Hace dos años acudimos a una audiencia temática inédita en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIDH [marzo 14, 2013], para denunciar a los gobiernos de Enrique Peña Nieto y Miguel Ángel Mancera por exhibir mediáticamente a personas detenidas, investigadas o víctimas de delito ?instrumentalizando para ello a periodistas, y con la flagrante complicidad de las empresas noticiosas y la patética indolencia del público.
Proyectamos ahí un micro documental con testimonios de víctimas de los tribunales paralelos, para sostener que esta práctica bárbara produce daños irreparables a los derechos humanos relativos a la Justicia penal, el debido proceso y la personalidad; deteriora paradójicamente la credibilidad del sistema de justicia penal conforme se aleja de los fines de la Justicia; y alarma a la sociedad, aparte de empobrecer su cultura jurídica y de respeto a los derechos humanos. Todo lo anterior en detrimento de la ya de por sí anémica democracia.
Los comisionados de la CIDH, como podrá constatarse, expresaron su consternación y enfatizaron en la urgencia de cesar los tribunales mediáticos en México, al ser una práctica institucional que implica tortura y, en general, tratos inhumanos, crueles o degradantes, y conculca la dignidad de las personas y su presunción de inocencia ?revictimizando a las víctimas.
Más o menos, los representantes de los gobiernos impugnados ?el federal y el del Distrito Federal? hicieron compromisos generales cuyo cumplimiento no está plenamente claro hasta ahora, aunque cambios apreciables los hay.
Por varias razones, al menos dos cambios de primera importancia en el ámbito federal han sido omitidos por el grueso de los medios industriales y aun por sus opinadores más liberales: lo dispuesto en el Artículo 113 del Código Nacional de Procedimientos Penales y el ostensible cambio en como el gobierno federal informó sobre las detenciones más relevantes de la última semana.
Sobre lo primero hay casi nada en los medios industriales y acerca de lo segundo la mayoría de nuestros colegas que he escuchado o leído sostiene que la Administración de Peña Nieto ha reducido los tribunales paralelos en lo penal para ocultar el hecho de que la violencia criminal no disminuye.
Aunque nadie lo ha demostrado de manera fehaciente, no osaría negar que pudiera existir una estrategia de desinformación para invisibilizar mediáticamente dicha violencia y sus consecuencias a través del país. Pero esto no excluye que valoremos la importancia social de que Servando Gómez y Omar Treviño ?a quienes la Procuraduría General de la República atribuye el liderazgo sobre dos organizaciones criminales de gran calado? no fueran bestializados desde la comunicación política y la industria noticiosa.
Es cierto que el gobierno federal mantuvo la profusión de apodos y datos filtrados, parte de ellos de veracidad insostenible, contando con que los medios y los periodistas escasamente verificamos lo que nos dicen, sobre todo tratándose de fuentes oficiales. También los tours periodísticos a las supuestas « guaridas» de ambas personas.
Pero el manejo comunicacional acerca de las detenciones de Gómez y Treviño marca un hito: son mostrados como personas bajo custodia y sometidas, sí, pero no golpeadas, semidesnudas ?aunque fue filtrada una imagen del primero justo así? ni vejadas. Tampoco se enfatizó en la escenografía institucional ni se les permitió, por el contrario, dar una apariencia empoderada, de antihéroes.
Esto, al menos como base mínima, nos permite aprender que la Justicia es asunto público solemne, de primera importancia para todos y que exige el mayor respeto a los derechos humanos, al margen de nuestro estatus legal o de prejuicios moralizantes.
Claro, no seamos ingenuos: la exhibición mediática de ciudadan@s es redituable políticamente para los políticos que aspiran o están en el poder; económicamente para las empresas noticiosas, y profesionalmente para los periodistas. Es clave trabajar desde la sociedad civil y el mismo gremio para que este modesto cambio no solo no se esfume, sino para evitar que volvamos a las prácticas más tóxicas del ‘sistema mediático penal’.
De lo contrario, es cosa de esperar que, en una urgencia de popularidad o por distraer la atención pública, alguien con el poder suficiente lo tire todo… y quizás hasta que el próximo demonizado mediáticamente sea uno de nosotros, bajo cualquier argumento. ¿Por qué no?
@Edad_Mediatica
