Pedro MATÍAS
OAXACA, Oax. (pagina3.mx).- La Comisión Nacional del Agua (Conagua) rechazó las medidas cautelares que emitió la Defensoría de Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca como protección a los habitantes de 16 comunidades indígenas para que “no sufran ninguna coacción o presión para la renovación de la concesión de aguas del subsuelo”.
El director de Asuntos Jurídicos de la Conagua del Organismo Cuenca Pacífico Sur (OCPS), Juan Ernesto García Corona, ignoró la queja DDHPO/1594/(16)/2016 a petición de Juan Justino Martínez González y la Coordinadora de Pueblos Unidos por el Cuidado y la Defensa del Agua (Copuda) al denunciar probables violaciones a derechos humanos en las comunidades de Ocotlán de Morelos y Zimatlán de Álvarez.
Los inconformes acusaron a las delegaciones de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) y de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) de violentar el proceso de consulta indígena en las comunidades de los distritos de Ocotlán y Zimatlán en torno al decreto de veda de 1967.
En las comunidades de los distritos de Ocotlán a Zimatlán se lleva a cabo un proceso de consulta ordenado por el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, para revisar y modificar el decreto de veda de 1967 en el que se prohíbe a los pobladores hacer uso del agua para sus actividades agrícolas, entre otras.
Este decreto, de acuerdo con la demanda interpuesta por la Copuda, viola los derechos humanos de las comunidades afectadas porque impide a las comunidades agrícolas tener acceso libre al agua para uso agrícola, con el fin de evitar que se continúen extrayendo aguas subterráneas en forma desordenada, prevenir la sobreexplotación del acuífero, procurar la conservación del acuífero en condiciones de uso racional y controlar las extracciones de agua existentes y futuras.
Consideran que en los últimos 16 años con la aplicación del decreto de veda se ha visto disminuida drásticamente la agricultura de alimentos y se ha debilitado la vida en las comunidades.
Y es que desde el enfoque de los derechos de los pueblos indígenas, con la forma de aplicar del decreto de veda se ha violado el derecho humano al agua, el derecho al trabajo, el derecho a la consulta y consentimiento previo, libre e informado, entre otros.
Sin embargo, en 2013 el tribunal Superior de Justicia Fiscal y Administrativa emitió una resolución a favor de la Coordinadora de Pueblos Unidos por el Cuidado y la Defensa del Agua (Copuda) que mandata a la Conagua realizar una consulta para la posible modificación del decreto de veda a través de cinco fases: Acuerdos previos, Informativa, Deliberativa, Consultiva y de ejecución y seguimiento de acuerdos.
Actualmente se encuentra en la fase deliberativa, donde las 16 comunidades integrantes de la COPUDA analizan y discuten la información presentada en la fase anterior, la informativa.
- Y en mayo de este año 2016 salió un nuevo decreto por el que se establecen facilidades administrativas para el otorgamiento de nuevas concesiones o asignaciones de aguas nacionales a los usuarios que cuenten con títulos de concesión cuya vigencia hubiera expirado a partir del 1 de enero de 2004, razón por la Conagua ha empezado con el procedimiento de renovación de concesiones en la región donde se está llevando a cabo la consulta por la modificación del decreto de veda de 1967, lo que significa que está violentando el derecho a la consulta.
Ante estas acciones, interpusieron una queja ante la Defensoría y ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa para dejar antecedente del actuar de la Conagua.
La Conagua aclaró que el voltante adherido a los recibos para el pago del servicio de luz expedidos por la CFE no son en sí mismos actos de molestia que violenten derechos humanos y el nuevo decreto no se encuentra dirigido a los distritos de Ocotlán y Zimatlán, sino a todos los usuarios del recurso hídrico a nivel nacional, no busca ni la coacción ni intimidación porque es una invitación voluntaria, entre otras.
