Karen ROJAS KAUFFMANN |elmuromx.org
TUXTEPEC, Oax.- ¿Cómo mantenerse de pie ante el golpe certero de la desidia, la indolencia o la apatía? ¿Cómo se reconstruye desde las cenizas la vida que de verdad nos pertenece? ¿Cómo defendemos el derecho ineludible a vivir una vida digna y con justicia para todos y todas, sin que en la exigencia nos maten?
En México, ser defensor o defensora de los derechos humanos es casi una sentencia de muerte. Un informe anual presentado a la opinión pública en agosto de 2016 por las organizaciones Acción Urgente para Defensores de Derechos Humanos, Campaña Nacional contra la Desaparición Forzada y el Comité Cerezo México, evidenció que los procesos represivos contra activistas de los derechos humanos aumentó un 400 por ciento, respecto a la administración de Felipe Calderón y su guerra contra el narco.
Según detalles del informe, de los 192 casos registrados en los últimos dos años del sexenio calderonista pasamos a la devastadora realidad de 639 denuncias de agresiones a activistas y defensores, tan solo en los primeros dos años y medio del gobierno de Enrique Peña Nieto.
A nivel estatal el panorama no es más halagador. Desde 2010, Oaxaca ostenta el primer lugar en agresiones y ataques contra defensores, periodistas y activistas, aunque esto parecía no importarle al ex gobernador del Estado Gabino Cué Monteagudo, como lo demostró el aumento en las amenazas de muerte, hostigamiento, difamación, criminalización, ataques físicos, allanamientos y asesinatos cometidos en contra de los defensores en los últimos años de su administración, y a pesar de que el 18 de febrero de 2011 emitiera el acuerdo por el que se creaba la Fiscalía de Investigaciones de Trascendencia Social (FIDTS) para “esclarecer la presunta responsabilidad penal de quienes cometieron o dieron las órdenes para ejecutar crímenes que constituyeron graves violaciones a los derechos humanos, hechos acontecidos recientemente o en tiempos relativamente pretéritos y que por las circunstancias en las que se cometieron causaron conmoción en la sociedad oaxaqueña”, según podía leerse en su boletín de prensa.
Sin embargo, nada cambió. Por el contrario, la violencia desatada y sostenida por la guerra contra el crimen organizado y el recrudecimiento de sus prácticas infames, hicieron que muchas familias, organizaciones o miembros de la sociedad civil se replegaran ante el inminente riesgo que ser defensor de las libertades fundamentales representa.
En la región de la Cuenca del Papaloapan, específicamente en la ciudad de Tuxtepec, sólo dos organismos de defensoría han operado. El Centro Regional de los Derechos Humanos Mahatma Gandhi, bajo la tutela de Graciela Sánchez Zavaleta, y un apéndice regional de la Defensoría de los Derechos Humanos de los Pueblos de Oaxaca (DDHPO). Este último cerró en 2015, luego de que el ombudsman oaxaqueño Arturo Piembert Calvo denunciara un aumento de la violencia y actos de hostigamiento y amenazas que el crimen organizado le hiciera al visitador Regional de la Defensoría Genaro Ramírez Cruz, en esta jurisdicción limítrofe con el estado de Veracruz.
En este clima convulso, sólo el Centro Regional de Derechos Humanos Mahatma Gandhi se mantiene firme.
Graciela Sánchez Zavaleta por 30 años ha defendido a las personas desprotegidas, y acompañado a personas en condiciones de pobreza, marginación, ignorantes e ignoradas. De gestos amorosos pero firmes, Graciela Zavaleta encontró en la defensoría un consuelo, un alivio a sus propios miedos.
“Yo empecé en esto porque fui una víctima también. Ahora no me gusta sentirme una víctima pero por aquellos días sufrí terriblemente en lo físico, en lo moral, en lo psicológico, y otra clase de abusos. Por eso entiendo el dolor de las personas que pasan por momentos en los que su dignidad es lastimada. A mí, la defensoría me sacó del letargo en el que estaba”, dice mientras que con las manos inquietas repasa algún recuerdo, algún dolor inconfesable.
Nuestros primeros desaparecidos
En Oaxaca durante 2016 hubo 197 ataques contra 95 activistas, según datos del Observatorio para la Protección de los Defensores de Derechos Humanos (FIDH) en asociación con la Organización Mundial contra la Tortura (OMCT) y el Consorcio Oaxaca. Pese a la saña de todos estos años, la labor de las y los defensores y organizaciones civiles sirve a que el respeto de los derechos humanos se considere uno de los requisitos fundamentales del estado democrático. De ahí que cuando se pretenda ignorar o silenciar a un defensor o defensora de los derechos humanos, el Estado en realidad inhiba el derecho de muchísimas personas de manifestar los abusos, las vejaciones y los asesinatos que el mismo sistema político envilecido y corrupto, ejerce.
Pese a todo, Graciela Sánchez Zavaleta se mantiene en vilo. Recuerda los primeros años de ejercicio como defensora de los derechos humanos y su voz, delgada y pausada se emociona en la charla. “Agarramos la oficina enfrente de donde tenían los judiciales su cuartel general. Donde torturaban, donde las situaciones de violencia eran de verdad, muy graves. En 1990 desperté. Me sentía con deseos de ayudar, fui muy atrevida. El primer caso que se me presentó fue la desaparición de un grupo de campesinos de Santa María Obispo. Luego los encontraron en unas fosas clandestinas, esos serían –aunque no lo sabíamos- nuestros primeros casos de desaparición forzada”.
1990 fueron los años más álgidos del sexenio de Carlos Salinas de Gortari. En pleno Salinato, por toda la Cuenca del Papaloapan, los nombres de la Unión General Obrera, Campesina y Popular (UGOCP) y de su fundador Margarito Montes Parra, eran ya una leyenda que se repetía a voces. Por esos días corrió la versión que señalaba al ex subprocurador de Justicia de Oaxaca Enrique Toro Ferrer como el presunto autor intelectual de la desaparición y asesinato de los campesinos de Santa María Obispo.
Cuatro años después, según datos de la Revista Proceso, Enrique Toro Ferrer -que durante la administración como gobernador de Oaxaca (1986-1992) del priista Heladio Ramírez López fue director del Registro Civil, delegado regional de Gobierno en Tuxtepec, subdirector de Vialidad y Transporte y subprocurador de Justicia en la entidad- fue investigado por sus nexos con los cárteles de Matamoros y de Barranquilla, y finalmente aprehendido el 15 de septiembre de 1994, junto con el colombiano Óscar Ovidio Macías Restrepo en posesión de un kilogramo de cocaína pura durante la gestión de Diódoro Carrasco Altamirano.
Transformar el dolor en acción
A la incapacidad del gobierno mexicano de proporcionar un entorno seguro y digno donde las personas puedan sentirse tranquilas en el ejercicio de su ciudadanía, se suma el aumento crítico de las violaciones a los derechos humanos. Según el Informe Anual de Amnistía Internacional 2016/17, México registra un alarmante incremento de obstáculos y restricciones a la justicia y las libertades individuales.
El documento señala que, según datos proporcionados por el gobierno mexicano, para finales de 2016 había 29 mil 917 personas desaparecidas (22 mil 414 hombres y 7 mil 503 mujeres) y 11 periodistas asesinados. En este contexto, y ante un país sumergido en una crisis inédita de violencia y faltas a las garantías más fundamentales, las ejecuciones, los enfrentamientos entre bandas organizadas, policías o militares y los linchamientos son los referentes más comunes del grado de erosión de las instituciones gubernamentales.
En Oaxaca, las ejecuciones y los linchamientos, sobre todo, han registrado un aumento desmedido. Según datos proporcionados por Raúl Rodríguez Guillén, profesor e investigador de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM), en los años de 1988 a 1999 se cometieron 11 linchamientos reconocidos de manera oficial en el estado, de los cuales, 10 culminaron con el asesinato de las víctimas.
En contraste con las cifras oficiales, Graciela Sánchez Zavaleta recuerda que en 1994, la Comisión Regional de Derechos Humanos Mahatma Gandhi, intervino por lo menos en 13 linchamientos de personas en comunidades como San Blas Atempa, San Mateo Yetla, San Juan Lalana, Pueblo Nuevo Papaloapan, Río Chiquito Jocotepec, y Arroyo Chiquito. Todos vinculados a los cacigazgos que controlaban la zona.
A raíz del intenso trabajo de la Comisión en la región, la defensora de los derechos humanos comenzó a sufrir una serie de amenazas que marcarían para siempre su vida, en un país secuestrado por los poderes fácticos y donde la corrupción, la inseguridad y la violencia son efectos de la impunidad, no sus causas.
Graciela Sánchez Zavaleta lo sabe. Ha vivido en carne propia las amenazas, la intimidación y persecución de aquellos a quienes ha tocado sus intereses, y a quienes políticamente no les conviene que se haga justicia.
Con una vocación de servicio inquebrantable, Chela, como la llaman sus amigos, las personas que la admiran por su carácter decidido, arrojado y valiente, confiesa que defender la vida, la dignidad, el medio ambiente, y el futuro de la gente en México resulta una labor de alto riesgo.
“Me han amenazado de múltiples maneras. Cuando empezamos el trabajo de defensoría, en la madrugada el teléfono no paraba de sonar. Me decían: ya sabemos dónde estás, te vamos a dar en la madre. Te vas a morir o nos llevamos por delante a uno de tus hijos.
El gobierno confiscó mi carro en la época de Diódoro Carrasco, con el argumento de que era un automóvil robado y que mis hijos lo utilizaban para asaltar en las carreteras.
Iniciaron en medios de comunicación diferentes campañas de desprestigio donde me exhibían, todavía guardo las notas de hace 27 años donde se decían cosas horribles de mí.
Luego, cuando uno de mis hijos fue Director del Reclusorio le sembraron droga, carros robados y le hicieron un operativo para que los presos declararan que él metía la droga en el penal de Cosolapa. La defensoría es un trabajo de resistencia. Esos años de persecución por proteger a otros fueron terribles”.
A pesar de todo, dice con un tono de voz tranquilo pero firme, “tengo esperanza. Tengo el deseo de que las cosas cambien. He vivido momentos espantosos. Padezco una enfermedad que se llama Fibromialgia a causa de dolor acumulado tras todos estos años de trabajar en medio de tanta violencia”.
Mientras Graciela Sánchez Zavaleta combate este dolor agudo que no descansa, este dolor persistente, las y los defensores de derechos humanos en Oaxaca y en todo el país seguirán sufriendo violaciones graves a sus propios derechos por defender los derechos de otras personas.
Señalar lo que nos lastima como ciudadanos y ciudadanas, como familias u organizaciones amagadas por la corrupción y la violencia, contribuye también a visibilizar la labor que todos los días emprenden en la búsqueda de un mundo donde caben otros mundos más dignos, un mundo donde caben mundos más justos, y posibles.
