Rafael de la Garza Talavera
Al igual que con la derrota del PRI en las pasadas elecciones para gobernador en Veracruz, la solicitud de licencia de Javier Duarte no parece entusiasmar a nadie, sobre todo porque se da en un contexto de violencia exacerbada por la disputa de los cárteles para ensanchar sus territorios y rutas de influencia así como las protestas de trabajadores del estado por falta de pago de salarios y prestaciones. Y ese contexto -al que habría que agregarle la corrupción y la impunidad sistemáticas- es consecuencia directa del vacío de poder por la permanencia de un gobierno desahuciado que ahora, sin dirección, si es que alguna vez la tuvo, profundizará la crisis política por la que estamos atravesando.
Las causas de la salida del gobernador tienen que ver con factores internos y externos. Entre los primeros destaca la serie de escándalos que permitieron calibrar el grado de corrupción del gobierno duartista, dejando al descubierto la manera en la que se operaba para desviar recursos públicos a los bolsillos de Duarte y su grupo. Las consecuencias del saqueo provocaron en los últimos días manifestaciones a lo ancho y largo del estado de Veracruz -destacando el caso de Xalapa en donde empleados públicos de diversas dependencias se vieron forzados a bloquear avenidas para hacer visible su protesta por la falta de pagos de salarios y prestaciones. Pero además, el incremento de levantones y asesinatos así como de la localización de fosas clandestinas aumentaron la presión que desembocó en solicitud de licencia del gobernador.
A lo anterior hay que sumar la negativa del gobierno federal de asumir el costo político que significó el encubrimiento de las corruptelas del gobierno duartista, al grado de que la oficina de la Presidencia manipuló fotografías oficiales para evitar que apareciera el infame gobernador en actos oficiales junto al presidente. La derrota electoral del PRI en Veracruz fue la gota que derramó el vaso, desencadenando una serie de acciones de la Auditoría Superior de la Federación, la Procuraduría General de la República e incluso el propio PRI y la cámara de diputados aunque con cautela, en espera del banderazo oficial desde Los Pinos. De cara a los procesos electorales de 2017 y 2018, el gobierno federal se ha montado, con el oportunismo que lo caracteriza, en el creciente desprestigio de Javier Duarte para lavarse la cara y recuperar en la medida de lo posible la imagen positiva un presidente devaluado e inoperante, dentro y fuera del país. ¿Habría pasado lo mismo si Duarte y el PRI ganan las elecciones pasadas en Veracruz?
En todo caso, la salida de Duarte del gobierno veracruzano no garantiza que se logre hacerle pagar por los crímenes que cometió. Y no me refiero sólo a las corruptelas y desfalcos en contra del erario público sino sobre todo los crímenes de lesa humanidad -en particular de desaparición forzada- que caracterizaron a su gobierno. La impunidad es y ha sido la marca registrada del gobierno de Peña, por lo que resulta difícil imaginar un proceso legal apegado a la ley. Parece mas probable el montaje de un circo mediático (encarcelar a figuras menores, etc.) sin consecuencias penales para un gobernante que se dedicó con empeño a saquear el estado no sólo en beneficio propio sino del presidente y su partido. No es casual que Duarte niegue rotundamente que los desvíos se hayan utilizado para financiar campañas políticas, empezando con la de Peña así como de candidatos a gobiernos estatales abanderados por el PRI o sus aliados. Fue gracias a eso que se ganó el afecto y trato especial del presidente y los halagos que le prodigó por años por su importante pero ilegal labor política.
Pero además, la salida de Duarte tampoco garantiza el fin del quebranto financiero del estado ni mucho menos la dinámica corrupta del gobierno estatal. La corrupción no es un defecto del sistema y las personas que lo dirigen. Es en realidad un componente estructural del sistema político mexicano que le proporciona estabilidad y márgenes de acción para refrendar lealtades y mantener la continuidad en la dinámica gubernamental y el modelo económico. De la mano viene la impunidad, que funciona como contraparte de la corrupción para hacerla posible. La corrupción sin impunidad no es políticamente rentable . Y luego está el tráfico de influencias, que mueve incluso mayores cantidades de dinero que los desfalcos y desvíos, lubricando la relación entre gobierno y empresas y aumentando el poder económico de los gobiernos para mantenerse en el poder con campañas sucias, compra de votos y una larga lista de mapacherías tan caras a nuestra clase política.
Peor aún, la violencia social que vivimos, alentada por la impunidad prohijada desde el poder difícilmente disminuirá ya que forma parte de un sistema económico dirigido a lograr mayores riquezas por medio del despojo y el saqueo de recursos naturales y humanos. El terror resulta una pieza clave para controlar el descontento y la protesta social provocada por el empobrecimiento generalizado y la pérdida de derechos y libertades. Por todo lo anterior y con profundo pesar no queda más remedio que aceptar que Duarte se va… pero la corrupción y la impunidad se quedan en Veracruz.
