ELISA RUIZ HERNÁNDEZ
OAXACA, Oax. (sucedióenoaxaca.com).- La falta de traductores e intérpretes de lenguas indígenas en los juzgados es un problema muy grave para América Latina. México no es la excepción y en Oaxaca las cárceles están llenas de presos sin condena por carecer de un intérprete, un traductor o un abogado defensor en su lengua.
Así lo sostiene el abogado y antropólogo colombiano Guillermo Padilla, consultor del Centro Profesional Indígena de Asesoría, Defensa y Traducción A.C. (Cepiadet), organización dedicada a la defensa y promoción de los derechos de las personas y las comunidades indígenas.
Radicado en México desde hace siete años, varios de estos viviendo en Oaxaca, el “abogólogo”, como se autodenomina, considera que nuestro país debe dar el ejemplo y abrir una carrera de Traductor Judicial para atender esa problemática.
“Cuando llega a la cárcel una persona que no habla español quien traduce es algún policía medio analfabeto u otro preso que pueda entender la lengua del procesado, pero la tarea de traducir judicialmente exige un carrera universitaria, demanda una capacitación muy especializada, no lo puede hacer cualquiera”, afirma.
Guillermo Padilla subraya que además de que la traducción es un servicio con una amplia demanda para la impartición de justicia, es una obligación del Estado proporcionar justicia en su propia lengua a los procesados indígenas.
“A raíz de las reformas de 2011 que cambiaron el primer artículo de la Constitución Federal, surge el concepto Bloque de Constitucionalidad para establecer que la Constitución mexicana debe estar al lado de los convenios internacionales suscritos por México en materia de derechos humanos entre los que figuran los derechos indígenas de una manera sobresaliente”, precisa.
En este contexto, los jueces adquieren una función completamente nueva y es necesario que se actualicen, tarea que compete brindársela al poder judicial, pero lo ideal, subraya, es crear una carrera de Traductor Judicial y el Estado mexicano tiene instituciones y recursos para hacerlo.
Agrega que la Suprema Corte de Justicia de la Nación elaboró un protocolo basado en las reformas constitucionales, pero muchos jueces lo desconocen. De ahí que resulta necesario capacitarlos, y esa es la labor que desempeñan de manera conjunta desde 2014 el Tribunal Superior de Justicia con Cepiadet.
Guillermo Padilla es conductor de estos talleres que se llevan a cabo en varias regiones del estado, dirigidas a jueces, secretarios de acuerdos y ministerios públicos, con los temas de diversidad lingüística y pluralismo jurídico.
El objetivo de los mismos, explica, consiste en que cada servidor público del sistema de impartición de justicia adopte la responsabilidad que le corresponde en el marco de la Constitución.
“Lo que se pretende es mejorar la justicia en el país; hay que facilitar el acceso a la justicia de todos y garantizar también la de las personas y comunidades indígenas; esa es una tarea que los jueces deben entender pero para eso deben actualizarse, de lo contrario en vez de bajar la población indígena en los penales seguirá aumentando”, concluyó.
