Jaime GUERRERO

OAXACA, (página3.mx).- Con el Sistema Estatal de Combate a la Corrupción (SECC) se sancionará la desviación de recursos públicos, utilización indebida de información, actuación bajo conflicto de interés, contratación indebida, enriquecimiento oculto y tráfico de influencias de servidores públicos del Gobierno Estatal y Municipal, esbozó la presidenta de la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior del Congreso del Estado, Eva Diego Cruz.

Para ello se tendrá que adecuar 15 ordenamientos, entre ellos, la Ley de Justicia Administrativa para el Estado de Oaxaca; Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado; Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública; Ley de Fiscalización Superior del Estado de Oaxaca y seis de nueva creación.

Actualmente, la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado y Municipios de Oaxaca, aprobada desde 1996, y vigente, durante casi 21 años ha permitido impunidad para los servidores públicos deshonestos, que abusaron del poder y de los fondos públicos, lamentó la perredista.

Por lo pronto, en Comisiones, se analizará una nueva Ley compuesta por 228 artículos y 6 transitorios contenidos en 2 libros y 23 capítulos, para alinear al orden constitucional federal y local, y se homologue a la Ley General de Responsabilidades Administrativas expedida por el Congreso de la Unión.

Por lo pronto, este viernes se realizó el foro “Sistema Estatal Anticorrupción” en las instalaciones de la LXIII Legislatura del Estado.

Tras el encuentro, Diego Cruz indicó que la nueva Ley Responsabilidades de Servidores Públicos, (de aprobarse), establece que las sanciones e indemnizaciones impuestas tendrán carácter de créditos fiscales; por lo que serán notificadas a la Secretaría de Finanzas o a las Tesorerías Municipales para que procedan al cobro de las mismas, mediante la aplicación del procedimiento económico coactivo.

Diego Cruz destacó que primero es fundamental, abrogar toda la ley anterior, y será necesario que en relación con las reglas del Juicio Político, la Declaración de Procedencia Penal, así como la Indemnización por Reparación de Daños a Cargo de los Servidores Públicos, deberán generarse nuevas leyes específicas porque se trata de responsabilidades de tipo político y económico, previendo los ordenamientos del nuevo Sistema Nacional y Estatal de Combate a la Corrupción.

La propuesta se enmarca, afirmó, en la creación del Sistema Estatal de Combate a la Corrupción y guarda integralidad con el resto de propuestas que se han presentado en el Congreso del Estado, para no solo armonizar la legislación local con la federal, sino para realmente dar sustento a una nueva cultura de transparencia, legalidad y rendición de cuentas.

Diego Cruz destacó que contiene la parte sustantiva y adjetiva de los procedimientos de responsabilidades administrativas de los servidores públicos del estado y sus municipios.

Prevé faltas de servidores públicos y de particulares que afecten la función y la hacienda pública, y en su parte adjetiva los procedimientos de responsabilidades ajustados al debido proceso, respeto a los derechos humanos y al principio general del derecho sancionatorio de la presunción de inocencia.

En su texto, también se prevén faltas administrativas graves y no graves, con sanciones graduables acordes a ellas y que hace obligatorio el actuar de las autoridades en el combate a la corrupción, ya que de no hacerlo serán sancionados.

Diego Cruz llamó a generar los consensos en los trabajos en comisiones, que permitan dotar a Oaxaca de una legislación anticorrupción clara y efectiva, aplicable acorde a los parámetros nacionales y que sirva de sustento a una nueva cultura de la legalidad en la actuación de los servidores públicos.

“Todos los partidos políticos hemos presentado una iniciativa que crea el sistema estatal de combate a la corrupción, es un ordenamiento nuevo que tendrá que aprobarse en el Congreso local, tenemos claro que la tarea de estas cuatro comisiones es analizar, discutir y presentar los dictámenes de manera integral”.

Aseguró que no pretende hacer remiendos a la ley, “queremos un sistema que realmente le sirva a los oaxaqueños”, donde los entes encargados de conformar el Sistema Estatal Anticorrupción, la ASE, IEAIP, Contraloría, Fiscalía de Combate a la Corrupción, Tribunal de lo Contencioso Administrativo y el Consejo de la Judicatura, tengan los elementos para que en la práctica opere ese sistema.

El presidente de la Junta de Coordinación Política (JUCOPO), Irineo Molina Espinoza, destacó reformas para el formato de las comparecencias en su planeación y discusión; aprobación del presupuesto; en las designaciones de servidores públicos; en la fiscalización o administración de los recursos públicos, porque consideramos que debe implementarse una combinación eficaz de transparencia de participación ciudadana, inclusión y uso de tecnologías de información en el quehacer parlamentario.

Actualmente se encuentra en el análisis de las comisiones unidas de Administración de Justicia; Instructora y la de Vigilancia de la Auditoría Superior del Estado (ASE), presididas por las diputadas Hilda Graciela Pérez Luis; María de Jesús Melgar Vásquez y Eva Diego Cruz, respectivamente.

Melgar Vásquez, destacó que el combate a la corrupción es una tarea que atañe, tanto a legisladores como a funcionarios y a la ciudadanía en general.

El foro contó con la asistencia de los ponentes Guillermo Ávila Reséndiz y Francisco José de la Portilla Sordo, que abordaron los temas “Parlamento Abierto Contra la Corrupción”.

De la Portilla participó con el discurso “Sistema Nacional Anticorrupción, Análisis y Alcances de las Reformas”.

Las propuestas analizadas fueron, el diseño del Sistema Estatal Anticorrupción; reflexiones y propuestas de reformas a la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas; Ley de Justicia Administrativa; Código Penal; Ley Orgánica de la Fiscalía General de Oaxaca; Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y los Municipios del Estado de Oaxaca y Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública.

Asistieron también, el oficial mayor, Igmar Medina Matus, las y los diputados, Carol Antonio Altamirano, coordinador parlamentario del PRD; Silvia Flores Peña, Toribio López Sánchez del mismo partido; Juan Mendoza Reyes, coordinador del PAN; Laura Vignon Carreño, Manuel León Sánchez, Eva Méndez Luis, María Mercedes Rojas Saldaña del PRI, Nallely Hernández García del PVEM y León Leonardo Lucas del partido Morena, así como Juan Gómez Pérez, Comisionado del Instituto de Acceso a la Información Pública, Transparencia y Protección de Datos Personales.