación es un campo de disputa en el seno de una sociedad determinada y que todos sus integrantes tenemos que participar en la definición de sus fines y procesos. La educación no puede ser un campo restringido a las decisiones de un funcionario, un policía o un empresario prominente.
Y esto último es algo que los maestros disidentes, no sólo de la CNTE, comprenden a cabalidad. Resistir la imposición de una reforma laboral diseñada por unos cuantos, que son además los principales promotores del clientelismo y la corrupción prevalecientes en nuestro país, resulta una acción indispensable para abrir el debate de la educación a todos los sectores involucrados. Los maestros en Oaxaca lo han comprendido desde hace tiempo. Y por ello buena parte del éxito o fracaso de la reforma educativa se jugará en la tierra de Juárez.
