Pedro MATÍAS
OAXACA, Oax. (#página3.mx).- A la judicialización de la elección a la Gubernatura, las campañas negras, la intromisión de los ex gobernadores Diódoro Carrasco, José Murat Casab y Ulises Ruiz Ortiz, así como del mandatario Gabino Cué, las traiciones y la violencia electoral, se suman las candidaturas de personajes caciquiles, porriles y hasta presuntamente vinculados al crimen organizado.
A unos días de la elección, en la tierra de Benito Juárez se impone la Ley de Herodes “o te chingas o te jodes”.
Así, a los candidatos no les importa utilizar discursos mesiánicos como que traerán la modernidad y la justicia social al pueblo cuando en realidad ven la Gubernatura, el Congreso local y las presidencias municipales como botín.
Como en la película de Luis Estrada, el proceso electoral de Oaxaca está soportado por acusaciones de corrupción, las instituciones al servicio de unos cuantos privilegiados y personajes como Juan Vargas (alias Varguitas) a los que les dan una pistola y la Constitución para gobernar con la Ley de Herodes.
Hay personajes de “horca y cuchillo” como candidatos del PRI: Fredy Gil Pineda Gopar; Rodolfo León Aragón, Sofía Castro Ríos, Martín Rosado Chávez, Gustavo Díaz Sánchez, Teófilo Manuel García Corpus y Heriberto Ramírez Martínez.
Así como los perredistas: Carol Antonio Altamirano, Alejandro López Jarquín, Hugo Jarquín, José Julio Antonio Aquino, Gloria Sánchez y Eva Diego Cruz, ex diputada federal, hija de la actual diputada federal Eva Cruz Molina; sin contar los caciques políticos que colocaron a sus “Juanitos o Juanitas” como Amador Jara Cruz, Roberto López Rosado, Raymundo Carmona Laredo y Pedro Silva Salazar.
Además, se encuentra la candidata panista Eufrosina Cruz, quien desde el 2010 ha sido diputada local y federal por la vía plurinominal, es decir, ha ocupado curules sin haber “sudado” para ganar un solo voto en las urnas con el argumento de que es “una mujer indígena a la que le negaron participar en una elección municipal”, pero que ha servido para legitimar gobiernos como el de Felipe Calderón.
También se encuentra el ex priista Cipriano Flores Cruz, actual candidato del Partido Unidad Popular. Flores Cruz fue presidente del Instituto Estatal Electoral y posteriormente colaborador de Ulises Ruiz Ortiz. Se le acusó de desvíos de recursos y operar en las elecciones de 2010 a favor del PRI.
De igual forma, el Ulisista José Escobar va como candidato del Partido Verde Ecologista de México (PVEM); Octavio Torres Castillo por el PT y Guadalupe García Almanza del Movimiento Ciudadano, por ser cuñada de José Soto compadre de José Murat.
“LOS VARGUITAS» DE LA LEY DE HERODES
El diputado local del PRI Fredy Gil Pineda Gopar es actual candidato a la presidencia municipal de San Pedro Mixtepec. Antes, ya fue edil de Santos Reyes Nopala en dos administraciones.
Este porro de la Universidad Autónoma “Benito Juárez” de Oaxaca (UABJO) no solo ha sido encarcelado por asesinatos, lesiones, represión y sublevación contra autoridades estatales, sino que ha protagonizado zafarranchos en el interior del Congreso local para “abortar” iniciativas, comparecencias o informes.
Además, en la región chatina es temido por contar con grupos “paramilitares” e imponer autoridades en diferentes municipios para mantener el control político.
En diciembre de 2014, un grupo de porros, encabezados por 12 diputados del PRI, tomó por espacio de 16 horas el Congreso local para exigir recursos públicos para supuestos proyectos agropecuarios, situación que retrasó la sesión para la aprobación de la Ley de Ingresos y Egresos del 2015.
El grupo porril, que ingresó al recinto legislativo con la anuencia del diputado priista Fredy Gil Pineda Gopar, colocó cadenas con candados en todos los accesos y en varias ocasiones agredió a la prensa con piedras, botellas y naranjas.
Pineda Gopar también fue acusado de meter a su escolta armada al Congreso, de golpear a periodistas y al diputado del Panal Jefte Méndez Hernández,.
En julio de 2015, una nube de gas lacrimógeno mezclada con el polvo de los extintores dispersó a los legisladores que tomaron por asalto la tribuna del Congreso local para evitar la aprobación de las leyes secundarias de la reforma electoral.
Ocultos en el recinto legislativo, porros del diputado Pineda Gopar, accionaron granadas de gas lacrimógeno y los cilindros de los extintores para “reventar” la sesión. Y fieles a su origen, decidieron tomar por asalto la tribuna, azuzados por su líder cameral, Alejandro Avilés Álvarez. En un arranque, Fredy Gil intentó derribar la mesa del presídium y arrancar los micrófonos.
Antes, en febrero de 2013, el priista Fredy Gil Pineda Gopar creó una supuesta “policía comunitaria” en Santos Reyes Nopala en protesta por las acciones que realizó la Base de Operaciones Mixtas (BOM), donde fueron detenidos dos guardias municipales que portaban armas de uso exclusivo del Ejército.
Una vez que llevó a cabo un pase de lista a la supuesta “policía comunitaria”, conformada por unos 200 encapuchados, el edil instaló un retén en el camino que comunica a Santos Reyes Nopala con San Gabriel Mixtepec, con el fin de impedir la entrada a la zona de las fuerzas federales.
Apenas el 24 de abril de 2016, habitantes de San Pedro Mixtepec denunciaron que el diputado y actual candidato Fredy Gil Pineda Gopar desalojó violentamente al grupo que bloqueaba la carretera federal 131 para evitar que el candidato del PRI a la gubernatura, Alejandro Ismael Murat Hinojosa se percatara de la problemática que existe en ese municipio de la región de la Costa.
Cabe recordar que en 1995, Fredy Gil fue encarcelado un año y 8 meses por el asesinato de un policía y en mayo de 1997 nuevamente fue detenido por delitos contra la salud.
La Comisión de la Verdad también vincula a Fredy Gil con las “caravanas de la muerte” que utilizó el entonces gobernador Ulises Ruiz Ortiz contra los integrantes del movimiento socio-político de 2006.
Y el Frente Popular Revolucionario (FPR) acusó a Fredy Gil de ser el responsable de la desaparición y asesinato de su militante Lauro Juárez, cometida en diciembre de 2007.
En noviembre de 2014 golpeó al diputado de Nueva Alianza, Jefte Méndez, quien lo hace responsable de cualquier atentado.
En este sistema de corrupción e impunidad, se encuentra Rodolfo León Aragón candidato a la presidencia municipal del Puerto de Salina Cruz, a quien se le vincula en el expediente penal número 232/2012-A que se ventila en el Juzgado Penal Quinto del estado de Jalisco por la muerte del Cardenal Juan Jesús Posadas Ocampo, ocurrida el 24 de mayo de 1993.
Según el portal Reporte Índigo a León Aragón se le cita en al menos 17 ocasiones dentro de la averiguación previa penal AP/SE/001/95, la que instruyó la Procuraduría General de la República (PGR) tras la declaración de Benjamín Arellano Félix, el 14 de abril de 2011.
Sobre “El Chino”, como también se le menciona en el legajo al que fuera el director de la Policía Judicial Federal hace 23 años, pesa el señalamiento de haber sido el facilitador del complot para la muerte del Cardenal Posadas, la que a la fecha no se ha podido esclarecer.
Pese a ese historial, el PRI lo premia como candidato a la presidencia municipal de Salina Cruz.
El pasado 8 de mayo el candidato de Morena a la presidencia municipal en Salina Cruz, Mariano Vicente Martínez, acusó al candidato del PRI, Rodolfo León Aragón, de haber iniciado una campaña en su contra e incluso, sospechó que es el actor intelectual de un intento de “levantón” porque “desde hace 15 días nos hostigan y persiguen en los eventos donde realizamos los actos, es una muestra de la desesperación del PRI y de su candidato”.
Refirió que un integrante de su equipo le hizo una llamada para alertarlo de un intento de levantón y optó por retirarse de la colonia en donde hacía labores de proselitismo, debido a que 4 sujetos armados en una camioneta y dos más en otro auto además de halcones lo siguieron con intenciones de levantarlo, sin embargo, logró huir.
Mientras que en su casa de campaña fueron violados los candados y se llevaron documentos de carácter electoral, algunas computadoras y equipo electrónico de sonido.
Mientras que en la región de la Cuenca del Papaloapan, la presidenta municipal de Cosolapa, Carmina Álvarez García, acusó al priista conocido como “El Gato” de contratar gente de Veracruz para tomar el palacio municipal en diciembre de 2013 con la intención de encubrir actos de corrupción durante su administración como edil.
En julio de 2015 fue denunciado penalmente el actual diputado local
, por amenazas de muerte al director de la Policía Municipal de esa población, Juan Martín Rocha, todo porque este detuvo a uno de sus trabajadores.
Y en noviembre de 2015, en el portal de noticas El Piñero de la Cuenca, se informó que el diputado Gustavo Díaz Sánchez fue amenazado de muerte a través de un mensaje:
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“Las ocho lacras que dejamos en Cosolapa eran escorias que cobraban piso, secuestraban y asesinaban a gente trabajadora por órdenes de “El Lalo” y “El Gato”, quien presume de político y es asesino de periodistas protegido por el Gobierno federal y estatal. Sigue mandando más para regresártelos como se merecen; asesinaste a Armando Saldaña y a Octavio Rojas y nadie ha hecho justicia. `Lalo´, pensaste que poniendo el dedo a nuestro comandante `Picoreta´ te ibas a quedar con la plaza, pensaste que mandando a tus ocho matones me iban a sorprender, pero no y tus días están contados. A ti Fernando Maza, quien le sigues pagando piso y te sigues reportando con “El Gato” utilizando el dinero de los cañeros del ingenio `La Providencia´, donde te has hecho rico con el sudor y la sangre de los líderes que has mandado a matar con la gente de `El Lalo´ pronto se te va a cobrar la factura, ya encendiste tu infierno con la gasolina que has robado de los ductos de Pemex y así como traicionaste al `Pequitas´, tu gente te va a poner con nosotros y te vas a quemar en el fuego de tu propio infierno, y a ti Gustavo Díaz Sánchez `El Gato´, tu última vida se está acabando, pronto te vas a ahogar con tu sangre”. “Atentamente comandante Chichis”. “La plaza es mía”. “Por el honor del comandante `Picoreta´ ”.
A su vez, la ex diputada federal, Sofía Castro Ríos fue denunciada por un presunto fraude con una planta productora de mezcal a la que elevó sus costos a casi al triple y puso a nombre de su hermano José Castro Ríos.
La actual candidata a diputada por el distrito de Tlacolula, Sofía Castro, formó la unión de sociedades de producción rural de responsabilidad limitada, denominada Magueyeros Chontales y Zapotecos de Yautepec, el 19 de enero de 2004 y protocolizado ante el notario público número 35, Jorge Winckler Yessin.
En el gobierno de Ulises Ruiz se firmó un convenio a través de la Secretaría de Desarrollo Rural, y la unión de productores para operación de la planta por un monto de 100 millones de pesos, contratación que se realizó bajo la modalidad de adjudicación directa, cuando el monto a financiar era únicamente de 37 millones pesos.
Antes, en 2010, en el Congreso de la Unión, las entonces diputadas federales Sofía Castro y Margarita Liborio, zarandearon al panista Guillermo Zavaleta(+) al que tundieron con un lenguaje vulgar por apoyar a la alianza PAN-PRD y la candidatura de Gabino Cué.
Y el cacique de San Miguel Soyaltepec, Heriberto Ramírez es candidato a diputado del PRI por el distrito electoral de Acatlán de Pérez Figueroa.
En los 20 años ha sido tres veces presidente municipal en forma alternada y ha impuesto a otros tres para tener el control de San Miguel Soyaltepec.
La región de la Cuenca del Papaloapan es controlada por: el líder estatal del PRI, Alejandro Avilés -acusado de vender candidaturas hasta en dos millones de pesos-; el diputado federal Antonio Amaro Cancino, ambos de Acatlán de Pérez Figueroa, Beto Ramírez (de Soyaltepec) y Gustavo Díaz (de Cosolapa).
En los Valles Centrales, el ex titular de Sagarpa, Manuel García Corpus, va por su enésima legislatura y ha sido acusado de desviar recursos federales y de defraudar con cajas de ahorro a campesinos. Esto sin contar que participó en el conflicto socio político de 2006 cuando fue secretario general de gobierno con Ulises Ruiz Ortiz.
Y Martín Rosado, candidato del PRI a la presidencia de Xoxocotlán, fue acusado por Morena, PT y PRD de mandar a golpear con porros a sus opositores porque temen perder “la plaza” y no poder comprobar los más de 120 millones que presuntamente ha desviado el edil Héctor Santiago Aragón.
En el PRD no cantan mal las rancheras con el candidato a diputado por Oaxaca sur, Hugo Jarquín, quien fue grabado en estado de ebriedad discutiendo con autoridades y policías federales que custodian la sede del Consejo Distrital 08 en Oaxaca.
El video difundido en la plataforma de YouTube se observa al entonces legislador federal con su credencial de diputado en mano, alega que le prohíben la entrada, “¡siendo diputado federal!”, y presume además que “cuento con fuero”.
Hugo Jarquín aunque es secretario del PRD en Oaxaca, ha servido a los intereses del PRI, ya que en el 2006 participó con los grupos de choque para atacar al plantón magisterial y a cambio le permitieron invadir con su organización Ocho Regiones los espacios públicos del Parque del Amor.
Además, en el 2013 se postuló como candidato a presidente municipal de Oaxaca de Juárez por el Partido Unidad Popular y permitir que el PRI recuperara esta capital.
Mientras que el dirigente estatal del PRD, Carol Antonio Altamirano, va como candidato del PAN a la diputación de Salina Cruz. El ex priista fue relacionado con un desvío millonario en la legislatura LXI.
A su vez, el actual candidato a la presidencia municipal de Xoxocotlán, Alejandro López Jarquín, fue acusado de enriquecimiento ilícito durante su cargo como diputado local en la LXI legislatura.
En la cuenta donde era depositada la nómina del ex legislador -y que en este proceso electoral pretende obtener la Presidencia de Xoxocotlán-, se llegó a acumular hasta 14 millones de pesos de una manera injustificada.
De acuerdo con datos proporcionado por la organización COMUNA, la cuenta de López Jarquín en el periodo del 2011 al 2013, registró ingresos que eran retirados instantes después que eran depositados, depósitos superiores a los 100 mil pesos, en los primeros dos años hasta llegar a acumular hasta 14 millones 700 mil.
César Mateos, de Comuna, detalló que la cuenta fue aperturada con 12 mil pesos en el 2011, y que al concluir el año la cuenta registró un monto de 1 millón 800 mil, para el 2012, López Jarquín duplicó el dinero de la cuenta manteniendo 3 millones 400 mil pesos, sin embargo para el último año de gestión en la cuenta se ingresaron 10 millones 204 mil pesos, dando como resultado 14 millones 747 pesos aproximadamente.
En esa misma situación se encuentra José Julio Antonio Aquino, quien busca la diputación por la vía plurinominal a pesar de ser acusado de violar los derechos humanos.
En octubre de 2012, la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca (DDHPO) emitió la recomendación 09/2012 al edil José Julio Antonio Aquino al resolver que se violaron derechos humanos de un grupo de periodistas y otros ciudadanos por parte de elementos de la Policía Municipal de Santa Cruz Xoxocotlán durante un operativo policial el día 6 de marzo.
Aunque representantes de los medios de comunicación de El Imparcial, Noticias y La Jornada, “fueron agredidos por elementos de la Policía municipal de dicha localidad”, el entonces edil se negó a aceptar la recomendación e ignoró las denuncias.
A su vez, Gloria Sánchez López candidata a presidenta municipal de Juchitán se vio involucrada en el enfrentamiento que se registró el pasado 14 de mayo que dejó un muerto y cinco heridos.
Habitantes de la comunidad Álvaro Obregón que se oponen a las elecciones y a la instalación de parques eólicos acusaron a los caciques Héctor Sánchez López (hermano de la candidata Gloria Sánchez López) y el actual presidente municipal, Saúl Vicente Vásquez, del enfrentamiento.
Y la ex priista Eva Diego Cruz, dejó la diputada federal e impuso a su madre Eva Cruz Molina, mientras que hoy ella disputa una curul en el Congreso local.
A estos casos hay que agregar “los Juanitos o Juanitas” que impusieron los caciques políticos Amador Jara Cruz, Roberto López Rosado, Raymundo Carmona Laredo y Pedro Silva Salazar.
VIOLENCIA ELECTORAL
A unos días de las elecciones se han registrado cinco muertos y 10 heridos, sin contar destrucción de propaganda electoral.
La presidenta del Comité Ejecutivo Estatal del Movimiento Regeneración Nacional (Morena), Nancy Cecilia Ortiz Cabrera, exigió al gobierno de Gabino Cué esclarecer tres asesinatos de sus militantes, la quema de sus oficinas en Huautla de Jiménez, el atentado contra el candidato de Salina Cruz y los hechos de violencia protagonizados por grupos de choque del PRI en Xoxocotlán.
De igual forma, exigieron a las autoridades electorales frenar la violencia que se está utilizando como una forma de atemorizar a la población e inhibir el voto como está ocurriendo en el municipio de Xoxocotlán donde grupos de choque del presidente municipal de Xoxocotlán, Héctor Santiago Aragón y la Síndica Procuradora Diana Luz Vásquez Ruiz, así como el candidato Martín Rosado.
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En lo que va de este proceso electoral han sido asesinados los dirigentes de Morena, Juan Mejía Plaza (Pinotepa de Don Luis), Marcos Hernández Bautista (Santiago Jamiltepec) y Enrique Quiroz (Huaxpaltepec), hechos de los cuales la dirigencia estatal exige al gobierno investigue y castigue a los responsables.
A estos hechos se suman el saqueo e incendio en las oficinas de Morena en Huautla de Jiménez (18 de marzo del 2016) y luego el pasado 8 de mayo intentaron “levantar” al candidato de Morena a la presidencia municipal en Salina Cruz, Mariano Vicente Martínez.
Vicente Martínez acusó al candidato del PRI, Rodolfo León Aragón, de haber iniciado una campaña en su contra e incluso, sospechó que es el actor intelectual de un intento de “levantón” porque “desde hace 15 días nos hostigan y persiguen en los eventos donde realizamos los actos, es una muestra de la desesperación del PRI y de su candidato”.
Y los casos mas recientes ocurrieron el pasado 23 de mayo en Santa Cruz Xoxocotlán cuando un grupo de choque del PRI agredió a brigadistas de Morena con un saldo de cinco heridos, además, la madrugada de este miércoles, personajes ligados al PRI, al presidente municipal y al candidato destruyeron la propaganda electoral de los candidatos a gobernador, diputados y presidente municipal.
Antes, el 14 de mayo, habitantes Ejido Emiliano Zapata perteneciente a la agencia municipal Álvaro Obregón se enfrentaron con perredistas donde resultó muerto el policía municipal Virgilio Orozco Jiménez y cinco heridos entre ellos, el menor André Andrés Jiménez Urbieta de 17 años de edad.
Los inconformes denunciaron que la candidata del PAN-PRD que forman parte del cacicazgo político ejercido por la Coalición Obrero Campesina y Popular (COCEI), Gloria López y su equipo de campaña acudió a la agencia Álvaro Obregón para realizar un evento del Día de las Madres, pese a que la comunidad decidió no votar por las traiciones de estos políticos que han permitido la instalación de parques eólicos sin la consulta a los pueblos.
Ante el Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca (IEEPCO) denunciaron que “grupos armados y autoridades municipales impiden la entrada de candidatos y candidatas, o la condicionan a cambio de apoyos o por no ser afín al partido político predominante.
En la sesión en que se aprobaron esas medidas para el proceso electoral, el representante del Partido Nueva Alianza (Panal), Jesús Cervantes Ramírez, reveló que debido a la inseguridad, en Asunción Ixtaltepec, en la comunidad Lázaro Cárdenas, se impide el ingreso de candidatos.
“Hay un grupo de personas armadas que impiden el acceso a todos los candidatos”, acusó.
Mientras que el representante del Partido Renovación Social (PRS), Alfonso Esparza Hernández, denunció que han sufrido cuatro atentados en San José Tenango, donde ya fueron atacados a balazos. Las denuncias ya fueron interpuestas en contra de quienes resulten responsables.
“San José Tenango va ser un municipio donde habrá sangre. No hay seguridad pública municipal, estatal o federal resguardando las elecciones. En el pasado proceso electoral federal hubo quema de boletas por ello el IEEPCO tiene que garantizar el proceso electoral”, urgió.
Y en Cosolopa fueron bajados de sus unidades, por un grupo armado afín al PRI, así como en San Juan Coatzospam hay brotes de violencia y no dejan entrar a los candidatos nada más que al PRI. En Huautla de Jiménez se repite el mismo escenario y casos de violencia.
El representante del PRS denunció también que el pasado fin de semana la casa de campaña del PRS en Huatulco fue atacada a balazos.
El representante del PUP, Jesús Nolasco, refirió que las reuniones con la Secretaría General de Gobierno, no tienen avances, ni certidumbres, porque en San Felipe Usila, la candidata del PUP, Yolanda Zepeda Zárate, fue agredida y retenida por caciques políticos afines al PRI con protección de la misma autoridad.
SE JUDICIALIZA ELECCIÓN
Ante una inminente “elección de Estado”, el PRI denunció ante la Fiscalía Especializada para Delitos Electorales (Fepade) de la PGR al gobernador Gabino Cué Monteagudo y el candidato a la Gubernatura de la Coalición del PAN-PRD con Rumbo y Estabilidad por Oaxaca (CREO), José Antonio Estefan Garfias, por presuntos delitos electorales.
Detalló que estos delitos se hicieron del conocimiento de la opinión pública el pasado 20 de mayo a través del portal de Youtube, en donde se publica un video que exhibe audios que evidencian al gobernador Gabino Cué de pretender realizar una elección de Estado, interviniendo con todos los recursos a su alcance para interferir en las elecciones a favor de su candidato el ex priista Estefan Garfias y acérrimo enemigo de José Murat Casab.
En dicho audio se escucha al Gobernador Cué con Christian Cervantes, operador político del candidato, en una conversación sobre cómo cruzar la información del padrón electoral con la de los padrones de los diversos programas sociales que tiene el Gobierno del Estado.
“Es claro y evidente el uso ilícito y electoral que el gobernador de Oaxaca y otros servidores públicos esta haciendo de la información personal de miles de oaxaqueños y oaxaqueñas, obtenidos de bases de datos o padrones elaborados por las distintas secretarias y dependencias del Gobierno de Oaxaca que implementan programas sociales, con el fin de apoyar la candidatura de Estefan Garfias, agregó.
Por su parte, el Gobierno de Oaxaca calificó de “infundada y tendenciosa la denuncia que legisladores federales y estatales priistas dieron a conocer a través de una conferencia de prensa en el Senado de la República la tarde de este martes”.
Luego de resaltar que “no utiliza Padrón Único de Beneficiarios para apoyar a partidos políticos ni candidatos”, cuestionó que se utilice el fuero legislativo, las instalaciones e infraestructura del Senado de la República, para llevar a cabo una denuncia pública a partir de pruebas falsas y dolosamente articuladas en un audio video filtrado en redes sociales el pasado fin de semana.
En respuesta a la denuncia que presentó el PRI ante la Fepade, la coalición CREO pidió a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) determine los criterios para elegir candidatos a gobernador de los estados del país.
“Con ello, se sentaría un precedente importante en la jurisprudencia a nivel nacional y, en este sentido, el máximo tribunal en México tiene que resolver en consecuencia y no debe abstraerse, pues implicaría un riesgo en materia legal y jurídica”, resaltó el vocero de CREO, Jaime Bolaños Cacho Guzmán.
En clara alusión a Murat Hinojosa que incumplió los requisitos de ser nativo y de residencia, la coalición recurrió a la SCJN para definir este dilema que fue aprobado por los órganos electorales.
“Si la SCJN se pronuncia en el sentido que no se requiere haber nacido en una determinada entidad y que tampoco es necesario que tenga una residencia de 5 años en la misma, entonces implicaría que en cualquier estado todo ciudadano por derecho de sangre podría ser candidato a gobernarlo”, señaló.
Bolaños Cacho Guzmán recordó que la SCJN resolvió que la reforma al artículo 68 por parte del Congreso local era totalmente inconstitucional, y que en lo sucesivo debería aplicarse lo que establece el artículo 116 de la Constitución federal, el cual define que quien aspire a ser gobernador del estado debe haber nacido en Oaxaca.
