ANTONIO MUNDACA / elmuromx.org @amundaca
Tuxtepec, Oaxaca, (página3.mx).- La apertura en el sector de la venta y distribución de gasolina, que se aprobó en la reforma energética, pone frente a los empresarios mexicanos el reto de reinventarse o morir a manos de las empresas trasnacionales que entren al país.
Las empresas gasolineras están a punto de desaparecer de la manera histórica en que las conocemos. Los monopolios empresariales que han acaparado la industria en Veracruz y Oaxaca y sus zonas fronterizas se enfrentan a la competencia con descuentos, estrategias de lealtad y promesas de litros completos, y se asoman nuevos inversionistas que en todo el sureste han generado tensiones, por el deseo de empresarios del ramo de la vieja guardia de conservar sus privilegios.
Los descendientes
Las repercusiones a nivel local amagan con ser profundas, al ser la Cuenca del Papaloapan la región donde tiene su origen uno de los zares de la gasolina en el Sureste; Gilberto Bravo Torra, un empresario cercano al exgobernador veracruzano Fidel Herrera Beltrán, y dueño de Grupo Gilga S.A de C.V, que solo en Tuxtepec tiene 3 estaciones de servicio -empresas “pioneras” pero que según su página oficial, opera 27 gasolineras en Veracruz, Puebla y Oaxaca, además de prestar servicios de transporte de combustible y ser la cabeza más visible de un emporio gasolinero familiar, con ramificaciones en Rodrigo Bravo Guzmán, dirigente de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) desde 2013, con la empresa Costa Verde, y Sóstenes Bravo Rodríguez, dueño de medios de comunicación concesionados, y patriarca del Grupo Inmobiliario del Papaloapan (GIPSA) con el Grupo Gasolinero Manacar operando en los llanos del Sotavento.
La nueva comercialización de los energéticos derivados del petróleo, se han concentrado en Tuxtepec, prácticamente en una sola familia, y otro resto de empresarios hasta ahora menores, que con todas sus ramificaciones empresariales abre la puerta no solo a una lucha intestina por el control del mercado, también acentúa a nuevas inversiones externas o locales, que podría desarticular un monopolio cifrado en el apellido Bravo, que por décadas ha controlado los negocios energéticos en los distintos puntos de la ciudad tuxtepecana, y que ha tenido un crecimiento exponencial en menos de 10 años a través de sus consorcios, que también están integrados en otras latitudes en la región del Poniente y Sureste de México, según datos de la Guía Interactiva de Estaciones de Servicio y Gaseras.
De acuerdo con datos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHyCP) publicados a mediados del año 2016, será en 2017 cuando comenzarán a verse en las estaciones de servicios locales del interior del país, gasolineras con una marca distinta de la de Petróleos Mexicanos (Pemex), además de la apuesta de nuevos inversionistas en la marca que busquen la competitividad para controlar la carga y el tipo de combustible, tarjetas de derechohabientes y pago con tarjetas de crédito y débito, y el mejoramiento de las normas y estándares de calidad, que por varios años ha sido cuestionado en la región a empresarios descendientes del ex gobernador oaxaqueño Víctor Bravo Ahuja.
Se espera que con la reforma energética del 2018 se comercialice gasolina importada que no sólo distribuirá la paraestatal mexicana, sino otros empresarios en el mercado.
Entrarán a la industria mexicana marcas como Exxon, de origen estadounidense con sede en Texas; la anglo-holandesa Royal Dutch Shell, que también competirá en el mercado del gas natural y el refinado de hidrocarburos; y la marca californiana Chrevon. Empresarios oaxaqueños y veracruzanos tendrá que invertir para la modernización en la red de sus estaciones de servicios, y que en la actualidad, de acuerdo con datos de la revista Forbes, está compuesta por 10, 800 unidades distribuidas en todo el país.
El mopolio Gilga-Costa Verde-Manacar
En la ciudad de Tuxtepec, en la actualidad operan 10 estaciones de servicio de gasolina con diferentes razones sociales y diversos productos derivados de los hidrocarburos. El 70% es controlada por corporativos ligados a la familia Bravo, que viviendo en la ciudad de Veracruz, más concretamente en la zona dorada de Boca del Río, han hecho de la segunda ciudad comercial más grande de Oaxaca una fuente inagotable de recursos, principalmente en el área de los energéticos.
Estás 10 estaciones de servicio de gasolina abastecen a un municipio con conurbaciones entre agencias y colonias de 200 mil habitantes, dando un promedio de atención de 20 mil habitantes por gasolinera, no abarcando la exigencia mínima que establece Pemex; solo en la ciudad de Oaxaca operan 34 de ellas, atendiendo en su área metropolitana a 500 mil personas con un promedio de 14 mil 505 personas, según consta en el Directorio de Estaciones de Servicio de la paraestatal (http://www.ri.pemex.com/files/dcpe/concesion_030930.pdf).
A diferencia de Tuxtepec o Oaxaca, en la Ciudad de México las reglas de operación para la instalación de gasolineras ha sido letra muerta: en la capital del país hay 69 estaciones de servicio, por encima del límite permitido, y pese al excedente, ya hay otras 20 en trámite ante Petróleos Mexicanos, reveló en junio del año pasado el portal Animal Político.
Con este panorama se abre la puerta para que en un futuro próximo inversionistas ajenos al monopolio Gilga-Costa Verde-Manacar, inviertan en suelo tuxtepecano al tener una diferencia comparativa solo en Oaxaca de 6 mil habitantes por estación de servicio, hecho que avisa de conflictos sociales ante el reducto cuenqueño de empresarios, que por aproximadamente 24 años han operado la franquicia Pemex sin competencia, acaparando la clientela de la Magna y la Premium, pero también del diésel.
Es cierto que la principal responsabilidad sobre la operación de gasolineras recae sobre los gobiernos locales -ya sea el estado o los municipios- y los reglamentos vigentes sobre uso de suelo, protección civil y medio ambiente; Petróleos Mexicanos tampoco ha frenado la entrega de franquicias y menos a viejos socios.
Bravo Torra, El Zar
En diciembre de 2016 Gilberto Bravo Torra emprendió una serie de propaganda mediática contra el descrédito. “No soy socio ni prestanombres de Fidel Herrera”, salvo una relación de amistad con el ex gobernador veracruzano -afirmó el 16 de diciembre en la XEU de Veracruz y se replicó en distintos medios oficialistas- que no lo une nada.
El dueño de Gilga SA. de CV en Tuxtepec que tiene sus estaciones en Plan de Tuxtepec y la Carretera Federal 175, y otra en la carretera a Ojitlán Jalapa de Díaz dio estas declaraciones, después de que Alejandro Mondragón, director del periódico Status, de Tamaulipas, afirmó que el Gobernador Miguel Angel Yunes Linares busca que la Procuraduría General de la República (PGR) confisque el hotel Índigo, ubicado en Boca del Río.
El periodista ha publicado en su cuenta de Twitter este mensaje en tres partes: “Dos son los hoteles que busca confiscar el gobierno de Yunes: Índigo de Boca del Río y HiltonGarden de #Puebla”.
“Los Bravo Torra prestanombres”, al cual ha añadido este otro: “Van dos proyectos hoteleros en #Puebla con acusaciones de que fueron construidos con dinero de procedencia ilícita: Sonata e HiltonGarden”, y remata con este: “Yunes pedirá a PGR confisque el nuevo hotel Hilton Garden Inn de #Puebla, pues @GrupoGilga lavó dinero de Fidel Herrera para construirlo”.
Gilberto Bravo Torra, un empresario que, según un artículo publicado el 6 de enero de 2011 en el diario xalapeño Política y firmado por Tomás Ralero, cuando Javier Duarte de Ochoa apenas cumplía un mes y días como gobernador, “Al inicio del sexenio pasado, el nombre de Gilberto Bravo Torra no era conocido ni entre los empresarios, ni entre la clase pudiente del puerto y mucho menos en los círculos cercanos al poder político. Era conocido como un vendedor de seguros, ni siquiera medianamente exitoso”.
Hoy en día, Bravo Torra es el presidente de la asociación de gasolineros, construye hoteles de su propiedad y dicen, es quien proporcionará los camiones para el servicio de recolección de la basura en el puerto y en Boca del Río. Es pues un hombre rico, inmensamente rico, y cuya riqueza no sólo está a la vista, sino que también es cuestionada por la opinión pública y ya ha despertado inquietud en el ámbito hacendario.
Bravo Guzmán y la trampa de Octanfuel
Rodrigo Bravo Guzmán es sobrino de Gilberto Bravo Torra, de raíz política panista, ha intentado buscar la candidatura de la Presidencia Municipal de Tuxtepec por el Partido de la Revolución Democrática (PRD), por el Partido Revolucionario Institucional (PRI) y hasta por el Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), posee en Tuxtepec tres estaciones de servicio gasolinero: la gasolinera Costa Verde ubicada en el Bulevar Benito Juárez, y la Estación Servicio Valle Nacional SA de CV , además otra ubicada en Los Cobos, sobre la carretera federal 175.
En marzo de 2016 afirmó al periódico Noticias Voz e Imagen de la Cuenca que “gasolineros de la zona Sur Sureste se están agrupando en una nueva marca particular para realizar compras en volúmenes, y obtener un buen precio de descuentos”; sin embargo, la condición filtrada de esa agrupación, según los mismos gasolineros, es frenar el acceso de nuevos socios.
Está anunciada hace un año. Es denominada Octanfuel y es liderada por su familiar Gilberto Bravo Torra, quien funge como presidente de los gasolineros de Veracruz y también como presidente de la Unión de Crédito Gasolinero.
En el portal http://www.octanfuel.com.mx/ se anuncian: “Somos una alianza de empresas gasolineras del sureste del país, que buscan nuevas oportunidades para afrontar la Reforma Energética mediante la provisión de combustibles de primera calidad a un precio altamente competitivo”.
Los gigantes de la gasolina de los que enfatizó Bravo Guzmán, pretenden agrupar a 700 gasolineros de Veracruz, Oaxaca, Chiapas, Tabasco y Puebla. El objetivo real de dicha agrupación y varias del mismo tipo derivadas en el país, indicó, el 1 de enero en el semanario Proceso, Ramiro Tovar Landa, profesor del ITAM y especialista en temas de competencia económica es “agudizar las prácticas monopólicas de los grupos gasolineros que distribuirán por regiones, se va a subsidiar y transferirle recursos a ciertos grupos gasolineros”, los empresarios que tengan relaciones con los grupos de poder.
“Cierran la mía, cierran todas”
La familia Bravo con su consorcio Bravo Capital es la más reciente en incursionar en el negocio gasolinero, después de tener como carta fuerte en sus empresas a Mueblería Nueva, S.A. de C.V. que de acuerdo con http://fichas.findthecompany.com.mx/l/127039556/Muebleria-Nueva-S-A-de-C-V-en-Ciudad-de-Mexico-D-F es una empresa privada dentro de tiendas de muebles fundada en el 1966.
“Servicios Manacar” en menos de una década abrió dos estaciones de servicio en Tuxtepec, apadrinadas por el apellido Bravo. Desde su apertura han causado polémica por la ubicación céntrica de una de ellas, y la otra por estar enfrente del Hospital del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), además de la tensión pública de la empresa a negarse por varios años a mostrar el Estudio de Impacto Ambiental, y que, fuentes internas han señalado, apenas lo obtuvieron después de casi siete años de operar en la ilegalidad, protegidos por los gobiernos municipales y ser solapada en el trienio de Antonio Sacre Rangel de extracción priista.
La gasolinera matriz Manacar que se ubica en la calle Hidalgo a escasos metros del Parque Juárez o zócalo tuxtepecano, y es el fin de la arteria principal del comercio de la ciudad: la avenida Independencia, ya tuvo su primera experiencia amarga con un conato de incendio el 24 de agosto de 2011. La reacción del dueño Sóstenes Bravo ante los señalamientos y temor de los vecinos fue decir en el horario estelar del noticiero radiofónico de su propiedad: “Si me cierran mi gasolinera tienen que cerrar todas las del país porque todas son un peligro”.
La segunda gasolinera Manacar se encuentra a escasos metros del único acceso a la ciudad por puente en la carretera federal 175, a menos de un kilómetro del parque La Piragua, a 200 metros de la clínica particular Fentanez, y a 20 metros atravesando una carretera vehicular de dos carriles de la Unidad Médica Familiar número 64 del IMSS y el Hospital General Zona 3 de la misma dependencia de salud federal.
Ambas estarían violando -desde su inauguración- el artículo 8 del Reglamento de establecimiento de gasolineras expedido por la Comisión Federal de Competencia y publicado en el Diario Oficial de la Federación del 19 de agosto de 1994, donde señala que “las gasolineras deben ubicarse en predios a una distancia mínima de resguardo de 150 metros radiales de centros de concentración masiva, tales como escuelas, hospitales, mercados, estadios, auditorios y templos”.
