Oaxaca, (pagina3.mx).- En Oaxaca persiste la tortura pese a que es un delito de lesa humanidad. Aunque únicamente hay 28 averiguaciones previas en las instancias federales y estatales, la cifra podría superar los 878 casos debido a que fueron reclasificados los delitos, afirmó la representante del Comité de Defensa Integral de Derechos Humanos Gobixha (CODIGO-DH), Laura Melchor.
Precisó que en Oaxaca del 2012 al 2013 lograron documentar 28 casos de tortura, de los cuales 13 se encuentran en la Procuraduría General de Justicia del Estado y 15 en la Procuraduría General de la República.
Son embargo, agregó, existen 850 casos donde los delitos fueron reclasificados, es decir, que las averiguaciones previas se integraron con delitos de abuso de autoridad, lesiones leves o lesiones graves para proteger a las autoridades que violaron los derechos humanos a través del método de la tortura.
Es por ello que cuestionaron al poder judicial de Oaxaca porque con sus malas prácticas fomenta más impunidad en el tema.
De acuerdo a los datos de la Procuraduría General de Justicia de Oaxaca en 2013 reportó cinco casos de tortura, en tanto la PGR delegación Oaxaca reportó, en ese mismo año, un total de 10 casos.
CODIGO-DH hizo un llamado urgente a las autoridades para armonizar las leyes tanto federales como estatales conforme a los más altos estándares internacionales en materia de tortura, y generar menos confusión en los impartidores de justicia.
También demandaron al Estado emprender medidas reales de prevención, investigación, sanción, capacitación, rehabilitación y reparación; para poder caminar hacia la erradicación de la tortura y otros tratos crueles, inhumanos o degradantes.
De igual forma, pidieron evitar que se siga encubriendo la tortura bajo la reclasificación de delitos de menor gravedad como abuso de autoridad y lesiones.
Su petición la soportan en el hecho de que la tortura se oculta bajo otros delitos por parte de la propia autoridad ministerial, como lo son los delitos de lesiones y abuso de autoridad, cuando muchos de ellos podrían ser casos probables de tratos crueles inhumanos y degradantes.
En este sentido, las cifras aumentarían considerablemente, ya que la Procuraduría General de Justicia de Oaxaca reportó que del 2012 a 2013 integraron 688 averiguaciones previas por abuso de autoridad, 142 de lesiones simples y 20 de lesiones graves.
Mientras que la Procuraduría General de la República (PGR) delegación Oaxaca integró de 2008 a 2013, 188 averiguaciones previas por abuso de autoridad y cinco por lesiones calificadas (graves y simples), según datos obtenidos por solicitudes de información al IFAI y el SIEAIP.
Otra causa, mencionaron, es que cuando algún caso se encuentra en el ámbito del Poder Judicial, los Jueces provocan la impunidad de la tortura, por la falta de aplicación de las normas de la materia, o por la confusa interpretación que hacen de los términos de la reforma al Artículo primero Constitucional.
Recientemente en casos que CODIGO DH ha conocido, se ha realizado en lugar de un control difuso de convencionalidad -a la que están obligados todos los Jueces dentro de sus competencias para “armonizar” la norma nacional con la convencional-, una confrontación de la norma interna con los tratados internacionales -confundiendo el sentido del control difuso de convencionalidad- y generando con ello una interpretación contraria a la norma constitucional, permitiendo y hasta fomentando la impunidad en delitos de lesa humanidad como la tortura.
Ante esta situación, externaron su “preocupación por el aumento en la terrible práctica de este delito, que sigue presente, como queda evidenciado en las propias estadísticas de la Procuraduría de Justicia del Estado de Oaxaca, pero sobre todo por la falta de investigación, por el encubrimiento de los órganos de procuración e impartición de justicia”.
Y es que “lejos de fomentar su erradicación a través de la investigación, la sanción y la reparación del daño, la falta de investigación y sanción permite la repetición de esta práctica inaceptable, y fomenta la impunidad”.
